Túnez presenta sus nuevos presupuestos y UGTT los rechaza amenazando con “ocupar las calles”
La brecha entre el Gobierno y la población tunecina continúa agrandándose a medida que pasa el tiempo. Ni la abstención en el referéndum sobre la Constitución unilateralmente redactada por el presidente Kais Saied, ni la propia en las elecciones legislativas ha servido para que el Ejecutivo escuche a la sociedad. Ahora, con el anuncio de los nuevos presupuestos para 2023, el descontento vuelve a inundar las calles tunecinas y desde la central sindical de Túnez, UGTT, hablan de protestas masivas y “ocupar las calles” para mostrar su rechazo a los presupuestos anunciados por el ministro de Finanzas, Sihem Boughdiri.
La crisis financiera que atraviesa Túnez ha dejado la inflación por encima del 10% y un déficit presupuestario del 7,7% del producto interior bruto (PIB). El objetivo de cara al año que viene es mejorar estos datos aportados por el ministro Boughdiri reduciendo el déficit, al menos un 2,5%, dejándolo alrededor del 5% del PIB. No obstante, para conseguirlo, dice, es necesaria una subida de impuestos que no ha sentado nada bien en el sindicato más importante del país. De hecho, la subida contributiva no será suficiente y se espera que Túnez reciba un préstamo de unos 23.500 millones de dinares – algo más de siete mil millones de euros –.
Pero eso no es lo único de lo que deberá echar mano el Gobierno tunecino para sacar adelante los presupuestos del 2023. También se va a buscar financiación en el extranjero por valor cercano a los cuatro mil millones de euros y otros tres mil millones adicionales procedentes de bancos locales. Sin embargo, la vía de recaudación más polémica es la ya mencionada subida de los impuestos, que afecta a varios sectores de la economía, comenzando por un nuevo impuesto sobre los activos inmobiliarios cuyo valor supere los tres millones de dinares – casi un millón de euros –.
A esto hay que añadir un impuesto del 20% a los pagos en efectivo de más de cinco mil dinares, que espera una importante recaudación, así como la aportación de un préstamo de rescate de 1.900 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional. Todo ello con el objetivo de lograr un crecimiento del PIB que alcance el 1,8%, y el cálculo de un precio de 89 dólares el barril de petróleo. A pesar de todo ello, el ministro, en su declaración ante los periodistas, aseguró que el próximo será “un año muy difícil” y que la inflación, al menos de momento, seguirá aumentando.
Todas estas medidas anunciadas por Sihem Boughdiri han sido recibidas de forma muy negativa en la sociedad y, particularmente en el seno de UGTT, sindicato con más de un millón de miembros. Su presidente, Noureddine Taboubi, ha asegurado que “no aceptarán esta situación” y que “ocuparán las calles para defender sus elecciones y los intereses de la gente”. Taboubi tilda el Ejecutivo de Saied como “un gobierno recaudador de impuestos” y considera que la Ley de Finanzas “aumenta el sufrimiento de los tunecinos”, señalando también al aumento de los impuestos para varias profesiones como abogados o ingenieros del 13 al 19%.
No se debe olvidar que el anuncio de estos nuevos presupuestos viene precedido de una subida del precio del agua potable – la previsión es que siga aumentando el año que viene – así como el del combustible, debido en buena parte a la crisis energética que atraviesa el país. UGTT no ha sido el único que ha mostrado su férreo rechazo a los nuevos presupuestos. Los abogados tunecinos han emitido un comunicado en el que amenazan con “una desobediencia fiscal”. Lo que han dejado claro en varias ocasiones desde la sociedad tunecina es que son capaces de paralizar la economía a través de huelgas, por lo que desde el Gobierno deberán buscar el consenso o la brecha con la población será de no retorno.
