“Finanzas” y “Minería”: ¿acabará el Gobierno “tecnócrata” con la vigencia del Acuerdo de Juba en Sudán?
Kamel Idris prometió formar un “Gobierno tecnócrata y no partidista”, cuyos miembros no pertenecerán a partidos políticos, representando así la voz de “la mayoría silenciosa”.
Recientemente declaró que formará un Gobierno con 22 ministros independientes y sin afiliación política, con el objetivo de abordar los problemas crónicos de Sudán, afirmando que el país necesita “hombres de Estado capaces de lograr desarrollo, estabilidad y colocar a Sudán entre los países avanzados”.
También señaló que el nuevo Gobierno lleva el lema “Esperanza”, con el mensaje de “garantizar seguridad, bienestar y una vida digna para cada ciudadano sudanés”, y que su visión es “elevar a Sudán al rango de las naciones desarrolladas”.
Sin embargo, la mayoría de los observadores consideran estas declaraciones como pura retórica, parte de una estrategia del Ejército para instalar un Gobierno civil fachada que encubra el poder militar que controla el país desde el golpe de octubre de 2021.
Conflicto en aumento
La intención de Kamel Idris de formar un Gobierno no partidista y revisar la representación de los movimientos armados firmantes del Acuerdo de Juba (2020), ha desatado una crisis entre las fuerzas aliadas al Ejército y la propia comandancia militar.
El Acuerdo de Juba establece que los firmantes del proceso de paz tienen derecho a: 3 miembros en el Consejo Soberano; 5 ministerios (equivalentes al 25 % del gabinete); y 75 escaños en el Consejo Legislativo Transitorio (25 % del total).
Según este acuerdo, el entonces primer ministro Abdallah Hamdok nombró a: Jibril Ibrahim, líder del Movimiento Justicia e Igualdad, como ministro de Finanzas; Mini Arko Minawi, líder del Movimiento de Liberación de Sudán, como gobernador de Darfur; además de dos ministerios adicionales para representantes de los movimientos.
Según filtraciones, los mayores desacuerdos se centran en los ministerios de Finanzas y Minería. Las intenciones de Kamel Idris han generado gran malestar en los movimientos: Justicia e Igualdad (de Jibril Ibrahim); y liberación de Sudán (de Minawi).
En la última reunión, se discutió la posición de estos movimientos en el nuevo gabinete, lo que generó fuertes tensiones, especialmente tras el retiro de Minawi del encuentro, al confirmarse los nombramientos de: Mohamed Al-Jakoumi, asesor del Partido Unión Democrática Original; y Abu Aqla Kikil, comandante de la milicia “Escudo de Sudán”.
Las fuerzas conjuntas expresaron su rechazo a la formación del nuevo Gobierno sin su consulta, y reafirmaron su derecho a mantener los ministerios que ya controlan.
Por otro lado, algunos movimientos principales mostraron flexibilidad hacia la propuesta de Idris, lo que sugiere una reconfiguración de alianzas dentro de los firmantes del proceso de paz.
Mohamed Sayed Ahmed Al-Jakoumi, líder de la ruta del norte, aseguró que el Acuerdo de Juba no especifica ministerios concretos para ningún grupo, sino solo un porcentaje (25 %), rechazando la idea de reparto anticipado de carteras.
Amenazas de guerra
El secretario político del Movimiento Justicia e Igualdad, Moatasem Ahmed Saleh, denunció una campaña coordinada contra el Acuerdo de Juba, afirmando que: “Acusarlo de ser un reparto étnico ignora que es fruto de una larga lucha por justicia e igualdad”.
A través de la red X, criticó que se tache la exigencia de mantener sus ministerios como “chantaje político”, calificándolo de interpretación maliciosa que busca debilitar a los actores periféricos y reinstaurar el dominio centralista. Dijo que eso equivale a anular el acuerdo de paz y lanzar una amenaza de guerra.
Afirmó que esa postura no construye un Estado, sino que reproduce la crisis y destruye lo poco que queda de estabilidad. Añadió que los movimientos firmaron el acuerdo para ser socios en la construcción del país, no meros invitados.
Escalada verbal y fractura política
Minawi acusó a ciertas partes de filtrar actas de reuniones y manipular los medios para “asesinar reputaciones”. Escribió en X: “Ese estilo cobarde no debe ser conducta de gobernantes. Quien quema los barcos creyendo haber cruzado, se engaña y se burla del pueblo”.
Según Sudan Tribune, Minawi celebró reuniones con el general Burhan para discutir el futuro de la asociación política, y declaró que “el reparto de poder no tiene sentido sin definir la naturaleza de la alianza”.
También se informó que varias fuerzas políticas aliadas al Ejército presentaron una queja formal al primer ministro Kamel Idris el 22 de junio, denunciando que no fueron consultadas antes del anuncio del nuevo Gobierno.
Partidos clave dentro de la Coalición Democrática acusaron a Idris de excluirlos, recordando que fueron los principales respaldos políticos del Ejército tras el golpe de 2021, y exigieron que: el nuevo Gobierno se concentre en servicios básicos y diálogo nacional inclusivo; y que no se favorezca a ningún bloque político sobre otro.
Raíces de la fractura
Estas divisiones reflejan un intento del Ejército de deshacerse de la carga de compartir el poder con los grupos armados. Uno de los sectores más críticos fue el bloque islamista, que consideró el nombramiento de Idris como una “puñalada por la espalda”.
El dirigente islamista Naji Abdullah expresó su rechazo en un video viral, afirmando que: el nombramiento no tiene valor simbólico positivo; Idris pertenece al campo de Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FFC), vinculado a Abdallah Hamdok.
Lo considera “igual o peor” que su antecesor. Cuestionó que posea un pasaporte estadounidense y resida en Suiza, lo cual lo aleja de las realidades del pueblo sudanés. Se preguntó por qué no se elige a un sudanés competente dentro del país.
El Movimiento Justicia e Igualdad, uno de los principales aliados armados del régimen, rechazó de inmediato el nombramiento, calificándolo de maniobra para burlar el acuerdo, y preguntando: “¿Qué ha hecho Kamel Idris por este país? No tiene historial de lucha ni merece liderar en esta etapa de sangre y sacrificio.”
