Damasco impulsa mejoras salariales y de pensiones
El presidente de Siria, Ahmad Al-Sharaa, firmó el Decreto No. 102 de 2025, que aumenta en un 200 % los sueldos y pensiones del sector público. El objetivo es aliviar la difícil situación económica de una población que, según la ONU, vive mayormente bajo el umbral de pobreza. Sin embargo, este aumento podría afectar negativamente a una economía, que ya se encuentra en una situación frágil.
Contexto
La caída del régimen de Bashar Al-Asad en diciembre de 2024 abrió una nueva etapa para Siria, marcada por la esperanza de una transición hacia la democracia y la reconstrucción del país. No obstante, la realidad ha sido compleja y desafiante.
Después de 14 años de conflicto, más de la mitad de la población sigue desplazada, ya sea dentro del país o en el extranjero. Según las Naciones Unidas, 16,7 millones de sirios - tres de cada cuatro - necesitan ayuda humanitaria. La pobreza extrema ha aumentado dramáticamente, pasando del 11 % antes de la guerra a un alarmante 66 % en la actualidad, mientras que la tasa de pobreza general se ha triplicado hasta llegar al 90 %. El colapso de servicios básicos, como la salud y la educación, la destrucción de un tercio de las viviendas, y la falta de empleo para uno de cada cuatro trabajadores profundizan la crisis humanitaria y social.
Desde el punto de vista económico, la recuperación es una carrera contra el tiempo. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula que, al ritmo actual de crecimiento anual del 1,3 %, Siria tardaría más de cinco décadas en volver a niveles previos al conflicto. Para alcanzar una recuperación completa se requeriría un aumento anual cercano al 14 %. Esto demanda no solo estabilidad política, sino reformas profundas, coordinación institucional, inversión extranjera y un robusto plan de reconstrucción valorado entre 250.000 y 400.000 millones de dólares.
Sueldos y pensiones
El pasado 21 de junio de 2025, el Gobierno interino de Siria, liderado por el presidente Ahmad Al-Sharaa, emitió un nuevo decreto que establece un aumento del 200 % en los salarios y pensiones de los empleados públicos y pensionistas. Según el decreto presidencial, el salario mínimo mensual para los empleados públicos se incrementa a 750.000 libras sirias, unos 75 dólares, triplicando así el monto previo, que rondaba los 250.000 SYP (25 dólares).
Algunos informes señalan que el aumento salarial llegó después de que se completara una reorganización de los ministerios, cuyo objetivo era hacer más eficiente el trabajo del Gobierno y garantizar mayor transparencia. Si esto es correcto, el aumento podría ser parte de un plan más amplio para reformar el funcionamiento del Estado, tras años de corrupción y de la existencia de miles de “empleados fantasmas” - personas que cobraban sueldos sin realizar trabajo alguno, una práctica común bajo el régimen de Al-Asad. De hecho, se estima que hasta 400.000 nombres ficticios están siendo eliminados de las nóminas gubernamentales.
Podría decirse que esta reforma también presenta un esfuerzo del Gobierno de transición por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, así como fortalecer la legitimidad del Ejecutivo.
Financiación
En mayo, el ministro de Finanzas sirio, Mohamed Barnieh, anunció que Qatar contribuiría al pago de ciertos sueldos del sector público. El acuerdo, que podía extenderse, contemplaba una ayuda mensual de 29 millones de dólares durante tres meses destinado a cubrir “salarios en los sectores de salud, educación, asuntos sociales y pensiones no militares”, según se había informado. Barnieh indicó que la ayuda sería gestionada por el PNUD y cubriría aproximadamente una quinta parte de los sueldos y salarios actuales.
Para financiar este aumento, el Gobierno planea utilizar ingresos del presupuesto estatal, ayuda financiera proveniente de países de la región, nuevas inversiones internacionales, y la liberación de activos sirios congelados en el extranjero tras la caída del régimen anterior.
Riesgos y preocupaciones
Aun con objetivos que pueden considerarse legítimos, existen crecientes preocupaciones, especialmente en torno a dicha financiación y su posible impacto en la ya agravada crisis económica del país.
Inyectar más dinero en la economía sin un respaldo productivo adecuado suele traducirse en un aumento generalizado de los precios. Por ello, si el incremento de sueldos no se acompaña de un crecimiento real en la producción y una mejora en la oferta de bienes y servicios, podría desatarse una nueva ola inflacionaria.
La sostenibilidad financiera de estos aumentos es también incierta. El presupuesto público enfrenta grandes déficits, y las inversiones extranjeras permanecen bajas debido a las sanciones occidentales. La ayuda internacional, aunque significativa, no representa una solución definitiva para el país. Por tanto, el financiamiento de estos incrementos dependerá de la capacidad del Estado para gestionar sus recursos en medio de estas limitaciones.
A esto se suman las dificultades estructurales de la economía siria. La producción local sigue siendo débil, existe escasez de liquidez, las exportaciones han caído drásticamente y la inestabilidad política y territorial limita la inversión y el desarrollo de sectores clave. La infraestructura, dañada tras años de conflicto, sigue siendo deficiente, mientras que la escasez de mano de obra cualificada y el acceso limitado a los recursos energéticos dificultan la recuperación económica. Además, la libra siria permanece altamente inestable y devaluada, con un mercado paralelo en el que se utilizan monedas extranjeras como el dólar estadounidense o la lira turca en algunas regiones, lo que complica aún más la política monetaria.
Otro riesgo que podría derivarse es el aumento de la brecha entre empleados públicos y trabajadores del sector privado, quienes no recibirán incrementos salariales equivalentes. Esta desigualdad podría subir el precio de productos y servicios dependientes del sector privado.
