Las dos caras del éxito de la economía de Chile: claves para el plebiscito por una nueva Constitución
Pasadas las once de la mañana de este domingo, Santiago acogía a los primeros manifestantes que se acercaron al centro neurálgico de las protestas en la ciudad: Plaza Italia o Plaza Dignidad, rebautizada así por los manifestantes meses atrás. El objetivo: celebrar el primer aniversario de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre de 2019 y que han supuesto un cambio sin retorno para el país sudamericano. Todo ello ha desembocado en el plebiscito que tendrá lugar el próximo domingo por una nueva Constitución.
Hace exactamente un año, la subida del precio del metro de Santiago en unos 30 pesos chilenos (3 céntimos de euro de entonces) provocó la indignación de los estudiantes secundarios, tras varias subidas consecutivas del precio del billete en el último tiempo. A modo de protesta, comenzaron a evadir masivamente el metro y sin saberlo convirtieron su lucha en lo que sería la chispa de un fuego mayor. Al apoyo a los secundarios se sumaron un conjunto de demandas adicionales que hicieron posible que el día 25 de octubre de 2019 se reunieran en Santiago más de 1,2 millones de personas, según las cifras oficiales. Y el estallido no se limitó a Santiago, recorrió el país entero desde Arica hasta Punta Arenas.
Un año después, los chilenos se encuentran con la celebración de un referéndum que pretende saber si la ciudadanía busca un cambio de Constitución o no. Previsto para el 26 de abril de este año, pero pospuesto hasta este domingo por la pandemia mundial de la COVID-19, el llamado “Oasis de América Latina” enfrenta en las urnas todas aquellas reformas que demandó en la calle hasta la llegada del coronavirus. Tales niveles de descontento social obligan a analizar cuánto de oasis tenía el país andino denominado como tal.
Chile se ha alzado como una de las economías más sólidas de Latinoamérica. Actualmente se sitúa como la cuarta economía de la región en relación al volumen del Producto Interior Bruto (PIB). A excepción de la crisis sufrida en la década de 1980, el crecimiento del PIB ha sido constante. Junto con Colombia y Perú, forma un grupo de países en la región que partiendo de unos niveles similares a países como Paraguay o Bolivia han sabido dejar atrás a estos dos países que han vivido un crecimiento mucho menor en estos términos y durante el período estudiado (1960-2018). Brasil y Argentina se alzan como las potencias respecto al volumen de PIB de la región.
Sin embargo, si pasamos a analizar los datos más detalladamente podemos apreciar la relevancia de Chile en la región y por qué es una de las grandes economías de Latinoamérica. Si se pone el foco sobre el PIB per cápita (PIB dividido entre el número de habitantes del país), Chile lidera el ranking de la región. Lo que implica esta estadística es que con un menor número de habitantes, Chile produce una cantidad mayor por ciudadano que sus vecinos. Superando de esta manera a Brasil con 200 millones de habitantes o Argentina con 44 millones frente a sus cerca de 19 millones de ciudadanos. Ello muestra que gran parte del valor total de sus PIB respectivos es en parte por la gran masa de ciudadanos que se circunscriben a sus fronteras.
Todo ello viene a relativizar los valores totales del PIB en función de la población de cada país. Así, se nos permite vislumbrar qué economías aportan más por habitante al Producto Interior Bruto. Y esto resulta relevante pues Chile pasa del cuarto al primer puesto en una medición del nivel de producto del país en relación a su población.
Esta medida también suele utilizarse para la medición del bienestar de un país. Es necesario precisar aquí que el PIB es equivalente a la renta producida en un país. Por tanto, dividida entre sus habitantes tiene como resultado la distribución media de la renta nacional. Al ser un promedio, no da cuenta del verdadero reparto de la renta de un país. Sin embargo, de esto hablaremos unos párrafos abajo.
Así para culminar los datos que han permitido nombrar a Chile como el “Oasis Latinoamericano”, no podemos dejar atrás los índices de pobreza que se ha conseguido erradicar en el país andino. Según datos del Banco Mundial, Chile ha pasado en los primeros veinte años del siglo XXI de un 36% a un 8,6% de población que vive por debajo de lo que se denomina línea de pobreza nacional. Esa fuerte disminución equivale a un descenso en los niveles de pobreza de cerca de 4 millones de personas.
Junto con Uruguay, que presenta un 8,1% de la población total viviendo bajo los estragos de la pobreza, son los dos países de la región que menor porcentaje presentan. A nivel de la región, la pobreza se ha reducido de un 15,2% en 1990 a un 3,8%. Un cambio significativo que puede peligrar por el impacto de la COVID-19 en la salud y economías, como alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recientemente.
Sin embargo, el descontento de la ciudadanía chilena mostrada en las calles nos obliga a intentar captar una fotografía más amplia y así poder entender gran parte de las demandas exigidas durante décadas y que se vieron confluidas todas ellas en el estallido social de octubre de 2019.
Como ya se adelantó unos párrafos más arriba, el PIB per cápita es usado para valorar el nivel de bienestar de una sociedad. Sin embargo, el análisis no debe quedar en ese dato pues al ser un promedio se asume que todos los habitantes participan en la economía con la misma renta. Y eso sabemos que no es así.
En este sentido, el índice de Gini aporta mayor información sobre el reparto de la renta en un país determinado. Es un valor que oscila entre 0 y 1. Si un país presenta un índice de 0, significa que existe un reparto de la renta completamente equitativo: todos los habitantes cuentan con la misma renta. Por el contrario si es 1, quiere decir que el reparto es completamente desigual y solo una persona concentra toda la renta de la economía. En el caso de Chile el valor del índice para el año 2015 fue de 0,45. Esto quiere decir que presenta un 45% de desigualdad en la distribución de la riqueza.
En esta línea, la CEPAL estimó que el 1% de la población más rica de Chile es dueña del 22% de los ingresos y riquezas nacionales. Ostentando, de esta manera, el segundo puesto de la región en el que el 1% más rico participa en una mayor cantidad de los ingresos y recursos totales del país, superado únicamente por Brasil.
Y es que la poca capacidad estatal de redistribuir los ingresos y las rentas creadas en el país sale a la luz en su propio sistema impositivo. El Impuesto al Valor Añadido (IVA) constituyó el 55,8% de los ingresos tributarios del país el año pasado. El inconveniente de esta estructura recae en el IVA como tributo regresivo. Y esto porque al ser aplicado el mismo tipo impositivo tanto a las rentas más bajas como a las más altas, la carga que implica sobre las rentas menores es mayor pues consumen un porcentaje mayor de su renta total.
Como contraparte a unos ingresos limitados (y poco redistributivos) se encuentra un gasto público también limitado. Si bien en los últimos años el porcentaje que supone en el PIB el gasto en educación y sanidad se ha visto incrementado, otros datos muestran la preponderancia del sector privado en ambos ámbitos.
Así, la educación pública ha ido disminuyendo el número de matriculados a los largo de los años. Se ha pasado de 1.713.487 de inscritos en el sistema público en 2002 a los 1.142.672 alumnos de 2017. Por su parte el sistema privado de educación ha visto aumentados sus estudiantes pasando de 1.537.402 a 1.892.813, para el mismo período.
Por otro lado, el gasto en sanidad ha sido durante los últimos 20 años mayor por parte del sector privado que del público. Sin embargo, por primera vez en ese período de tiempo el gasto público en sanidad aumentó en 2019 y superó por muy poco al privado: 0,11 puntos porcentuales. Aun así, el gasto privado (49,94% del gasto total en salud) recoge un amplio 33% que sale directamente de los bolsillos de los chilenos. Arrojando datos como que para el año 2016 el 14,6% de la población se desembolsaba más de un 10% de sus ingresos en gastos relacionados con la salud. Además, Chile es el país de la región que mayor gasto per cápita privado en sanidad presenta.
En definitiva, por un lado, Chile ha sabido gestionar sus grandes índices y valores económicos, pero parece haberse olvidado de la desigualdad inherente a su propia organización. El sistema tributario y la fuerte participación del sector privado en sectores básicos como la salud y educación acrecientan aún más esa brecha. Ciertos aspectos quedan limitados por la actual Constitución, redactada y aprobada en la dictadura de Pinochet. La posibilidad de ahondar en un avance en la equidad se verá la cara con los chilenos el próximo 25 de octubre.
