Han sido múltiples las crisis que ha vivido la Unión Europea durante sus más de siete décadas de existencia. Todas y cada una de ellas las hemos superado gracias a nuestra unidad. Pero esa unidad raramente es un reflejo inmediato. Al contrario, ante una crisis nuestra reacción primera siempre es centrífuga. Buscamos refugio en nosotros mismos, en nuestras instituciones nacionales, en la fuerza de nuestras naciones. Pero, más pronto que tarde, nos damos cuenta de que ni somos los únicos afectados, ni somos capaces de dar respuestas efectivas a los problemas transnacionales en solitario. Cuando esta realidad se asienta, volvemos al refugio de la unidad europea y nos ponemos a trabajar para dar una respuesta efectiva de manera conjunta. La crisis de la COVID no ha sido una excepción a este esquema de centrifugación-asentamiento-unidad. Pero sí que se diferencia del resto de las crisis, especialmente de la crisis económica y financiera de 2008-2012 y de la crisis de refugiados de 2015, en que el tiempo que transcurrió entre la fase centrífuga y de búsqueda de soluciones comunes casi no llegó a un mes. Esto puede parecer baladí, pero no lo es. Demuestra que aprendemos de los errores del pasado y que, aunque ese aprendizaje sea lento, nos permite siempre crecernos ante las dificultades. Y es que a los europeos no nos definen la crisis, sino nuestra capacidad para superarlas.
La crisis de la COVID ha dado buena prueba de que la Unión Europea es un instrumento, además de útil, necesario. La constelación de medidas que han tomado las instituciones comunitarias desde el inicio de esta crisis ha sido impresionante. Allí donde tiene competencias, pero también donde carece de ellas. Tanto en lo sanitario, como en lo socioeconómico. En lo sanitario, han sido los Estados miembros quienes han estado en la trinchera. No podía ser de otra manera. La Unión Europea no dispone de competencias, más allá la coordinación entre Estados miembros que introdujo el Tratado de Maastricht. Esto no quiere decir que las instituciones no actuasen para dar apoyo. Los ejemplos son numerosos y vale la pena recordar algunos porque fueron iniciativas sin precedentes en la historia de la Unión Europea.
En el inicio de la pandemia las instituciones europeas licitaron 2.000.000 de euros en material sanitario de protección y respiradores. Crearon una reserva estratégica de material sanitario a nivel europeo. Se estableció un foro de diálogo europeo con la industria sanitaria para que aceleraran sus producciones y con otros tipos de industrias para que modificasen sus líneas de producción y las adaptasen a las necesidades de la crisis. Los corredores verdes europeos aseguraron la libre circulación de material sanitario en el mercado interior ante el cierre masivo de fronteras nacionales. La frontera exterior común se cerró. Más de 500.000 ciudadanos europeos que estaban en terceros países fueron repatriados. Hoy nos vacunamos porque la Unión Europea ha negociado contratos multimillonarios con la industria farmacéutica defendiendo a los ciudadanos europeos. Todo esto, que se ha hecho con más aciertos que desaciertos, demuestra que allí donde la Unión no tiene competencias sigue siendo útil si actúa con agilidad activando su músculo competencial en otras áreas para ponerse al servicio de los Estados y los ciudadanos. 
Además, en materia socioeconómica, donde la Unión Europea tiene un gran número de competencias, también ha actuado con firmeza y celeridad. Consciente de que una de las señas de identidad europeas, nuestros sistemas de bienestar, estaba en riesgo ante la crisis, las instituciones europeas han adoptado desde el principio una serie de medidas fundamentales. De éstas, dos destacan por su importancia. La primera, la activación de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (que permite dejar en suspenso los criterios de deuda y déficit). La segunda, el programa de compra de bonos nacionales del Banco Central Europeo (por un valor inicial de 750.000 millones de euros), que aún alivia las consecuencias económicas de la crisis en los Estados miembros. Ha habido también otras. Un procedimiento acelerado de Ayudas de Estado para que los Estados miembros pudieran dar apoyo presupuestario allí donde fuese necesario. La liberación (casi inmediata) de 37.000 millones de euros de fondos de cohesión para la lucha contra la COVID. El Banco Europeo de Inversiones creó un instrumento adicional de financiación de pymes con una capacidad de 200.000 millones de euros. Y se crearon el SURE, con una dotación de 100.000 millones de euros como esquema de apoyo temporal para reducir el riesgo de desempleo durante la situación de crisis, y el MEDE, unas líneas de crédito de hasta 240.000 millones de euros para dar liquidez a los Estados miembros que lo soliciten. Finalmente, hoy tenemos ya en pie un instrumento adicional, el Fondo Europeo de Rescate, que con cerca de 750.000 millones de euros ayudará a los Estados, en los próximos 6 años, a volver a aliviar el tremendo impacto de esta crisis. Estas medidas demuestran que toda la potencia de fuego de la Unión Europea en lo económico está volcada en la salida de la crisis.
Siempre que hay una crisis tendemos a buscar fórmulas mágicas, bálsamos de Fierabrás que solucionen los problemas. Esta tendencia parece acentuarse en el nuevo mundo que nos han descubierto las redes sociales y las nuevas tecnologías en las que queremos soluciones y las queremos ya. Pero raramente existen tales fórmulas ni siquiera para esta crisis. Las medidas que ha tomado la Unión Europea en la crisis de la COVID son fundamentales. Son el fruto de un esfuerzo colectivo. De un espíritu reformista que late con fuerza en el corazón del proyecto europeo. Y ante los nuevos desafíos que seguro nos traerá esta pandemia y sus consecuencias a largo plazo, es fundamental que la Unión Europea mantenga la capacidad de reformarse a sí misma y de innovar de manera constante para ser útil y avanzar, que es en definitiva la clave del éxito de este proyecto único en el mundo.
Gonzalo de Mendoza Asensi, licenciado en Derecho, Máster en Política International. secretario general de Citizens Pro Europe y funcionario de la Unión Europea.
(Este artículo únicamente representa la opinión personal del autor)