Las insistentes voces que reclaman del Gobierno de España que acometa una Ley Plurianual de Dotaciones de la Defensa vuelven a oírse alto y claro cuando los acontecimientos de la guerra de Ucrania despiertan el interés y la inquietud de los españoles por la salvaguarda de sus libertades y condiciones de vida.
Se manifiestan de manera reiterada en los foros en los que se invita a participar a diputados, altos cargos de la Administración y directivos de la industria de defensa española, en donde se intercambian puntos de vista y se debate sobre la seguridad y la defensa nacional sin que primen los intereses políticos que afloran en las Comisiones de Defensa del Congreso y Senado.
Es patente la insistencia en demandar unos presupuestos de Defensa sostenibles en el tiempo, una petición que en privado y en ámbitos restringidos formulan los altos mandos de Fuerzas Armadas españolas y, en público, los directivos de la industria nacional que se encargan de producir y sostener las capacidades militares nacionales.
Con el ordenamiento a que daría lugar tal Ley se busca construir una arquitectura financiera que permita inversiones escalonadas y continuadas para la renovación programada y racional de los cada vez más costosos y eficientes ‒por su alto componente tecnológico‒ equipamientos y sistemas de armas que emplean los militares. También para mejorar sus condiciones de vida y servicio dentro y fuera de nuestras fronteras.
Los políticos y altos funcionarios del departamento de Defensa español hace años que son conscientes de la urgente importancia de hacer realidad la citada Ley. Pero hasta el momento se han limitado a poner cara de circunstancias, balbucear un “todo se andará”, “ya veremos” o “estamos en ello” y dejar correr el tiempo a la espera de no se sabe qué. Pero el entorno de seguridad alrededor de España, Europa y Occidente está ahora en pleno proceso de reestructuración y es el momento de tomar la sartén por el mango.
La mayor parte de los diputados y senadores, altos cargos de la Administración y empresarios coinciden en la necesidad ‒más que en la conveniencia‒ de establecer más pronto que tarde un marco presupuestario estable que abarque entre cinco y seis años, por lo menos. Por supuesto, con cláusulas de revisión, por ejemplo, de carácter bienal, que faciliten adaptarse a la evolución geoestratégica y macroeconómica.
Puntos de vista concordantes ya existen entre varios grupos parlamentarios. El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso (José Antonio Bermúdez de Castro) y los portavoces del PSOE (Zaida Cantera), del PP (Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu), Ciudadanos (Miguel Ángel Gutiérrez Vivas) y VOX (Agustín Rosety) expresan su apoyo a la medida y argumentan posturas muy semejantes ‒aunque, como es evidente, con matices diferenciadores‒, en sus intervenciones en el Parlamento y en los seminarios y jornadas a los que acuden con asiduidad para dialogar sobre asuntos de la defensa y seguridad nacional.
Las distancias sobre el contenido de tal posible Ley no son insalvables. Sus percepciones son comunes en alto grado, incluso con los planteamientos que argumenta la industria, por lo que una política de consenso y la buena voluntad de las partes es capaz de superar los matices que separan a unos de otros. Una Ley en tal sentido la tienen nuestros dos vecinos de la Unión Europea, Francia y Portugal. Por algo será.
En un reciente foro sobre la importancia de la Defensa tras el escenario bélico en Ucrania, el presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), Ricardo Martí Fluxá ha pedido por enésima vez “un gran pacto de Estado entre partidos para ver en que invertimos los presupuestos de Defensa en los próximos 10 años”.
“No podemos depender de presupuestos anuales, eso da inseguridad ‒resalta‒, porque los proyectos de alta tecnología a los que hacemos frente son a largo plazo”. “Es el momento para dar un paso adelante. Es ahora o nunca”, subraya. Sus palabras están en línea con las de la investigadora principal del Real Instituto Elcano, Mila Milosevich, para quien “estamos viviendo el final del sistema de seguridad europeo y a la reconfiguración del orden mundial, en el que la guerra de Ucrania es un acelerador”.
Promulgar una Ley Plurianual de Sostenimiento de la Defensa no es tarea fácil. En España, un obstáculo que hay que franquear es la composición del ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos y el inestable equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso, a lo que se unen los complejos que arrastra el PSOE respecto de los asuntos militares.
Dentro de los partidos de coalición del actual Ejecutivo hay tendencias cuya posición, salvo sorpresas, no es favorable a la citada Ley. Y para complicar el escenario, hay formaciones políticas que son radicalmente contrarias a todo lo que tenga que ver con la mejora de las capacidades militares de España.
Son grupos anclados en prejuicios y mitos trasnochados, a los que se aferran como lapas, por lo que suelen declinar su asistencia y pasar olímpicamente de las invitaciones que se les formulan para que expresen su parecer. De forma mayoritaria, son los políticos separatistas catalanes y vascos y los partidos de la ultraizquierda y anti sistema.
¿Para qué se necesita un marco financiero regulatorio plurianual exclusivo para la Defensa? De forma resumida, para llevar a cabo de forma racional la continua reconfiguración de las Fuerzas Armadas, elevar sus capacidades tecnológicas y mejorar las tasas de disponibilidad de los sistemas de armas más críticos. Es una demanda recurrente de las Fuerzas Armadas y del tejido industrial nacional, porque la ausencia de tal norma viene provocando vaivenes en los presupuestos anuales asignados al ministerio de Defensa, que repercuten en la operatividad de la Fuerza, por más que desde el ámbito político se intente disfrazar.
El presidente de la compañía Tecnobit, Luis Furnells, es uno de los directivos más batalladores por conseguir una Ley que permita programar las inversiones en defensa a largo plazo, para “crear certidumbre en las empresas y en los inversores” y no a corto, como el Ministerio de Defensa viene haciendo hasta ahora. “La alta tecnología no se improvisa, requiere planeamiento”, subraya Furnells “Generamos conocimiento, tecnologías de doble uso y adquirimos talento de las universidades, pero necesitamos apostar por la innovación y en programas que nos aporten soberanía nacional y europea”.
El refrán popular “Obras son amores, y no buenas razones” y la comedia del mismo nombre de Lope de Vega son una exhortación a la coherencia que debe existir entre los hechos y las bonitas palabras que nuestros representantes políticos esgrimen sobre la materia. Tal y como está el escenario internacional, ha llegado la hora de distinguir entre los mediocres gestores de los recursos públicos y aquellos que, como decía el duque de Wellington, tienen capacidad de vislumbrar “lo que hay detrás de la colina”... aunque algunos no ven ni lo que tienen delante de sus narices y están más cómodos de visita en visita.
