Ante las nuevas restricciones por parte de Argentina, las compañías aéreas IATA y ALTA y JURCA solicitan que se eviten las decisiones unilaterales y a corto plazo que puedan afectar a los trabajadores y pasajeros

Las compañías aéreas exigen reunirse con el Gobierno argentino por el “virtual cierre de fronteras”

PHOTO/AP - Viajeros con máscaras protectoras miran un teléfono en el aeropuerto de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, el viernes 13 de marzo

El Gobierno argentino confirmó, el pasado viernes, las nuevas medidas fronterizas que mantendrá hasta el próximo 9 de julio. La nueva variante Delta de coronavirus ha incentivado la creación de nuevas restricciones sanitarias, que, en esta ocasión, afectan a las fronteras aéreas del país. 

Según confirman fuentes del Gobierno, esta medida trata de minimizar la circulación y difusión de la variante Delta de coronavirus. Las empresas advirtieron de la posibilidad de que algunos ciudadanos argentinos “queden fuera del país” ante este cierre aéreo.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) manifestó su descontento con la medida. Su vicepresidente regional para las américas, Peter Cerdá, emitió un comunicado donde instaba al Gobierno a reunirse con los principales afectados y alternado de los riesgos de esta decisión. 

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“La nueva reducción de 70% en el número de pasajeros internacionales que puedan llegar diariamente al país, obligará a las aerolíneas a dejar en el extranjero a miles de pasajeros, principalmente ciudadanos y residentes argentinos, sin que ellos tengan la culpa”, concluyó Peter Cerdá de la IATA.

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de transporte aéreo (ALTA) también expresó su incertidumbre ante las nuevas restricciones, la falta de certezas deja dudas abiertas sobre cómo se distribuirán las plazas, y será el pasajero quien sufra las consecuencias. En su comunicado, ALTA llamaba a conversaciones con el Gobierno de Argentina para evitar medidas unilaterales y a corto plazo que afecten a los trabajadores y pasajeros.

La última de las asociaciones aéreas en manifestarse ha sido JURCA, esta cámara agrupa a las compañías aéreas que trabajan en Argentina. Mediante un comunicado denunció el “virtual cierre de fronteras” indicando que la decisión “intempestiva” obligó a “cancelar y/o reprogramar parte de sus vuelos previstos para lo que resta del mes de junio y parte del mes de julio, en función de las autorizaciones recibidas hasta el momento”.

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Según Felipe Baravalle, director ejecutivo de JURCA, esta medida ha cogido por sorpresa a pasajeros y aerolíneas que ven como el número de vuelos se reduce aún más “tengamos en cuenta que antes de la pandemia teníamos aproximadamente 155 aterrizajes internacionales diarios en todo el país y hoy pasaremos a tener 3 aterrizajes diarios, casi un 2% de lo anterior”.

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, defendió las nuevas restricciones al sostener que privilegian “la actividad interna y a los argentinos que se tienen que vacunar”.

Carignano afirmó que “no es un problema que alguien vuelva más tarde de sus vacaciones”, reconociendo que “son medidas antipáticas, pero nos toca esta situación”. Y recalcó que “si esto sigue así, las medidas van a continuar en julio y agosto”, pero va a depender “del avance de la vacunación”.

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Limitaciones

Con las nuevas restricciones, a partir de este lunes, 28 de junio, sólo podrán ingresar 600 pasajeros al país argentino por vía aérea y el resto de las fronteras permanecerán cerradas para no residentes.

También se informó que continúan suspendidos los vuelos provenientes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chile, Brasil, India, países africanos, y Turquía 

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Además, se ha establecido que las personas que “regresen del exterior entre el 1° de julio y el 31 de agosto, están obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante 10 días, contados desde el testeo realizado en el país de origen”.

El Gobierno ha anunciado que controlará el cumplimiento del período de aislamiento domiciliario y que, en el caso que no se cumpla, optarán por la vía judicial, invocando los artículos 205 y 239 del Código Penal, “por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad”, que contemplan penas de prisión de 6 meses a 2 años y de 15 días a 1 año, respectivamente, según afirma el Diario de Cuyo.

Coordinador América Latina: José Antonio Sierra. 
 

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