Nuevos nacionalismos en una Mali fragmentada

El 18 de agosto de 2020, el presidente Ibrahim Boubakar Keita fue derrocado por un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas. El contingente de militares golpista detuvo además del expresidente de la República, al primer ministro Bubu Cissé, y a los jefes del Estado Mayor del Ejército, así como a la casi totalidad del Gobierno. Ibrahim Boubakar Keita se había convertido, desde su reelección en 2018, en el símbolo del fracaso de toda la clase política maliense. No solo acabaron con su figura los atentados terroristas, la violencia y los muertos, el secesionismo; también la permisividad ante la intervención en el país de numerosas fuerzas exteriores que han sido incapaces, hasta ahora, de traer paz y estabilidad.

Los alzados tomaron aquel mes de agosto de 2018 la televisión pública para anunciar el fin del régimen de Ibrahim Boubakar Keita y expresar su voluntad de abrir un proceso de transición política civil que pusiera fin al clientelismo político, la gestión familiar de los asuntos del Estado y la falta de oportunidades al desarrollo económico y social del país saheliano. Un reto complicado que, transcurridos más de dos años, sigue afrontando el actual Gobierno de transición que integran actores militares, políticos, religiosos¹ y sociales. También se hallan involucrados en el proceso de transición los secesionistas de la región de Azawad (norte de Mali), convencidos de que esta coyuntura de debilidad política estatal les favorece porque les permite negociar sus reivindicaciones territoriales en una relación de igualdad con respecto a los ejecutores del golpe de Estado. Los secesionistas se han proclamado soberanos en el territorio septentrional y de ellos depende que la paz no sea una entelequia.

La comunidad internacional observa con inquietud las dificultades del cumplimiento del acuerdo de paz y reconciliación que, en 2015, suscribieron las partes del conflicto: Estado e insurgentes. El acuerdo contempla la transferencia de enormes atribuciones a la región norte de Mali, lo que se traduciría en una amplísima autonomía que a buen seguro tampoco supondría el fin de más de medio siglo de hostilidades en Azawad. Lo cierto es que el conflicto no solo estriba únicamente en los enfrentamientos entre los grupos de corte independentista y el Estado, pues numerosas rivalidades se suceden en el interior de las comunidades y facciones tribales por el reparto territorial y económico de la región. Todo se resume en el deseo de acumulación de poder de cada uno de estos grupos.

La realidad es que, en la región secesionista, los niveles de seguridad ascienden o disminuyen según las respuestas de las élites político-militares de Azawad, cuya legitimidad es popular (forman parte de la población autóctona), armamentística (están en posesión de un gran arsenal) e internacional (cuenta con apoyos de actores internacionales como Francia). Estas élites han conseguido situarse como contrapeso al frente yihadista, una de las grandes amenazas para el conjunto de Mali y el conjunto del Sahel. Paradójicamente, los secesionistas participaron en una alianza con los yihadistas en la citada insurrección armada de 2012 contra las Fuerzas de la Seguridad y la Defensa de Mali en las cinco regiones reconocidas administrativa y políticamente: Kidal, Tombuctú, Menaka, Gao y Taoudeni. Antes del estallido de esta nueva conflagración, hubo intentos de llegar a acuerdos con Bamako para evitar el conflicto armado, pero las filas independentistas exigían lo que finalmente han logrado hoy oficiosamente: la autogestión de un territorio floreciente en recursos naturales y una zona de tránsito internacional para la economía criminal.

El primer comunicado que el movimiento secesionista publicó antes de lanzar los primeros ataques contra el Ejército maliense, en 2012, rezaba «Nous lançons un appel pressant à l’Etat du Mali pour répondre par le dialogue dans l’urgence aux revendications politiques déjà transmises par le MNA (ancienne appellation du mouvement). Nous lançons également un appel aux pays de la région et à la communauté internationale pour soutenir et appuyer cette nouvelle initiative historique au profit de la stabilité de la région»². La vía del diálogo fue rechazada por el régimen de Amadou Toumané Touré con una nueva generación de insurgentes que ya disponían de armamento procedente de Libia, con el coronel tuareg Mohamed Najim —un antiguo alto cargo militar de Muamar el Gadafi— a la cabeza. Najim movilizó a las fuerzas tuaregs armadas de la región de Fezzan (sur de Libia) hacia el norte de Mali para atacar las fuerzas de seguridad y de defensa malienses.

A su llegada al norte del país, a la localidad de Zakak, una zona montañosa en el extremo norte de Kidal, se celebró el primer Congreso del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA). Este representaba, en especial, los intereses de la comunidad tuareg de la facción ifoghas y, por ello, se produjeron escisiones que trajeron como consecuencia la formación de otros movimientos basados sobre la característica comunitaria y de facción ligada al espacio o asentamiento territorial del grupo comunitario. La histórica reivindicación unificada, política e identitaria, de Azawad resultó eclipsada por la amplia fragmentación de organizaciones político-militares ligadas a la ideología nacionalista y por la eclosión de los grupos extremistas con los que los secesionistas siguen compartiendo el territorio porque este igualmente le concede identidad a su existencia.

Lo cierto es que los grupos armados vinculados a la nebulosa yihadista son autóctonos malienses y entre ellos hay antiguos valedores de la causa de Azawad vinculados al liderazgo de Ibrahim Ag Bahanga, del Movimiento Tuareg del Norte de Mali (MTNM), durante la insurrección de los años noventa. Por ejemplo, Iyad Ag Gali, actualmente principal líder del campo yihadista, aunque su nombre se hizo conocido por su lucha independentista. La actual adhesión de Gali a la causa político-religiosa obedece a sus anhelos de poder dentro de la comunidad tuareg y a su ruptura radical con los independentistas de una nueva generación que deseaba tomar el relevo del liderazgo de una causa común, pero muy erosionada por el profundo comunitarismo³.

Así, el Congreso acogió a alrededor de 300 personas que representaban una alianza de diferentes generaciones tuaregs, en la que los líderes del MNLA gozaban de un fuerte apoyo popular fruto de la movilización que llevaron a cabo a través de las redes sociales (sus campañas en apoyo de la «causa de Azawad» permitió una adhesión abundante de jóvenes). Ante la previsión de la pérdida de hegemonía frente a jóvenes tuaregs de la facción ifoghas, Gali se desmarcó del movimiento para abrazar la doctrina salafista⁴. Esta le proporcionaba una mayor carga ideológica en su estrategia encaminada a aumentar efectivos en sus filas pese a no conocérsele hasta el momento ninguna vocación por el principio del «el islam en guerra contra Occidente».

Con todo, fue la bandera negra de la yihad la que impulsó el regreso de Francia a su antigua colonia, donde sigue gozando de una acusada influencia política y económica. La Operación Serval, lanzada por Francia en enero de 2013, frenó en seco el avance hacia el sur de los yihadistas. Acabó físicamente con muchos de ellos y atomizó los grupos, aunque la mayoría de estos combatientes pudo encontrar refugio en las zonas fronterizas de Argelia, Níger y Burkina Faso. Quienes se desvincularon del movimiento yihadista se reconstituyeron dentro de movimientos secesionistas sin alusión al extremismo religioso para quedar legitimados en una futura mesa negociadora auspiciada por las Naciones Unidas.

De esta manera surgieron del mapa político de Azawad dos grandes bloques: la coordinadora (antigubernamental) y la plataforma (progubernamental). Más tarde, los desertores de la coordinadora y la plataforma se constituyeron como la Coordinadora de los Movimientos de la Inclusividad (CMI). Los tres movimientos se han repartido Azawad en términos de poder político, social y económico y se mantienen al margen de la llamada «guerra contra el terrorismo» que se ha relegado a una causa internacional en donde interviene Francia con efectivos sobre el terreno.

Solo el movimiento Movimiento por la Salvación de Azawad (MSA) perteneciente a la plataforma (está compuesto por tuaregs, en su mayoría de la facción dawsahaq) y la organización de GATIA (compuesta por tuaregs, en su mayoría de la facción idnane e imighad) se alinearon para enfrentar a los insurgentes de la organización de Abdul Walid- al Saharaui quien lidera el grupo del Estado Islámico para el Gran Sahara (EIGS) situada entre la frontera este y oeste de Mali y Níger, respectivamente. Los combates entre MSA, GATIA y EIGS tampoco han sido ideológicos, sino territoriales. Los yihadistas del cabecilla al-Saharaui —a quien se han adherido saharauis opositores de la misma tribu que encabeza el Frente Polisario (Tinduf)—, además de elementos tuaregs y peuls, se habían situado en las zonas de influencia de los tuaregs dawasahaq e idnane.

Estos enfrentamientos entre la katiba yihadista y los azawíes tuaregs de las facciones idnane y dawsahaq terminaron cobrándose numerosas víctimas en las filas de estos últimos. Salvo la alianza coyuntural formada por Francia, GATIA y MSA, no ha habido ninguna otra implicación de los grupos armados secesionistas en el combate contra los yihadistas⁵, relegándose la guerra contra el terrorismo a un asunto comandado por París, que recuperaba su hegemonía colonial a través de la agenda securitaria⁶.

Lo cierto es que los vasos comunicantes, familiares, étnicos o territoriales que existen entre los movimientos secesionistas y los grupos yihadistas han dificultado cualquier estrategia de enfrentamiento entre ellos. Al fin y al cabo, los combatientes son, en su mayoría, originarios de Azawad y de sus fronteras más próximas con Argelia, Níger o Mauritania. El Sahel no es, de momento, el señuelo del combatiente internacional que busca un espacio propio para asentar una estructura paralela basada en principios religiosos extremistas como lo fueron Siria y el Estado Islámico. El objetivo es otro: control territorial desde una perspectiva económica⁷.

Y a ello se enfrenta la Junta Militar de la Transición, que nombró presidente del Gobierno a Ba N’Daw, exministro de Defensa, conocido por su oposición a las tesis separatistas. En sus manos se sitúa la gestión del norte de Mali y la posibilidad de que el Estado satisfaga los reclamos de los grupos armados que pidieron estar presente en cada una de las etapas del proceso de transición para sacar rédito político en el futuro en lo que respecta a Azawad.

Los grupos armados que encabezaron la insurgencia de 2012 exigen tener voz y voto en cada una de las mesas de negociaciones para continuar avanzando en el proceso de descentralización. Actualmente, el norte de Mali está separado de facto del sur y esta separación se haría oficial con la aplicación del Acuerdo de Paz de 2015, que contempla un modelo territorial en el que se divide administrativamente la zona mediante la creación de nuevas regiones, provincias y municipios.

El acuerdo contempla además el despliegue de las primeras unidades del ejército con identidad propia del norte. Sin embargo, una reestructuración de las Fuerzas de la Seguridad y la Defensa, según criterios étnicos, plantea un serio problema a la unidad nacional al sentar un precedente para otras regiones del país. La «comunitarización» de la seguridad supondría un mayor caos del actual porque se necesitarían alcanzar numerosos consensos entre los diferentes liderazgos.

El nuevo ejército al que aspiran los independentistas y que margina a las etnias negras del sur, obedece en exclusividad a los intereses de los actores preponderantes en la región norteña de Mali. No obstante, con o sin aplicación del acuerdo, las élites tuaregs y árabes político-militares de las principales regiones del norte de Mali (Touadeni, Tumbuctú, Gao, Kidal y Menaka) ya se han proclamado autosoberanas del territorio y actúan como tal con la mediación de la misión de Naciones Unidas en Mali (MINUSMA).

La presencia internacional frente al terrorismo ha permitido que el secesionismo se consolide en Azawad, en donde las Fuerzas Armadas malienses no intervienen desde 2012. Tal secesionismo ha contribuido a la creación de un nuevo nacionalismo, más feroz incluso que el de los años noventa, con anhelos de venganza contra las fuerzas estatales por cómo estas represaliaron a los tuaregs insurgentes aquellos años⁸. Las nuevas generaciones tuaregs que han vuelto al combate, a la guerra territorial y a la reivindicación de Azawad no sufrieron la represión, pero se produjo una transmisión progresiva de la memoria nacionalista.

La multiplicación de grupos armados en Mali tanto en el campo secesionista como yihadista rebela la complejidad de la violencia política en este país del Sahel con una extensión hacia los países limítrofes, Níger, Burkina Faso y Costa de Marfil⁹. Los diferentes movimientos armados se enmarcan en afiliaciones identitarias cuyos objetivos no están tanto relacionados con la defensa de la identidad sino con la utilización de la identidad para alcanzar objetivos de poder (Ibid.).

Así, por una parte, tenemos los grupos armados tuaregs, árabes o songhais de la región de Azawad (en el Norte de Mali), que representan los actores legítimos con los que se están negociando una salida negociada al problema territorial de Mali y, por otra parte, los actores armados no legítimos que igualmente destacan por su pertenencia identitaria, la katiba ya mencionada del mal llamado Estado Islámico liderada por Abdul Walid-al Saharaui un joven de carrera universitaria, de la preponderante tribu erguibat, dentro de la comunidad saharaui, o bien la katiba del Frente de Liberación de Macinas (FLM) liderada por Koufa, peul, y en donde se han alistado jóvenes de su misma etnia. De todos ellos depende que la paz sea una realidad empírica o teórica. La estabilidad de Mali y sus fronteras dependen, por tanto, de la estabilidad del norte¹⁰ en donde al nuevo nacionalismo azawí favorecido por la presencia de los yihadistas y la presencia de fuerzas internacionales, se le suma el nacionalismo peul en la región de Macina.

Los peuls han mejorado su organización en los últimos cinco años y participan de manera inédita en el campo de la violencia política. Esta adhesión al conflicto armado responde también a la crisis identitaria, a la ausencia del reconocimiento social de esta comunidad que se ha sentido discriminada por parte del Estado con respecto a otros grupos sociales. La reflexión es simple: si el levantamiento armado de las etnias del Norte de Mali ha permitido una reconfiguración estatuaria de la región, la integración de los insurgentes en los aparatos del Estado y el despliegue de planes de desarrollo, las poblaciones del centro del país de mayoría peul consideran igualmente que recurriendo a la violencia las autoridades estatales responderían a sus reivindicaciones. En este espacio ha aumentado la delincuencia común, los secuestros locales y ha resurgido el conflicto intercomunitario entre los peuls y los dogons relacionado con el control de las diferentes actividades económicas (ganadería y agricultura) en el que se inscriben y que convergen en el mismo contexto territorial¹¹.

Este conflicto entre etnias, que causó decenas de muertos y numerosos desplazados peul en Bamako dejando atrás sus ganados y tierras¹², ha cuestionado la fuerte presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad locales, regionales e internacionales que no intervinieron para proteger a la población civil. Más allá del conflicto intracomunitario, Macina es objeto de preocupación por cuántos peul han comenzado a recurrir a la violencia para reivindicar su existencia y el ascenso social¹³. La ecuación de dominados y dominantes que ha caracterizado a la sociedad saheliana y ha dividido en castas a los individuos separando los nobles o libres (rim’be) de los esclavos (riimaay’bé) explica el aumento de la violencia en la región de Macina. Las diferencias estatutarias vienen marcadas desde el siglo XIX cuando regía el Imperio Fulani de Macina pero ha continuado en el tiempo hasta que las nuevas generaciones peul se han sublevado contra las viejas prácticas y luchan por reposicionarse en el sistema social¹⁴.

«El peligro peul», como lo llaman en algunas cancillerías europeas en el Sahel, ha despertado los nuevos resquemores de los aparatos de seguridad, estigmatizando a esta comunidad a la que se le había considerado históricamente muy pacífica y ajena a los asuntos estatales. Por primera vez se identifica toda una estructura armada asentada sobre el principio etnonacionalista, el Frente de Liberación de Macina (FLM) que, bajo el liderazgo de Koufa, ha conseguido internacionalizar la región de Macina. Fue el nombre acuñado por los primeros peuls que llegaron a la zona central de Mali limitada territorialmente por las fronteras maliense, burkinabé y nigerina. En el triángulo de las tres fronteras se mueven los jóvenes peul alistados en las katibas armadas de Koufa, Abdul Walid al-Saharaui o también Jafar Diko, el nuevo líder de la reciente creación del grupo armado Ansur al Islam en Burkina Faso. Como consecuencia, un sector radicalizado de la comunidad peul encabeza en la actualidad la lista de los rivales de la administración central. La escalada de violencia ha descendido del Norte de Mali al centro del país (MACINAS) y sus fronteras más próximas (Burkina Faso, Níger). El aumento de la inseguridad trajo consigo una nueva estrategia regional financiada desde el exterior para hacer frente al terrorismo: se trata del G5 Sahel, un grupo formado por cinco países de la región saheliana (Mauritania, Chad, Mali, Níger y Burkina Faso) que se comprometieron en 2014 a desplegar efectivos autóctonos y con el tiempo sustituir la fuerza internacional Berkán.

Sin embargo, desde su lanzamiento hasta la actualidad, la operación G5 no ha sumado resultados de éxito para el contexto maliense y saheliano, en general. El balance es negativo: los ataques aumentaron de 124, en 2017, a 192, en 2018, en las regiones de Mopti, Tombuctú y Gao. Y, a lo largo del último año, se han producido más de 230 bajas entre las Fuerzas Armadas malienses y los cascos azules. Sin paz en el norte de Mali y ahora en el centro no habrá paz en el Sahel¹⁵. Se impone la negociación política.

La inestabilidad ha seguido marcando la vida de los malienses a pesar de la sobreproducción securitaria con los operadores Berkán (con más de 5000 soldados en suelo maliense; MINUSMA con 12 000 cascos azules; o G5 con alrededor de 3000 hombres). Esto explica las duras críticas de la población civil contra la operación francesa y sus aliados en la manera de gestionar la violencia.

El próximo Gobierno, surgido de las elecciones previstas para diciembre de 2022, tendrá que afrontar la deriva de la inseguridad; y, sobre todo, adoptar una definitiva postura en torno al proyecto de paz que plantea grandes interrogantes: ¿es posible que la implementación del acuerdo de paz tenga un efecto dominó en toda la región? ¿Qué significa en términos económicos la transferencia de los poderes a las élites político- militares de Azawad dado el hallazgo de recursos naturales como el oro, el uranio, el gas y el petróleo? ¿Podrían conducir estas fuentes de riqueza a futuras luchas fratricidas entre los diversos grupos armados en el norte de Mali ya enfrentadas por el negocio criminal? Mientras el expediente político no termine por resolverse, los grupos que practican la violencia política siguen ganando tiempo en adhesiones futuras y diseños de estrategias de éxito sobre el terreno.

Mali empieza de cero en un contexto doméstico aún más complejo que el de 2012, el que ha sido utilizado por los militares para justificar su golpe de Estado: el descontento popular ante la degradación económica, la mala gestión política o la falta de oportunidades. Todo esto además de los altísimos niveles de inseguridad han aupado en la escena nacional a figuras religiosas que reivindican el islam político para Mali como el imán rigorista Mohamed Dicko, defensor de las tesis wahabíes. Su capacidad de movilización durante las cuatro grandes protestas organizadas durante los meses anteriores al golpe militar de agosto de 2020 fue la expresión clara de un hartazgo popular capitalizado por el inquietante imán.

Hoy se le define como un actor indispensable para el futuro Gobierno de Mali. Y, aunque parecía que el objetivo de Dicko no era saltar al campo político proponiendo un cambio de modelo de Estado para Mali, lo cierto es que su participación en política encierra nuevas sospechas y su rol estrictamente religioso ha quedado cuestionado.

De momento hay más incógnitas de futuro que respuestas para este país clave del Sahel que prepara una institución transitoria compuesta por 24 miembros que incluye militares, una representación de la sociedad civil, partidos políticos, asociaciones de mujeres y del colegio de abogados, además de figuras destacadas de las organizaciones religiosas, así como malienses de la diáspora. Todos tienen una voz en la transición de Mali para la convocatoria de unas nuevas elecciones presidenciales.

Resuelto el proceso político que tendría que devolver Mali al orden constitucional, quedaría el expediente por el que se han desplegado estrategias de seguridad de actores regionales e internacionales: la recuperación de la integridad territorial del norte de Mali o neutralizar el terrorismo mediante la negociación política. Ningún proceso de diálogo lleva aparejado el abandono definitivo de las armas, pero sí permitirá la apertura de más etapas de paz que de violencia. Mali necesita algo más que una transición hacia la democracia, una conversación entre todos los actores del conflicto para que se digan frontalmente si quieren seguir conviviendo o no.

Beatriz Mesa García/ Profesora-investigadora en la Universidad Gaston Berger (Senegal)/ LASPAD Investigadora permanente en el Center for Global Studies/ Universidad Internacional de Rabat/ UIR.

1. El heterogéneo movimiento de contestación popular (M5-RFP) liderado por el líder religioso, el imán Mahmoud Diko, movilizó a la población durante tres largos meses para que tomaran el espacio público y exigiera reformas para un país absorbido por la corrupción y hundido en una profunda crisis.
2. Primer comunicado público del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLNA). Disponible en: http://www.mnlamov.net/projet-politique/37-projet-
3. Esta reflexión surge repetidamente en las entrevistas realizadas por la autora con algunos actores protagonistas del Congreso de Zakak, en donde participó Iyad Ag Gali.
4. Ibid.
5. GREMONT, C. “Dans le piège des offres de violence. Concurrences, protections et représailles dans la región de Ménaka (Nord-Mali, 2000-2018), HERODOTE, nº172, 2019.
6. Numerosas entrevistas realizadas por la autora con diplomáticos malienses en Mali, Marruecos y Francia, enero y junio de 2019.
7. Entrevistas realizadas por la autora con tuaregs de la fracción Ifoghas en Mali. Bamako, junio 2019.
8. Entrevista de la autora con Moussa Ag Attaher, tuareg del Movimiento Nacional de liberación de Azawad (MNLA), actualmente ministro de Deportes en el nuevo gobierno de transición.
9. MESA, B. “Le rôle transformateur des groupes armés du Nord du Mali: de l’insurrection djihadiste et sécessionniste au crime organisé (1996-2017), Thèse doctorale, Grenoble, France, 2017.
10. MESA, B, HAMDAOUI, Y. “La paix est-elle envisaeable au Sahel?”, Afrique en mouvement, nº3, 2020. Editions Babel, Rabat.
11. SANGARE, B. “Le Centre du Mali: épicentre du djihadisme?”, GRIP, 2016. Disponible en: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/39606/ASC-075287668-3758- 01.pdf?sequence=1.
12. En febrero de 2019, 123.000 personas se desplazaron dentro del país. La mayoría se concentró en el barrio falaye de Bamako, la capital de Mali.
13. THIAM, A. ”Centre du Mali: enjeux et dangers d’une crise négligée. Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue”, 2017. Disponible en: https://www.hdcentre.org/publications/centre-du-mali-enjeux-et-dangers- dune-crise-negligee/.
14. “Dans le centre du Mali, les populations prises au piege du terrorisme et du contraterrorisme”, FIDH, 2018. Disponible en: https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_centre_du_mali_les_populations_prises_au_pie_ge_du_terrorisme_et_ contre_terrorisme.pdf.
15. Entrevista realizada por la autora al enviado especial de la UE para el Sahel, Ángel Losada, junio 2019, Madrid.