A punto de acabar el verano de 2020, nos gustaría resumir las cuestiones de política migratoria (en los ámbitos español y europeo) que han sido objeto de atención por parte de los medios en los últimos tres meses. El verano se abría con la difusión del plan de relanzamiento impulsado por las instituciones europeas para afrontar las consecuencias sanitarias y económicas provocadas por la COVID-19. Desde el momento de hacerse públicas las líneas maestras del plan, se señaló en él la carencia de una política migratoria asumida como propia por el conjunto de la Unión Europea. El alivio temporal en la llegada de refugiados e inmigrantes que supuso el cierre de las fronteras durante la primavera, contribuyó una vez más a soslayar la importancia de las cuestiones migratorias en la agenda europea y a posponer de nuevo una propuesta concreta de estrategia compartida a medio plazo.
En el ámbito nacional, los días finales de junio fueron noticia dos hechos relacionados con las migraciones. Por un lado, Unidas Podemos llevó al Congreso una proposición no de ley que reclamaba la regularización masiva y urgente de los inmigrantes residentes en España; la propuesta no contaba con el apoyo del Partido Socialista, y ya había sido motivo de desacuerdo en el seno del Gobierno de coalición. Tras su presentación, la ministra portavoz, María Jesús Montero, dejó claro que la medida no iba a ser respaldada por el Gobierno, haciendo explícita la división del Ejecutivo en lo referente a esta cuestión.
Por otro lado, se hizo público por los mismos días que el Gobierno llevaba semanas trabajando en mejorar la coordinación de los tres ministerios a quienes competen las cuestiones migratorias (Exteriores, Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), con el objetivo de estar mejor preparados cuando se reabriesen las fronteras, así como de reforzar la política migratoria en varias áreas que se consideraban críticas. Hay que recordar que durante los meses en que las fronteras estuvieron cerradas la llegada de embarcaciones a través del Mediterráneo descendió drásticamente y solo continuaron, aunque con menor frecuencia, las llegadas al archipiélago canario.
Con la reapertura de las fronteras, la llegada de embarcaciones a través del Mediterráneo y el Atlántico se incrementó de nuevo. La Secretaría de Migraciones elaboró un protocolo (que entró en vigor el 25 de julio) para establecer las medidas que debían tomarse con los migrantes llegados en estas embarcaciones: las comunidades autónomas debían responsabilizarse de la realización de pruebas PCR a todos los desembarcados, así como de reservar espacios para que los positivos y sus contactos pudieran guardar la preceptiva cuarentena. Este protocolo provocó discrepancias entre varias de las comunidades autónomas afectadas (Murcia, Andalucía y Canarias) y el Ministerio de Inclusión, seguridad social y migraciones.
En el caso concreto de Andalucía, las normas de esta comunidad prescribían la realización de test rápidos (y solo de pruebas PCR a quienes dieran positivo en ellos), y únicamente atención y cuarentena a quienes requirieran hospitalización. El problema originado con esta discrepancia fue que la Secretaría de Migraciones solo permitía acceder a los migrantes a un alojamiento si mostraban una PCR negativa; nos encontramos por tanto con migrantes considerados por la Junta de Andalucía como casos negativos y como casos sin confirmar por Migraciones (y, por consiguiente, sin la posibilidad de ser aceptados en un alojamiento de acogida).
De vuelta al ámbito europeo, el verano se cierra con dos hechos que ponen de nuevo de manifiesto las contradicciones de Europa en los asuntos migratorios: la noticia del incendio del campamento de refugiados de Moria, en Lesbos, y el anuncio de la presentación del esperado plan migratorio de la UE para el próximo 23 de septiembre. La situación del campo de refugiados de Moria, el mayor en territorio de la UE, ya había sido objeto de atención aun antes de la crisis sanitaria. De nada han servido las repetidas peticiones de diferentes organizaciones internacionales para que este campo fuera evacuado de manera urgente.
En cuanto al plan migratorio, su responsable, Ylva Johansson (la comisaria de interior de la UE), ha señalado ya la dificultad de poner de acuerdo a los Estados miembros en las cuestiones migratorias más conflictivas, como pueda ser el reparto de los migrantes entre los veintisiete Estados. Se trabaja en un documento consensuado que satisfaga parcialmente los intereses de todos los países, aunque no plenamente los de ninguno. Esperamos con mucho interés el contenido concreto del plan en los próximos días.
La impresión que deja el recorrido por estas informaciones sobre política migratoria no es positiva: las noticias de ámbito nacional dejan ver la falta de coordinación y las diferencias de criterio entre las distintas administraciones; las del ámbito europeo revelan la relativa importancia que las instituciones europeas conceden al tema (pese a su peso decisivo en el futuro económico y demográfico del continente), así como las enormes diferencias existentes entre los Estados miembros de la UE en cuanto al establecimiento de una política común asumida por todos. Dos nombres emblemáticos de la literatura europea, Lanzarote (con el incremento de flujos migratorios desde las costas occidentales de África: Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia) y Lesbos (con el campamento de refugiados de Moria), enmarcan temporal, geográfica y simbólicamente el verano que termina.
Luis Guerra, catedrático de Lengua Española en la Universidad Europea de Madrid, es uno de los investigadores principales del proyecto INMIGRA3-CM, financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo
