La crisis económica actual de Egipto es la más grave de su historia reciente. Por ello, el Gobierno está dando luz verde a todas las iniciativas posibles que favorezcan la inversión de los gigantes nacionales y de empresas extranjeras. Tal es la presión que soporta el país, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) insinuó al Gobierno egipcio que de no producirse cambios en la economía nacional serían declarados en bancarrota. El crecimiento de la deuda pública, que ha aumentado a 163.000 millones de dólares, equivalentes al 93% del PIB del país, y los compromisos económicos de este con aliados, como el préstamo de Arabia Saudí de 13.000 millones de dólares, con la decisión de intervenir para apoyar al Estado egipcio, es la principal preocupación de los dirigentes.
En los últimos diez años, Egipto ha recibido alrededor de 92.000 millones de dólares en ayuda de las naciones del Golfo, pero esta cantidad ha disminuido significativamente en los últimos años. Arabia Saudí anunció que ya no brindaría ayuda sin condiciones, ya que busca disminuir la dependencia del Reino del petróleo y promover sus propios intereses, influencia y beneficios. Criticó las acciones de Al-Sisi, megaproyectos ostentosos como la nueva capital administrativa fuera de El Cairo y la participación de los militares en la economía.
La crisis es tan severa que la libra egipcia ha perdido más de la mitad de su valor con relación al dólar en menos de un año, y el 11 de enero alcanzó su valor más bajo: 32 libras por un dólar estadounidense. Ante esta situación, el Ejecutivo espera que el paquete de medidas dispuesto para que entre en vigor en poco tiempo reconduzca la situación. Como eje central para el reflote de la economía nacional, la Administración liderada por Al-Sisi ha decidido dedicar todos sus esfuerzos en mantener al área del Canal de Suez como uno de los principales focos de inversión.
El ingreso de nuevas compañías tanto de Bahréin como de Arabia Saudí en la zona es un claro indicador de que para los empresarios la situación es temporal. “La monetización de los activos estatales es la clave para la resolución de la crisis, y esto exige un tipo de cambio real y flexible, es decir, una mayor liberalización de la libra”, afirmó a Al-Arab, Bahaa al-Adly, jefe de la Asociación de Inversores Badr en el este de El Cairo. En la misma línea, declaró que el país no comprometerá su futuro para revertir cuanto antes la situación, sino que se darán “pasos cortos y firmes” para no ocasionar desequilibrios que pudieran ocasionar efectos no deseados.
El Gobierno ha decidido tomar esta postura ante la crisis económica ya que, según Al-Adly y el primer ministro Mostafa Madbouly, el agravio de la situación viene dado por la canalización de préstamos a corto plazo para proyectos a largo plazo, que, por causas externas, como fue la pandemia hace unos años y la guerra de Rusia y Ucrania en la actualidad, han sido paralizados y algunos han sido suspendidos. Para lidiar con la situación el Ejecutivo tiene varios planes de acción que se activarían de forma simultánea gracias a la confianza de los inversores.
La creación de una región económica del tipo Silicon Valley sería el fin último de Al-Sisi. La economía del país depende en gran parte de dos áreas: el Canal de Suez y el “Triángulo de Oro” que comprende las zonas de Hamrauin, Al-Nuseir, Marsa Alam, Al-Alaqui y Sur de Shalateen. Dentro de dichas regiones encontramos una subdivisión en 18 zonas, de las cuales tres están bajo jurisdicción de la Autoridad General de Inversiones, ocho bajo el dominio de entidades privadas que tienen sus sedes y fábricas en esta, y siete sujetas al poder estatal bajo agencias gubernamentales. La concentración de la economía en estas zonas es el objetivo de El Cairo.
El Estado está poniendo mucha fe en estas zonas para atraer inversiones, particularmente del Golfo, porque el sistema de zonas económicas especiales ofrece incentivos y garantías, incluida una tasa única para el impuesto sobre la renta personal estimada en 5%, algo que resultaría ventajoso para los inversores. Además, ofrece servicios generales al inversionista, una administración aduanera integrada, una división tributaria, una unidad para resolver disputas de inversionistas, un centro de licenciamiento de proyectos y ventajas fiscales para proyectos ubicados en zonas económicas. El Gobierno está tratando de acelerar y romper su lentitud como uno de los refugios más importantes para atraer inversiones del Golfo, un fuerte indicador de la dirección de Egipto en términos de perspectivas de crecimiento a largo plazo y oportunidades de inversión para los negocios.
Una vez que se cumplan los objetivos de este programa, seguirán las inversiones del Golfo, y posiblemente europeas y egipcias, lo que mejorará significativamente el clima empresarial de la nación. Para evitar que los inversionistas pierdan su tiempo, dinero y energía para obtener lo que quieren, el Gobierno ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra los procedimientos que son complicados y para reducir la burocracia. Debido a la intensa competencia en el mundo árabe, donde naciones como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han intensificado sus esfuerzos para atraer inversiones directas, Egipto está bajo presión para crear un entorno económico y ofrecer servicios a los inversores.
El país egipcio todavía ofrece muchas oportunidades de inversión y seguirá siendo un refugio seguro para las empresas del Golfo, según Abdel Meguid Hassan, miembro de la Asociación de Inversores de Alejandría, como señaló al Al-Arab. Desde el establecimiento del fondo soberano de riqueza de Egipto, afirmó, “ha quedado claro que hay sectores prometedores para la inversión en el país, especialmente para los inversores árabes, como la educación, la atención médica y la alimentación”. Hassan instó al Gobierno a implementar una serie de medidas para acelerar el flujo de inversiones del Golfo, como poner fin a la concesión de licencias para nuevos proyectos y la costumbre de otorgar licencias de oro para proyectos importantes.
Además, estima que se requiere una mayor privatización del mercado para competir de manera justa con las empresas estatales. Según él, el Documento de Política de Bienes del Estado se ha activado significativamente para lograrlo. Con el fin de recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares de la venta de activos antes de finales de este mes, el Gobierno comenzó a vender activos estatales a inversionistas privados antes de fines del año fiscal actual, que es antes de junio. Esto está en línea con el compromiso de El Cairo de alcanzar un objetivo de 2.500 millones de dólares para junio de 2023 en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
