Cinco jueces del Tribunal Supremo del Reino Unido han dictaminado de forma unánime que, a la luz de las evidencias, existe un claro el riesgo de que los demandantes de asilo que sean enviados a Ruanda puedan ser deportados a sus países de origen, a los países de los que huyeron. Y aunque inicialmente un tribunal superior aseguró que se trataba de un plan legal, las ONG´s acudieron al Tribunal de Apelaciones que acabó anulando el fallo anterior y declarándolo ilegal por entender que Ruanda no es un país seguro para enviar a migrantes en situación irregular. Fue entonces cuando los servicios jurídicos de Downing Street recomendaron al Gobierno acudir al Supremo, que responde ahora con este revés.
La decisión de la Corte Suprema supone un importante varapalo para la política migratoria del Gobierno conservador, ya que el llamado “Plan Ruanda” que ideó Boris Johnson era clave para atajar el aumento de llegadas irregulares a Gran Bretaña. Pero además el fracaso de Rishi Sunak agravará previsiblemente las divisiones en el Partido Conservador, con un ala dura en pie de guerra después de ser destituida hace unos días la ministra del Interior. Poco antes de la sentencia del Tribunal Supremo, Suella Braverman acusaba a Sunak en su carta de despedida de incumplir sus promesas sobre las polémicas deportaciones e incluso de evitar incluir cláusulas en la norma que permitan esquivar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Recordemos que Sunak tomó la decisión de destituir a Braverman después de que ésta acusara a la policía de “doble rasero” y de favorecer a los manifestantes propalestinos.
El premier británico no tira la toalla y presentará un nuevo tratado con Ruanda
El fin justifica los medios. El argumento del Ejecutivo de Rishi Sunak es que el objetivo de su plan migratorio es acabar con las mafias que operan en el Canal de La Mancha, mientras que desde la oposición lo ven "inviable", "inmoral" y "poco ético". En un comunicado el primer ministro británico -que ve peligrar su plan migratorio- asegura que hará “todo lo posible para detener la inmigración ilegal” y no descarta tomar nuevas medidas judiciales. “Éste no era el resultado que queríamos, pero seguimos completamente comprometidos a detener los barcos”, ha dicho Sunak. Hay que recordar que, si el Gobierno británico pierde finalmente la batalla judicial, el ala dura del partido conservador podría pedir incluso salir de la Convención Europea de Derechos Humanos que detuvo el año pasado el primer avión con inmigrantes con destino al país africano. Fue otro duro revés para una de las medidas más controvertidas de la política migratoria de Boris Johnson.
Tras el varapalo judicial, Reino Unido no tira la toalla y anuncia que trabaja ya en un nuevo tratado con Ruanda que hará público en los próximos días, incluso no descarta cambiar las leyes del país para que tenga encaje y revisar las relaciones internacionales para que los vuelos puedan comenzar lo antes posible. En este sentido, el Gobierno británico se ha comprometido a ofrecer las garantías que ha pedido el alto tribunal. “Queda claro que nuestros marcos legales internos o las convenciones internacionales siguen frustrando los planes del Reino Unido”, ha añadido Rishi Sunak, insistiendo en la Cámara de los Comunes que el pueblo británico espera que el Ejecutivo haga todo lo necesario para detener de una vez por todas las pateras, especialmente aquellas pequeñas embarcaciones que llegan repletas de migrantes ilegales desde Francia y a través del Canal de La Mancha.
El premier británico ha declarado también que “la migración ilegal destruye vidas, cuesta a los contribuyentes millones de libras cada año” y aboga por ponerle fin. El líder conservador asegura además que los migrantes dejarán de intentarlo si Reino Unido endurece su política migratoria tal y como había previsto. Y ha llamado por teléfono a Paul Kagame, al presidente ruandés, para comunicarle que Reino Unido se compromete a tomar todas las medidas necesarias para garantizar una política “sólida y legal” que frene la llegada de pateras lo antes posible.
La medida pretendía disuadir a los migrantes en su intento de llegar al Reino y acortar la enorme lista de peticionarios de asilo, que alcanzó un nuevo récord en agosto de este 2023 con más de 175.000 solicitudes cursadas.
¿En qué consiste el acuerdo al que llegaron Reino Unido y Ruanda en Kigali?
Según explicó en 2021 la ministra británica de Interior, Priti Patel, se trata de “crear un mecanismo para la reubicación de los solicitantes de asilo en Ruanda, que acogerá o expulsará a las personas (según cada caso) tras analizar su solicitud”. En el momento de la firma de este acuerdo, allá por 2022, Boris Johnson se afanó en afirmar que estamos ante una “medida innovadora que ha sido posible gracias a las libertades del Brexit”. El acuerdo básicamente prevé que Ruanda reciba unos 144 millones de euros (120 millones de libras) a cambio de los inmigrantes, con posibilidad de ampliar esta cifra en función del número de personas deportadas. El país africano no tiene por qué quedárselos en calidad de refugiados, si no que puede enviar a los inmigrantes sin papeles de vuelta a sus países de origen aparcando su condición de solicitantes de asilo. Eso sí, el Gobierno británico prefiere hablar en todo momento de “reasentar” y no de “deportar”.
Las asociaciones en defensa de los DDHH hablan de violación de derechos
Numerosas organizaciones de derechos humanos se han mostrado en contra del plan del Gobierno británico desde el minuto uno, desde que se presentó en 2022 este polémico plan migratorio. Hablan de violación de las obligaciones de Reino Unido de asegurar los derechos de aquellas personas que solicitan asilo. Cada deportación es un “error que podría sentar precedentes” para el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Filipo Grandi. A la ONU se suman organizaciones como Human Rights Watch, que lamenta que Ruanda “no se puede considerar un tercer país seguro” teniendo en cuenta las sistemáticas denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos. O el director de Amnistía Internacional en Reino Unido, Sacha Deshmukh, que ha tachado en todo momento el plan de “cruel”, argumentando que lo único que han hecho las personas que podrían ser expulsadas es solicitar asilo en Reino Unido. “Un plan de abandono claro y vergonzoso”, afirman desde Amnistía Internacional, en un país (Ruanda) con casi 514.000 inmigrantes, lo que supone un 3,91% de la población.
La oposición al polémico Plan Ruanda ha llegado incluso a las altas esferas de la Iglesia Anglicana, con el enfado escenificado por una veintena de obispos que aseguran que esta política inmoral “avergüenza a Gran Bretaña”.
