Órdago de Marruecos

Marruecos ha lanzado un órdago a España y a la Unión Europea con la relajación de sus controles en la frontera de Ceuta, primero, y en la de Melilla después, que ha propiciado una avalancha de más de 6.000 inmigrantes. La intención del rey Mohamed VI es presionar a España y a la Unión Europea con un supuesto conflicto de inmigración en la frontera sur europea que se interpreta como una decisión arriesgada para forzar una explicación por parte del Gobierno español de la acogida del líder Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño con una identidad falsa por petición de Argelia para poder tratar sus graves problemas de salud. Pero el objetivo real que persigue una decisión de tal gravedad por parte de Rabat, que se puede equiparar en algún sentido con la marcha verde de 1975 de miles de marroquíes en el Sáhara Occidental, es la de conseguir el respaldo del Gobierno español y de la Unión Europea a la solución del conflicto del Sáhara planteada por el rey Mohamed VI de una amplia autonomía bajo soberanía marroquí.
Rabat se apoya en la decisión del pasado 10 de diciembre de la Administración de Estados Unidos, bajo mandato del presidente Donald Trump, que no ha sido revertida por el presidente, Joe Biden, de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara y apoya la solución de una amplia autonomía. La decisión de Washington incluye unas primeras inversiones de más de 3.000 millones dólares en el Sáhara. A raíz de esta decisión norteamericana, países árabes como Emiratos Árabes Unidos y Jordania, y más de 12 países africanos anunciaron su intención de abrir consulados en las ciudades saharauis de El Aaiún y Dajla, algo que la mayoría ya ha realizado. Desde ese momento, la diplomacia marroquí incrementó su actividad para lograr que países clave en la región como Francia y España apoyaran sus tesis y propiciaran una negociación con Argelia para lograr una solución definitiva en el seno de las Naciones Unidas.
En diciembre estaba prevista la celebración en Rabat de una Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos que tenía un gran obstáculo para su celebración: la agenda del rey Mohamed VI no tenía hueco para recibir al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, una situación compleja que se consideraba inadmisible por parte española. Sin embargo, las dos partes continuaron los preparativos de una reunión necesaria porque había varios asuntos relevantes pendientes de solución en diferentes sectores de la colaboración entre los dos países vecinos. El anuncio de la Administración Trump cogió por sorpresa al Gobierno español, que no había sido avisado por ninguna de las dos partes, y lo colocaba en una embarazosa situación. La decisión adoptada fue la de utilizar la pandemia del coronavirus para justificar el aplazamiento de la cumbre al mes de febrero, pero no ha habido opción de volver a considerar una fecha para su celebración. El 21 de abril llegaba en ambulancia al hospital San Pedro de Logroño procedente de la base militar de Zaragoza adonde había llegado a bordo de un avión medicalizado de la Presidencia de Argelia, el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali. Dos días después, se filtraba a la revista Jeune Afrique la presencia del líder Polisario para ser tratado de COVID, con un estado de salud delicado debido a otras dolencias como un cáncer de colon, cirrosis hepática y hepatitis C.
El Gobierno español decisión acoger a Ghali por razones humanitarias, pero no informó adecuadamente al Gobierno de Marruecos, a quien, según la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se considera un socio privilegiado de una decisión que causó división en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no era partidario de una decisión tan controvertida que podría acarrear, como así ha sido, graves consecuencias en las relaciones con Marruecos, cuya colaboración antiterrorista es absolutamente esencial para España y para la Unión Europea. El silencio del Gobierno español ha sido contraproducente porque ha provocado la emisión de dos comunicados por parte del Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores con duras advertencias y poniendo en cuestión la palabras la ministra González Laya de buena vecindad y de excelentes relaciones que no se corresponden con la acción de acogida, sin las explicaciones pertinentes, de un enemigo de Marruecos que, además tiene causas pendientes en la Audiencia Nacional por denuncias realizadas por varios refugiados en los campamento de Tinduf que acusan a Ghali de torturas, agresiones, desapariciones y delitos contra los derechos humanos, además de una denuncia por violación por parte de una joven que vive en Sevilla.
España ha mantenido un delicado y complicado equilibrio, a lo largo de los últimos años, en sus relaciones con Marruecos, que son estratégicas a todos los niveles: económico-comercial, político, social y de seguridad y lucha antiterrorista, y con Argelia de donde llega casi la mitad del gas que se consume en España. La posición de los Gobiernos españoles respecto al conflicto del Sáhara ha sido remitirse a las gestiones de Naciones Unidas, proclamando una neutralidad que en estos momentos se considera muy insuficiente por Marruecos de cara a sus pretensiones de soberanía, respaldadas por Estados Unidos, y con gestos relevantes por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuyo partido La República en Marcha ha abierto una sede en la ciudad saharaui de Dajla, lo que se interpreta en Rabat como un anticipo de la posición francesa de apoyar la solución marroquí. La decisión de Mohamed VI de lanzar este órdago con miles de inmigrantes sobre Ceuta, muchos de ellos devueltos a Marruecos, sin oposición, es una prueba muy arriesgada porque se pone en cuestión el respeto de la frontera española y de la Unión Europea, que tendrá que adoptar también las medidas pertinentes.