Supresión de privilegios en la Francia republicana

Pese a las apariencias, y a pesar de haber enarbolado y convertido en universal su lema de “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, la Francia republicana ha ido acumulando privilegios tanto para determinados colectivos de élite como para sus dirigentes políticos. Cuando la prosperidad es general y el ascensor social funciona más o menos a pleno rendimiento, gran parte de las desigualdades se pasan por alto, y el deseo más común es aspirar a conseguir algún día incorporarse a grupos cuyos integrantes disfrutan de privilegios exclusivos. No sucede en cambio lo mismo cuando el progreso se estanca, los ingresos dejan de incrementarse y aumentan los gastos e impuestos que detraen de manera creciente los ahorros antes de morder directamente primero en lo necesario, luego incluso en lo imprescindible para vivir y llegar a fin de mes. 

Que Francia está en crisis es tan público y notorio que el presidente Emmanuel Macron ve cómo la impotencia de hacer aceptar siquiera medidas paliativas de ahorro en la enormidad de su gasto público devora uno tras otro a los primeros ministros que nombra y a los que utiliza como últimos fusibles antes de apearse él mismo del poder. 

El recién nombrado Sébastien Lecornu, que ya era ministro de Defensa y que acaba de sustituir al perdedor de una moción de confianza, François Bayrou, ha hecho una propuesta si no del todo inédita, sí al menos llamativa: la de suprimir gran parte, o la totalidad incluso, de los privilegios vitalicios de que hasta ahora gozan todos los primeros ministros dimitidos y algunos ministros que habían dejado de serlo. Una propuesta que trata de acallar el creciente clamor popular que acusaba a la clase política de blindarse en sueldos y prebendas mientras intenta imponer fuertes sacrificios a los ciudadanos para detener siquiera la diabólica espiral del déficit público presupuestario, constante en su perversa acumulación año tras año desde hace ya más de medio siglo. 

A día de hoy existen nada menos que 17 ex primeros ministros vivos, que, según la propuesta de Lecornu, dejarán de gozar de sus tradicionales privilegios a partir del primer día de 2026. El proyecto pretende generalizar una única indemnización de tres meses de salario una vez abandonen el Palacio de Matignon (sede del primer ministro), y siempre y cuando no obtengan algún otro ingreso público, incluidas pensiones o indemnizaciones de cualquier tipo. Tal incompatibilidad será vigilada estrechamente por la Alta Autoridad para la Transperencia de la Vida Pública (HATYP, por sus siglas francesas), encargada asimismo de controlar sus declaraciones de renta y patrimonio. 

Los ex primeros ministros podrían empero conservar una persona como secretaria personal a cargo del erario público, durante un máximo de diez años y nunca después de haber cumplido los 67 años de edad. Ello explica por qué los dos últimos en ocupar el puesto, Michel Barnier y François Bayrou, ambos de 74 años, ni siquiera han podido disponer de tal privilegio ni un solo día. Tampoco se les aplicará la medida a los que, por razón de desempeñar otros cargos públicos, disfrutan de su personal de secretaría. Es el caso de los ex Jean Castex, devenido en presidente de la Administración Autónoma de Transportes Parisinos (RATP), y Edouard Philippe, actual alcalde de Le Havre. 

Solo dos de los diecisiete exjefes del Gobierno, Edith Cresson, que fuera la primera mujer de la historia de Francia en acceder a tal cargo, y Edouard Balladur, ambos sobrepasando ya los 90 años de edad, conservan aún la secretaría vitalicia, que concluirá de todos modos si aún siguieran vivos en 2029, conforme a la primera reforma al respecto que impulsó el propio presidente Macron en su primer mandato. 

Por el contrario, estos ex podrían conservar un vehículo oficial con chófer de manera vitalicia, además de una escolta policial. Esta última, de la que también gozan los exministros del Interior, se vería reducida a la mínima expresión en razón del análisis de riesgos que realicen los servicios de seguridad del Estado cada año. 

En cuanto a la numerosa pléyade de ministros que han ocupado tal cargo, carecen de cualquiera de tales privilegios, lo que hizo popular el dicho de que “se llega como ministro en coche oficial por la mañana y se sale en taxi, pagado de tu propio bolsillo, por la tarde”. 

Conforme a la manida expresión de que el gasto conjunto actual para el Estado de estos antiguos altos cargos es el chocolate del loro -4,4 millones de euros en 2024- su supresión, siquiera sea parcialmente, permite al menos predicar con algo de ejemplo en estos tiempos de vacas flacas y de drásticos ajustes de cinturón, exigidos a la población de ciudadanos-contribuyentes. 

Por supuesto, en Francia, al igual que en todas las democracias europeas, con la increíble excepción de España, no existen los llamados aforamientos, ese privilegio que, si en algunos países se reducen al jefe del Estado durante el ejercicio de su mandato, y a algunas altas autoridades más, especialmente las judiciales, en España se ha generalizado tal privilegio hasta a los diputados de cualquier parlamento regional. E incluso, en alguna región como Cataluña, las prebendas vitalicias de los expresidentes de la Generalidad superan con muchas creces a los de la Francia republicana.