Los partidos políticos marroquíes presentan sus propuestas para la reforma del Código Electoral
La reforma electoral de Marruecos busca aumentar la participación ciudadana, la transparencia financiera y la representatividad de los jóvenes y las mujeres
- Múltiples reformas
- Los tres desafíos de la reforma electoral
- Institución independiente y transparente
Las elecciones de septiembre de 2026 son un punto de inflexión para la historia político-democrática de Marruecos y una ocasión para revisar el código electoral y actualizarlo para proteger la credibilidad y aumentar la participación ciudadana.
Estos objetivos son compartidos por todos los partidos políticos marroquíes, que han sido invitados a reflexionar sobre las reformas y a enviar sus propuestas y recomendaciones para mejorar el ambiente electoral y recuperar la confianza de la población en las urnas.
En este sentido, el último discurso del Rey Mohamed VI, con motivo del aniversario de su acceso al trono, el pasado 30 de julio, instó a elaborar un marco global de codificación electoral estable, coherente y duradero que estructura eficientemente el proceso electoral.
El ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, ha mantenido consultas con los partidos políticos y los ha instado a presentar sus propuestas de revisión del marco electoral, destacando dos preocupaciones esenciales: aumentar la participación de los ciudadanos y atraer a élites jóvenes y competentes.
El conjunto de estas propuestas servirá de base a una reforma electoral ambiciosa, destinada a recuperar la confianza entre el ciudadano y las instituciones, concediendo al votante su verdadero poder de influencia.
Múltiples reformas
Entre las propuestas de reforma electoral se encuentran medidas como la inscripción automática de los votantes jóvenes, la redistribución territorial basada en el censo de 2024 y la creación de una institución independiente de gestión electoral.
En el marco de los preparativos de la cita electoral de 2026, decisiva para el futuro democrático de Marruecos, los partidos políticos están aún en la etapa de planificación estratégica y programación de sus campañas.
Entre las primeras propuestas de revisión del Código Electoral, algunos partidos abogan por un umbral electoral más alto en nombre de la estabilidad gubernamental, mientras que otros defienden el pluralismo político.
En paralelo, los grandes partidos reclaman una redistribución que consolide su base territorial, mientras que las formaciones más pequeñas luchan por mecanismos que garanticen su supervivencia política.
Más allá del juego político partidista que se ha comenzado a un año de las próximas elecciones, las reformas fundamentales previstas para la cita electoral de septiembre de 2026 versarían básicamente sobre los siguientes puntos clave:
- La modernización de las listas electorales mediante la integración biométrica.
- La revisión de la división electoral en función de la realidad demográfica actual.
- La transparencia de la financiación de las campañas.
- La creación de una institución independiente para supervisar el proceso electoral.
Los tres desafíos de la reforma electoral
El nuevo Código Electoral abordará cuestiones recurrentes como la participación de los marroquíes residentes en el extranjero, los métodos de votación, las fronteras electorales, el equilibrio entre zonas rurales y urbanas, el registro electoral y los procedimientos de votación conforme a las normas internacionales.
En esta línea, las formaciones políticas han arrojado luz, en medio de estos retos, sobre tres desafíos principales: la actualización tecnológica de las listas electorales, la redistribución territorial y el cociente electoral.
El primer desafío es la cuestión de las listas electorales, en las que se detectan numerosas irregularidades como las duplicaciones, las personas muertas aun no eliminadas, los emigrados inscritos y la desafección crónica de los jóvenes para la inscripción en las listas electorales y su falta de interés en votar.
En este caso, algunos partidos políticos han sugerido una revolución digital, vinculando las listas con los datos biométricos del Registro Civil y crear una plataforma nacional unificada de inscripción electrónica. De esta manera, el registro automático de cualquier ciudadano que alcance la mayoría de edad podría revolucionar la participación de los jóvenes en las elecciones y superar la crisis de participación de vive Marruecos actualmente.
El segundo desafío es la redistribución territorial. Dado que los preparativos para las próximas elecciones vienen en un contexto marcado por el anuncio de los resultados del censo de 2024, los actores políticos abogan por la utilización de sus datos para modificar la distribución territorial para las próximas elecciones.
Los partidos políticos abogan por esta reforma para actualizar la distribución según el censo de 2024, aumentando significativamente la representación de las grandes metrópolis como Casablanca, que cuenta con sus 3,7 millones de habitantes y dispone sólo de 27 escaños parlamentarios.
En un reconocimiento claro del peso demográfico y económico de los marroquíes residentes en el extranjero, las propuestas de los partidos políticos invitan a asignar escaños parlamentarios específicamente dedicados a los marroquíes del mundo.
El tercer desafío es el cociente electoral que representa un verdadero rompecabezas para los actores políticos. Éstos reclaman mediante sus sugerencias la falsa representatividad que refleja, ya que el cálculo actual del cociente se basa en los inscritos más bien que en los votantes reales, lo que excluye a los partidos pequeños.
La reforma propuesta insta a recurrir a un cálculo basado en los votos válidos emitidos. Con esta modificación técnica, se podría alterar los equilibrios políticos actuales y abrir el juego democrático. Este sistema incluiría también un umbral suficiente para garantizar un mínimo de voto politizado y una distribución de los escaños restantes basada en la media más alta de votos.
Dicha fórmula modificaría el mapa electoral resultante de las elecciones de 2021, potencialmente a costa de algunos partidos que parecían más importantes que sus capacidades organizativas reales.
Institución independiente y transparente
Una propuesta común a la mayoría de los partidos políticos es la creación de una institución nacional independiente para la gestión de las elecciones, adscrita al Ministerio del Interior.
Esta institución se beneficiaría de una supervisión judicial directa y estará expuesta a una vigilancia civil y mediática que complementaría este dispositivo para garantizar la integridad del proceso electoral.
En paralelo con esta entidad, los partidos políticos han propuesto también la creación de una plataforma oficial actualizada en tiempo real que difunda los resultados oficina por oficina, los gastos de campaña y las listas de candidatos, dando así acceso a sociedad civil para desempeñar un papel positivo en la operación y contribuir a su éxito.
Los observadores acreditados podrían introducir directamente sus datos después de la verificación, creando así una base de datos archivada para la investigación académica y el análisis político futuro.
En un paso hacia garantizar la transparencia financiera de las campañas electorales, vistas las recurrentes sospechas de compra de votos e influencia del dinero negro en las investiduras, los partidos políticos proponen publicar en una plataforma pública sus listas de donantes y la totalidad de sus gastos de campaña.
Se trata de un control financiero previo y simultáneo. En este contexto, la financiación pública estaría condicionada al rendimiento real de los partidos en materia de acompañamiento y participación ciudadana.
En cuanto a la representación de las mujeres y los jóvenes, la reforma electoral busca sobrepasar el estilo actual que sigue siendo ampliamente simbólico a pesar de los mecanismos de listas dedicadas y superar las cuotas cosméticas insuficientes y que no tienen un impacto real en la representación.
Las enmiendas propuestas tienen por objeto vincular el apoyo público a los resultados electorales locales reales de los candidatos, integrar a los jóvenes y las mujeres en las listas locales en lugar de limitarlos a las listas regionales y desarrollar programas de formación para el liderazgo político de esta categoría de candidatos.
