Argelia: el ánimo sindical decae ante el Parlamento
El Gobierno argelino decidió aprobar esta ley, dejando atrás las presiones y críticas de los sindicatos argelinos, que incluso pidieron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que interviniera en los asuntos del país. Los sindicatos argelinos han acusado a los diputados de aprobar la Ley de Prácticas Sindicales y Derecho de Huelga en el actual borrador elaborado por el Gobierno, y consideran que su aprobación es un incumplimiento de los derechos. La libertad sindical se ha ganado en una lucha durante las últimas décadas. Los sindicatos criticaron la “exclusión de sindicatos y trabajadores de la redacción del proyecto de ley” por parte del Ejecutivo y pidieron al presidente Abdelmadjid Tebboune que retirara el proyecto de ley debido a sus efectos sobre los derechos de la clase trabajadora y la estabilidad social.
Argelia está experimentando tensiones sociales por una ley que extiende la prohibición de huelgas a otras industrias, restringiendo las actividades sindicales y aislando las actividades sindicales del Gobierno. Esto es una preocupación para los activistas, especialmente dadas las restricciones a los sindicatos, que el Ministerio del Interior está tratando de adaptar a la normativa vigente. Argelia ocupa el puesto 134 entre 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa publicado por Reporteros sin Fronteras (RSF). RSF también condenó el marco regulatorio cada vez más “restrictivo”. Una reforma al Código Penal aprobada en 2020 prevé una pena de prisión de uno a tres años por el delito de difusión de “información falsa” e “incitación al odio” con el fin de atentar contra la “seguridad y el orden nacional”.
El sindicato dijo en un comunicado que “coincidió en la necesidad de aumentar la movilización masiva en cada nivel del sindicato para concientizar sobre la seriedad de ambos proyectos para el futuro de las personas”. “Exigen el fin a la ambigüedad que rodea a las leyes relativas al sector sindical”, se apuntó en la nota. El Sindicato de la Salud expresa: “Además de la restricción directa a la libertad de actividad sindical por parte de la nueva ley que define las condiciones de trabajo de los sindicatos, existe otra ley que no es menos peligrosa, pues se considera que es una restricción al principio constitucional fundamental derecho de los ciudadanos, que es el derecho de huelga”.
Los sindicatos han apoyado anteriormente protestas populares en 2019, y su movilización laboral a menudo se asocia con algún interés político. Fuentes del Sindicato no descartan la posibilidad de convocar movimientos en contra del proyecto, en caso de que el Gobierno insista en aprobarlo en su forma actual y los diputados desatiendan su pedido, este no se aprueba. El Frente de Fuerzas Socialistas (oposición de la izquierda) manifestó recientemente su apoyo al llamado a la constitución de sindicatos independientes y pidió la “revocación inmediata de dos leyes sobre el ejercicio de los derechos sindicales y el derecho a la sindicalización”.
Por otro lado, el legislador está a la espera de comenzar a trabajar en una nueva ley de medios, que los reporteros locales en el país han llamado “el fin del periodismo” debido a las regulaciones restrictivas que introdujo la normativa legal para cubrir el ajuste de carrera y terminarla. Sin embargo, es sorprendente que la cuenta de los medios se mencione más oportunidades para discutir la Asamblea Nacional, que invita a expertos a un diálogo sobre el contenido del proyecto de ley, lo que causa preocupaciones entre los editores, periodistas y personas interesadas en la libertad del registro de la prensa.
Informes locales señalaron que “las discusiones y críticas se dirigen hacia varios puntos problemáticos y ambiguos, e incluso entre ellos están los que eliminan la profesión de periodista, en caso de que entre en vigor, como es el caso del artículo 21, que obliga que toda noticia publicada y difundida por un medio de comunicación incluya el nombre de su titular o mención”. A su fuente original, así como el artículo 27, que habla de que el secreto profesional es un derecho de los periodistas de acuerdo con la legislación y normativa vigente, sin atender al secreto profesional ante el poder judicial.
