La COVID-19, la legalización del aborto y la reforma judicial han sido puntos fundamentales de la agenda del mandatario argentino

El complejo primer año de Gobierno de Alberto Fernández

photo_camera AP/NATACHA PISARENKO - El presidente argentino Alberto Fernández saluda mientras llega a pronunciar su discurso sobre el estado de la nación que marca la apertura de la sesión del Congreso de 2021

Hace poco más de un año, el 10 de diciembre de 2019, entraba Alberto Fernández junto con Cristina Fernández de Kirchner a la Cámara de Diputados, donde jurarían sus nuevos cargos como presidente y vicepresidenta de Argentina. Previamente, Alberto Fernández abrazaba al mandatario saliente Mauricio Macri en un gesto de distensión mientras que la expresidenta estrechaba fríamente la mano al que había sido su gran rival político durante cuatro años.

El peronismo regresaba a la Casa Rosada, gracias a una alianza amplia que abarcaba a todas las facciones de uno de los movimientos políticos más antiguos del país, y recibía de Macri un país sumido en una grave crisis económica, con una deuda externa desatada y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado.

Los datos eran desalentadores. La inflación se situaba en el 50%, la devaluación del peso acumulada en un 540%, cerca del 40% de la población en riesgo de pobreza, 11% de desempleo y la deuda en el 95% del PIB.

El segundo día de su Presidencia, Fernández anunció que apostarían por crecer primero para poder pagar la deuda contraída por el anterior Gobierno, y también por renegociar dicha deuda. El plan consistía en pedirle 24 meses de prórroga al FMI. El recién elegido presidente recalcó que tenía “la voluntad de pagar, pero no los medios para hacerlo”.

En el plano más político había ciertas expectativas ante un presidente que prometía unir a Argentina y cerrar la insalvable brecha entre peronistas y antiperonistas que parecía ser el motor que movía la política argentina durante las últimas décadas.

La pandemia trunca la recuperación

Los planes del presidente en lo económico se torcieron a raíz de la crisis sanitaria desatada por la COVID-19. En la actualidad los índices de pobreza están en el 44% y la moneda nacional hundida con una inflación registrada de 38,5% en el último año. Los datos oficiales estiman la caída del PIB en 2020 de un 10%, junto con Perú, la peor cifra de la región.

Atalayar_Vacuna Sinopharm Argentina

En cuanto a la renegociación de la deuda externa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, un joven experto en finanzas aprendiz del Nobel de Economía Joseph Stiglitz, consiguió una victoria al lograr un aplazamiento de los pagos con los acreedores privados y una pequeña rebaja de los intereses. Sin embargo, todavía no se ha llegado a un acuerdo con el FMI, aunque, según el portavoz del organismo internacional, Gerry Rice, las últimas conversaciones van bien encaminadas.

Esta semana, Fernández en el discurso de inicio de sesiones del Congreso anunció una querella criminal “para determinar quiénes han sido autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra historia recuerda”, en referencia al préstamo de 44.000 millones de dólares, lo que podría causarle serios problemas al expresidente Mauricio Macri.

Al no poder acceder al mercado de crédito, el Gobierno se ha visto obligado a emitir 1,2 billones de pesos, lo que ha generado un aumento de la inflación, incrementándose los precios un 4%.

Respecto al consumo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en 2020 cayó más de un 20%. Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), estima en un 14,9% la caída de las ventas en los comercios y una pérdida acumulada de 26,2% en 2020.

Para fortalecer las arcas del Estado y poder hacer frente a los efectos sociales y económicos del coronavirus, el Gobierno aplicará un impuesto extra sobre las grandes fortunas, una decisión que no fue bien recibida por las élites económicas del país. Con ello esperan recaudar 300 millones de pesos proveniente de los patrimonios superiores a 200 millones, es decir, aproximadamente 12.000 personas.

Atalayar_Vacunación Argentina

La COVID-19 ha dejado 52.192 víctimas mortales y actualmente hay 149.548 casos positivos. La buena noticia es que desde el inicio de la campaña de vacunación en diciembre se ha vacunado a 1.179.524 ciudadanos, de los cuales 873.347 han recibido la primera dosis y 306.177 las dos. 

La Sputnik V de la que han recibido 1.220.000 de los 20 millones acordados, fue la primera en ser utilizada en diciembre cuando empezó la vacunación. El Gobierno también tiene acuerdos para recibir dosis de AstraZeneca/Oxford y Sinopharm. Además, está adherido al mecanismo COVAX de la OMS, que ayuda a facilitar la adquisición de vacunas a países en desarrollo e incluso está en desarrollo una vacuna local, aunque hasta dentro un año y medio no se conocerá su viabilidad en humanos.

La vacunación eso sí, no ha estado exenta de polémica debido al llamado vacunatorio VIP, que destapó el periodista Horacio Verbitsky al contar que desde el Ministerio de Salud le ofrecieron vacunarse directamente. En total, 70 personas recibieron la vacuna antes de tiempo, entre ellos personalidades destacadas como el senador oficialista Jorge Taiana. Un escándalo que terminó con la dimisión del ministro de salud, Ginés González.

Ley del aborto, una de las promesas cumplidas

En 2018, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero rechazado en el Senado. Una de las promesas de campaña del tándem Fernández era volver a intentar aprobar una ley que suscitó mucho debate social y división en las calles y el Parlamento.

De nuevo la Cámara de Diputados dio el visto bueno el 11 de diciembre y el Senado en esta ocasión, en una votación menos reñida de los esperado, dio luz verde el 30 de diciembre con 38 votos afirmativos y 29 negativos. Una votación transversal en lo político ya que tanto miembros del oficialismo como de la oposición votaron a favor y en contra.

Posiblemente es el mayor éxito de Fernández hasta la fecha. Una promesa de campaña cumplida apenas un año después de asumir el cargo que pondrá fin a los 450.000 aborto clandestinos anuales que se estima había en Argentina.

El revuelo de la reforma judicial

En julio del año pasado Fernández levantó polémica al proponer la reforma de la ley judicial. El presidente aseguró que el objetivo era darle más independencia al poder judicial, institución muy mal vista por los argentinos a tenor de las encuestas.

Atalayar_Alberto Fernández

Sus detractores le acusaron de buscar poner fin a las causas que Cristina Fernández de Kirchner tiene pendientes. La vicepresidenta, por su parte, ha continuado la batalla contra el poder judicial al que acusa de “encabezar y dirigir” el proceso de ‘lawfare’, es decir, emplear abusivamente las instituciones judiciales para atacar a un oponente político bajo apariencia de legalidad.

Fernández ha defendido a su vicepresidenta, en una entrevista que concedió recientemente al periódico argentino Página 12 dijo que “quiere que haya un sistema legal que le permita probar su inocencia y no un sistema de persecución que no quiere escucharla”.

La reforma fue aprobada en el Senado en agosto y posteriormente pasó a la Cámara de Diputados, que congeló el debate hasta que la Corte Suprema se pronunciara a favor de la reforma.

La relación entre el Ejecutivo y el poder judicial cada vez es más tensa. Esta misma semana el presidente aseguró en el inicio de sesiones del Congreso que “el poder judicial está en crisis. Es el único poder que parece vivir en los márgenes del sistema republicano. La relación corporativa que los vincula ha hecho que permanezcan en sus cargos mucho más allá del límite de edad que la ley impone”, ante la atónita mirada de los jueces de la Corte Suprema que visionaron el discurso de forma virtual.

Recuperar el eje progresista

En el ámbito regional una de las acciones mas señaladas es el apoyo prestado a Evo Morales tras el golpe de Estado de 2019, al que acogió después de su estancia en México y al que terminó despidiendo en un pequeño acto en la frontera entre Argentina y Bolivia cuando el exmandatario boliviano regresó a su país tras la victoria del candidato de su partido Luis Arce en las elecciones presidenciales.

Atalayra_Alberto Fernández y Luis Arce

Uno de los objetivos de Fernández en política exterior es crear un nuevo eje progresista en América Latina, asunto que trató en su visita a México la pasada semana donde tuvo oportunidad de hablar de este y otros temas con su homólogo Andrés Manuel López Obrador. “Del país más norteño al más austral debemos ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente”, señaló.

Además, el presidente forma parte del llamado Grupo de Puebla, una organización que reúne a los líderes progresistas de la región, tanto actuales como antiguos mandatarios. Rafael Correa, Lula da Silva, Luis Arce y Andrés Arauz, entre otros.

Con los éxitos y dificultades, la popularidad del presidente argentino se mantiene en un 50%, eso sí, cifra que queda lejos del 80% de aprobación que tenía en abril de 2020 y con un 47% de rechazo. 

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