La nueva ley iraní contra la infiltración: ampliación de la represión dentro y fuera del país
- Un proyecto de ley para prevenir levantamientos
- Represión de los medios de comunicación
- La sociedad civil bajo asedio
- Castigar la “infiltración” con penas de treinta años
- Implicaciones académicas y en materia de derechos humanos
- Una campaña de control más amplia
- Conclusión
Conocida a menudo como la ley “antiinfiltración”, la ley “Contra la infiltración de los servicios de inteligencia” es una propuesta legislativa presentada en el Majlis (Parlamento) iraní con el objetivo de ampliar la supervisión estatal sobre las actividades de inteligencia extranjera. Presentado por primera vez al Parlamento en julio de 2025, ahora se está tramitando por la vía rápida para su aprobación. Los medios de comunicación estatales, como Khabar Online, lo han aclamado como una salvaguarda contra el “espionaje extranjero”. Sin embargo, en realidad, supone un aumento significativo del control gubernamental sobre la sociedad iraní, al criminalizar muchas interacciones cotidianas con el mundo exterior e intensificar la vigilancia de estudiantes, periodistas, académicos y figuras culturales.
Un proyecto de ley para prevenir levantamientos
Recientemente se ha presentado al Parlamento un nuevo proyecto de ley que ampliaría el alcance del Ministerio de Inteligencia (MOIS) a casi todos los aspectos de la vida civil.
Según la propuesta, cualquier ciudadano iraní que reciba una beca, una subvención o una invitación a una conferencia en el extranjero deberá obtener primero la aprobación del MOIS. El ministerio publicará una lista anual de gobiernos, universidades e instituciones extranjeras “autorizadas”. La cooperación con cualquier entidad que no figure en esta lista se convertirá en un delito penal, castigado con una pena de prisión de entre seis meses y dos años. Esto otorga efectivamente a los servicios de inteligencia un veto sobre los intercambios académicos y la investigación internacional.
Represión de los medios de comunicación
La cláusula más controvertida del proyecto de ley se refiere a la prensa. A partir de ahora, cualquier entrevista con medios de comunicación extranjeros requerirá una autorización previa a través de un portal online especial del MOIS. Ponerse en contacto con medios financiados por Estados Unidos o Israel puede acarrear hasta seis años de prisión, y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional mantendrá una lista negra oficial de dichas organizaciones. Incluso el envío de fotografías o vídeos al extranjero, acciones que antes eran habituales entre los periodistas ciudadanos y los reporteros de la diáspora, será punible con penas de prisión de hasta cinco años si se lleva a cabo durante una “crisis o disturbios".
Los analistas señalan que estas medidas formalizan prácticas informales que existen desde hace mucho tiempo: acoso, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio contra periodistas acusados de cooperar con “medios de comunicación enemigos”. Al codificar estas prácticas en la ley, Teherán está criminalizando de hecho la comunicación habitual.
La sociedad civil bajo asedio
Más allá de la prensa y el mundo académico, el proyecto de ley amenaza los cimientos de la vida cívica iraní. Los partidos políticos, las asociaciones profesionales y las ONG tienen prohibido recibir fondos de embajadas extranjeras, gobiernos u organizaciones no iraníes, a menos que lo autorice un comité tripartito especial compuesto por representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS) y la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Cualquier infracción dará lugar a la disolución de la organización, el encarcelamiento de sus directores y la prohibición de realizar actividades culturales o sociales durante un máximo de quince años.
Las mismas restricciones se aplican a la producción cultural. Las películas, los libros o las obras de arte “producidos bajo la dirección de extranjeros” se penalizan, especialmente si “cuestionan las normas religiosas”, presentan una imagen negativa de Irán o “promueven la cultura antiislámica”. Los productores se enfrentan a multas equivalentes al coste de su trabajo y a la exclusión permanente de los servicios estatales. Incluso la cooperación con organismos internacionales como la UNESCO en proyectos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está prohibida, a menos que sea ratificada específicamente por el Parlamento, lo que es una clara señal de hostilidad hacia las normas educativas mundiales.
Castigar la “infiltración” con penas de treinta años
El proyecto de ley clasifica los delitos en seis “grados”. Según el sitio web Khabar Online, controlado por el Estado, el artículo 1 del proyecto de ley se refiere a las personas “bajo la orientación o formación de servicios de inteligencia extranjeros, organizaciones internacionales, grupos, instituciones o entidades no iraníes; la Organización PMOI (MEK); otros grupos terroristas; o sectas desviadas”, que tienen “un conflicto explícito con los principios de la Revolución Islámica, el imán Jomeini o el líder supremo”.
Delitos como las entrevistas no autorizadas o el intercambio de datos conllevan penas que van de seis meses a quince años, además de la confiscación de bienes, la prohibición de trabajar de por vida y multas cuantiosas. Los tribunales revolucionarios tendrán jurisdicción exclusiva, y el MOIS y la Organización de Inteligencia del CGRI han sido designados como los órganos judiciales oficiales responsables de las investigaciones, eliminando así incluso la apariencia de una supervisión independiente.
Los críticos advierten que estas disposiciones difuminan la línea entre el espionaje y la disidencia. En combinación con la ley de “Intensificación de las penas por espionaje y colaboración con Estados hostiles”, aprobada por el Consejo de Guardianes el 1 de octubre de 2025 y que permite imponer la pena de muerte por “corrupción en la tierra”, el proyecto de ley contra la infiltración crea un continuo legal en el que las actividades profesionales ordinarias pueden dar lugar a penas capitales para periodistas, estudiantes o artistas.
Implicaciones académicas y en materia de derechos humanos
Los expertos en derechos humanos sostienen que el proyecto viola las obligaciones de Irán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El requisito de obtener la aprobación previa de los servicios de inteligencia antes de comunicarse con los medios de comunicación extranjeros constituye una restricción previa, lo que está prohibido en virtud de la protección de la libertad de expresión consagrada en el artículo 19. La doble verificación de las becas por parte del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS) socava el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantiza la libertad de seguir una educación sin interferencias ideológicas.
Los grupos de derechos humanos afirman que el efecto acumulativo será asfixiante. Los periodistas evitarán el contacto con el extranjero, los académicos cancelarán los programas de intercambio, las ONG dejarán de solicitar subvenciones internacionales y los artistas se autocensurarán. El resultado probable será una fuga de cerebros sin precedentes, que continuará el éxodo de iraníes cualificados, que superó las 150.000 personas en 2024, y un aislamiento cultural aún mayor.
Una campaña de control más amplia
Este proyecto de ley no es una iniciativa aislada, sino que forma parte de una iniciativa legislativa para reforzar el control del régimen sobre la información y la disidencia. A principios de 2025, el Parlamento aprobó una ley que tipifica como delito las llamadas noticias falsas, mientras que el proyecto de ley sobre espionaje aumentó drásticamente las penas por colaborar con Israel o Estados Unidos. En conjunto, estas medidas conforman una arquitectura de seguridad integral que combina la censura, la vigilancia y las penas disuasorias.
Los funcionarios justifican esta ofensiva alegando la seguridad nacional y la “guerra psicológica” desde el extranjero. Sin embargo, los observadores sostienen que el régimen teme más a sus propios ciudadanos, en particular a los radicalizados por los levantamientos nacionales de 2022-2023. Al equiparar el contacto con el extranjero con la traición, los dirigentes tratan de prevenir nuevos ciclos de protestas, así como de deslegitimar tanto a los críticos internos como a los movimientos de oposición en el exilio.
Conclusión
El proyecto de ley “Contra la infiltración de los servicios de inteligencia” representa un paso significativo en la transición del régimen iraní de la vigilancia a la criminalización preventiva. Aunque se presenta como una defensa contra las conspiraciones extranjeras, en realidad codifica el miedo a la apertura al tratar el conocimiento, la comunicación y el intercambio cultural como amenazas para el Estado. Si se aprueba, el proyecto de ley aislará a las universidades iraníes, silenciará a sus periodistas, desmantelará sus asociaciones independientes y romperá los vínculos que aún quedan entre el pueblo iraní y el mundo exterior. Para la oposición en el extranjero, anuncia una nueva era de intimidación transnacional que implica comunicaciones vigiladas, familiares incluidos en listas negras y criminalización de la defensa de causas.
Para un régimen atormentado por sus fracasos, el proyecto de ley ofrece un control temporal. Para la sociedad iraní, sin embargo, solo promete una oscuridad aún más profunda.