Raúl Redondo
Pie de foto: El Tribunal Supremo de Venezuela llamó el lunes a Juan Guaidó para retirarle su inmunidad legislativa. REUTERS/Iván Alvarado
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) juzgue al líder opositor Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. La decisión la anunció el presidente de esta asamblea, Diosdado Cabello, quien explicó que hubo unanimidad en la Cámara para despojar a Guaidó de su inmunidad parlamentaria. El anuncio fue realizado un día después de que el presidente del TSJ, Maikel Moreno, solicitara a la ANC "el allanamiento a la inmunidad" de Guaidó por desacato a la autoridad.
Lejos de amedrentarse, Guaidó, por su parte, anunció que seguirá en la “lucha” a pesar de esta amenaza. “No va a ser la violencia la que nos detenga”, aseguró el presidente interino, quien avisó que no van a salir de la senda del trabajo, aunque se atrevan a ir a “secuestrar”. "Es simplemente la respuesta política de unos cobardes que no pueden dar respuesta", dijo Guaidó.
El decreto aprobado por la ANC apela al artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el que se indica que los diputados tienen inmunidad y que de sus presuntos delitos conocerá “en forma privativa el TSJ, única autoridad que puede ordenar, previa autorización de la ANC, su detención y posterior enjuiciamiento”.
Esta causa se abre por la violación de Guaidó de la anterior sentencia del TSJ contra él que le prohibía salir de Venezuela, de la que hizo caso omiso para realizar una gira por diversos países latinoamericanos como Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, destinos en los que fue recibido como presidente legítimo de Venezuela en detrimento del Ejecutivo chavista de Nicolás Maduro. Momento en el cual Guaidó también apeló a continuar la lucha y no acobardarse, proclamando que están “más unidos y fuertes que nunca”.
EEUU en esa ocasión alertó ante una posible detención de Guaidó advirtiendo de represalias contra el Gobierno de Maduro si eso ocurría. “Cualquier amenaza, violencia o intimidación contra Guaidó no va a ser tolerada y se va a encontrar con una respuesta rápida”, aseguró Mike Pence, vicepresidente del Gobierno estadounidense.
Inhabilitación para cargo público
Ya la semana anterior Juan Guaidó fue inhabilitado durante los próximos 15 años para ejercer cualquier cargo público, lo cual anunció el controlador de la República Bolivariana, Elvis Amoroso, tras haber encontrado “inconsistencias” respecto a la falta de concordancia entre el nivel de gastos y de ingresos del presidente interino.
Un Guaidó que es presidente encargado de pilotar el deseado próximo proceso electoral en Venezuela tras invocar el pasado enero la Constitución para obtener este estatus. Después de lo cual ha llegado a recibir el reconocimiento oficial de más de 50 países, con EEUU a la cabeza, con el objetivo de descabalgar del poder a Nicolás Maduro y abrir un nuevo proceso democrático tras no reconocer el último resultado electoral que aupó a Maduro al poder por entender que estaba manipulado, considerando al presidente de Venezuela un “usurpador” del cargo.
Pie de foto: El líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien muchas naciones han reconocido como el legítimo gobernante interino de Venezuela. REUTERS/Iván Alvarado
El presidente interino también quiso lanzar un mensaje a las Fuerzas Armadas de su país para que se unan al proceso democratizador en Venezuela y dejen de apoyar al Gobierno de Nicolás Maduro. “Ser cómplices de una decisión al margen de nuestra Constitución tendrá consecuencias”, dijo Guaidó en la red social Twitter en alusión al levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Incluso Guaidó llegó a reconocer hace unos días la posibilidad de invocar el artículo 187 de la Constitución, que posibilita ante una crisis justificada “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. Aunque, en este caso, el anuncio tuvo que ver con la falta de llegada de ayuda humanitaria por el bloqueo impuesto por la administración de Nicolás Maduro, a pesar de las dificultades económicas que vive el país con desabastecimiento de artículos de primera necesidad y cortes continuos de luz y agua.
