El narcotráfico, la gran amenaza de la democracia en Iberoamérica
Es el reto más importante que afronta la ciudadanía, tal y como pone de manifiesto el Informe Iberoamérica 2024, el desafío de la seguridad para las democracias latinoamericanas, de la Fundación Alternativas, presentado en la sede de la Secretaría General Iberoamericana en Madrid. Precisamente, el titular de esta, Andrés Allamand manifestó que “en Latinoamérica se da la paradoja de que, aunque de puertas hacia fuera es una zona de paz, la inseguridad se ha convertido en el gran tema de preocupación de la ciudadanía, tanto que en los últimos años se ha situado por encima de cuestiones tan graves como la desigualdad o la pobreza”.
El estudio, coordinado por Érika Rodríguez, directora de la Fundación Carolina, resalta que la inseguridad, al afectar a múltiples facetas de la vida diaria de los ciudadanos, se ha convertido en una condición imprescindible para testar la buena o mala salud de las democracias.
Hay en ello general coincidencia, como pusieron de relieve la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, o el profesor Mariano Bartolomé, del Colegio Interamericano de Defensa. Para Bartolomé, el decaimiento de la democracia proviene de la percepción del ciudadano de que ese sistema de convivencia ni le protege de ser asaltado, extorsionado y asesinado, ni le da seguridades de que tal fenómeno esté en vías de amainar. Por eso cada vez son mayores los segmentos de la sociedad en los que ciudadanos de diferentes estamentos renunciarían a parte de sus derechos y libertades a cambio de tener una mayor seguridad.
Una deriva sumamente peligrosa, y que hace que los ciudadanos vuelvan su mirada hacia figuras políticas como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyos métodos expeditivos e implacables contra la delincuencia están provocando tentaciones de imitarle tanto en el continente americano como en países de Asia.
Como se puso asimismo de manifiesto en el diálogo entre ambas orillas desde la SEGIB, no menos peligroso es el debate que ha emergido en el seno de diversos gobiernos, acerca de la utilización o no de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico. Un debate tanto más enconado cuanto más se suceden los episodios sangrientos que exasperan a la población.
El mismo estudio analiza cómo la impunidad, la corrupción y la ineficacia en la administración de justicia son a menudo tanto causas como consecuencias de este fenómeno. Por ello, las posiciones se hacen más extremas, reclamando actuaciones más duras, lo que desemboca en comportamientos que no se resistirían confrontar al baremo más benigno del respeto a los derechos humanos.
Lo cierto es que la lucha contra el narcoterrorismo no puede decirse que se haya saldado con la victoria de los Estados democráticos, que ven recortadas cada vez más atribuciones como el uso exclusivo de la fuerza.
Otra característica de este cáncer en Iberoamérica, casi con carácter privativo del continente, es el destrozo social que causan sus delitos. Y es que no sólo atacan y roban a lo que podría denominarse ciudadanos o instituciones ricos, sino que también realizan múltiples robos, extorsiones y asesinatos de personas y familias humildes, lo que pulveriza los mejores propósitos e intentos de los gobiernos por fomentar la igualdad y el acceso a un nivel de vida digno a la ciudadanía.
Apunta el estudio a que esta plaga se favorece a escala continental por la porosidad de las fronteras, característica que se agrava con la intensificación de las olas migratorias. En concreto, los autores del informe ahondan en las transformaciones en el aparato policial, la economía política transfronteriza del narcotráfico o el crecimiento de los ciberdelitos, incorporando un análisis sociológico al fenómeno del crimen organizado en la región, con especial referencia a los casos concretos de Ecuador o de la frontera entre Colombia y Venezuela.