Hace poco más de una semana que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sacaba a la luz un informe en el que dejaba entrever las proyecciones de las diferentes medidas tomadas por los gobiernos de todo el mundo para intentar frenar la hecatombe económica provocada por la pandemia mundial. En el caso mexicano, el organismo internacional alentaba al país a aumentar los estímulos fiscales para paliar los efectos de la crisis.
México, la segunda economía más grande de Latinoamérica y la cuarta del continente, se ha visto golpeada duramente por la pandemia de la COVID-19. Con cerca de 80.000 muertes por coronavirus, se ha convertido en el cuarto país del mundo en número de muertes registradas por la enfermedad. El impacto de la pandemia también se ha podido apreciar en el ámbito económico donde, según estimaciones del FMI, se han perdido cerca de 12 millones de empleos y se espera que la economía caiga un 9% respecto al año pasado.
Al inicio de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un paquete de medidas basadas en la limitación del gasto. Su objetivo: no endeudarse. Comenzaba así una senda de políticas de austeridad a la que sigue aferrándose y por lo que el FMI le ha dado un toque de atención. A todo ello se le suman los recientes recortes en ciencia e investigación que se aprobaron el miércoles pasado en el Senado de la República por valor de 68.000 millones de pesos (cerca de 3.100 millones de dólares) y aludiendo a supuestas corruptelas en su distribución.
Bajo este panorama surgen las conclusiones presentadas por el FMI para la economía mexicana y le instan a aumentar el gasto en estímulos en torno al 2,5 y 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Hasta ahora dichos estímulos han supuesto un 0,7% del PIB mexicano, fundamentalmente proveniente de un aumento en el gasto de salud y de ayudas directas a los hogares y empresas, según el FMI. Relacionado ello con una de las medidas estrella del Gobierno: créditos de 25.000 pesos, cerca de 1.170 dólares, a tasas de interés blandas. Sin embargo, para mediados de junio, cuando ya se puso fin a las ayudas, solamente 192.000 de los 645.102 patrones elegibles fueron seleccionados, como recoge El País siguiendo los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. En comparación con las otras economías emergentes presentes en el grupo G-20, México está muy por debajo de la media en este tipo de gastos generados por la COVID-19 y que ronda el 3%.
Así, ¿cuál es la solución más acertada? Diferentes países de la región como Chile y Perú han querido guardarse sus espaldas y han solicitado al FMI formar parte de los países con acceso a lo que se conoce como Línea de Crédito Flexible (LCF) del organismo, del que ya forman parte México y Colombia. Su funcionamiento se basa en una especie de colchón financiero para los países con acceso a dicha línea de crédito que a cambio de un pago anual tendrían acceso a las cantidades acordadas con el FMI en períodos que le sean necesarios, como una prolongación de la crisis derivada por la COVID-19. Una vez concedidos, los países tendrían que devolver el préstamo en un período comprendido entre los 3,25 y 5 años.
Únicamente son estos cuatro países los que cuentan con esta ayuda del FMI. México es el país que cuenta con el mayor monto a su disposición: 61.000 millones de dólares, seguido de Chile, con 24.000 millones y alrededor de 11.000 millones para Perú y Colombia.
A pesar de esta herramienta bajo su poder, López Obrador no tiene intenciones de aumentar la deuda por la vía que le ofrece el FMI, aunque tampoco por otra. Su intención continuará basándose en el recorte del gasto público. Sin embargo, según previsiones del FMI, estas decisiones no restarán el nivel de deuda contraído por las arcas públicas mexicanas. Todo lo contrario, llegará al 65% del PIB, un aumento de casi 12 puntos porcentuales respecto a la deuda contraída en el año 2019. Un aumento de la deuda que no se basa en inversiones en estímulos. Sin duda, un escenario complicado para la Administración López Obrador.
