Que la propagación del coronavirus por el mundo ha paralizado a las instituciones, tanto nacionales como internacionales, es un hecho. Ahora, una de las últimas en verse afectada ha sido la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Consejo de Seguridad, su órgano más importante conformado por Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China -este último ocupa actualmente la presidencia- como miembros permanentes, se ha visto obligado a continuar con su actividad de forma remota por primera vez en su historia, desde su creación en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. Una de sus principales tareas es la aprobación de resoluciones, cuya naturaleza es vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio para los Estados a los que se dirigen.
Este lunes, los integrantes del Consejo de Seguridad, que se nutre, además, de otros diez miembros no permanentes y rotatorios, han aprobado cuatro resoluciones. La primera de ellas amplía hasta 2021 el mandato -vencido- de los expertos que supervisan las sanciones contra Corea del Norte. La segunda ha sido relativa a la prórroga de la misión de la ONU en Somalia (UNSOM) hasta finales junio. La tercera, similar a la anterior, contempla la extensión de la misión de la ONU en Darfur (UNAMID), Sudán, hasta finales de mayo. Ambas han sido alargadas por un periodo de tiempo tan corto debido “a la incertidumbre sobre la propagación de la pandemia”, según explican desde RFI. La cuarta y última está destinada a mejorar la protección del personal de las misiones del mantenimiento de la paz (peacekeeping).
“Buscando cumplir con las recomendaciones de cuarentena y teletrabajo, el Consejo de Seguridad se vio obligado a crear reglas completamente nuevas después de 75 años como garante global de la paz y la seguridad”, exponen desde AFP. Así, el órgano ha cambiado su método de trabajo: ahora, los miembros tienen 24 horas después de celebrar negociaciones a puerta cerrada para enviar sus votos electrónicamente sobre los proyectos de resoluciones a la Secretaría de la ONU, quien es la encargada de hacer públicos los resultados. Esto ya ha sido criticado por algunos funcionarios, como Richard Gowan, director de la ONU en International Crisis Group: “El nuevo procedimiento de votación parece enorme e innecesariamente burocrático […] Darles a todos 24 horas para presentar votos confidenciales puede tener sentido para los asuntos rutinarios, pero será absurdamente engorroso si el Consejo tiene que responder rápidamente a una crisis aguda”, señaló en declaraciones a la AFP.
Cabe recordar, en este punto, que la ONU aprobó el pasado 13 de marzo el teletrabajo obligatorio durante tres semanas para todos sus empleados de la sede de Nueva York -unos 3.000- excepto para aquellos cuya presencia física en las oficinas fuese esencial para el desarrollo de sus actividades. Esta decisión coincidió en el tiempo con la aparición del brote en la ciudad estadounidense, que actualmente parece haberse convertido en el centro de la pandemia con 67.000 casos y más de 1.200 muertes, de un total de 164.665 contagios y 3.177 defunciones en todo Estados Unidos -datos actualizados al cierre de esta publicación. A mediados de marzo, un diplomático filipino se convirtió en el primer caso dentro de las oficinas de la ONU en la Gran Manzana.
“El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está observando cómo se desarrolla la mayor crisis de salud mundial en un siglo desde un segundo plano, discutiendo sobre la sabiduría de trabajar online, rechazando propuestas para ayudar a organizar la respuesta a la pandemia e ignorando en gran medida el llamamiento del secretario general de la ONU para un alto el fuego global”. Con este duro mensaje, el analista Colum Lynch comienza su análisis en Foreign Policy sobre la inacción del órgano de la ONU, el único, como ya se ha mencionado anteriormente, con capacidad de emitir resoluciones vinculantes.
El experto recoge, en esta línea, que una de las razones de la parálisis es el último movimiento que ha emprendido Estados Unidos sobre la ONU: está presionando al resto de miembros para adoptar un documento en el que se responsabilice a China como culpable del brote de coronavirus, aun sabiendo que el gigante asiático tiene derecho de veto. Este “callejón sin salida” está obstaculizando el trabajo del Consejo, que debería estar enfocando su labor a emitir resoluciones para lograr el cese de las hostilidades a nivel mundial, sobre todo, en las guerras de Libia, Siria y Yemen, y para ayudar a combatir la pandemia, a través de recursos y herramientas económicas y financieras.
“Dado el riesgo obvio de COVID-19 para la seguridad global, uno pensaría que los llamados miembros permanentes habrían tomado inmediatamente las medidas necesarias para abordar el brote. En cambio, no pasó nada por el estilo. Hay mucha culpa para todos. La falta de acción del Consejo ante el brote dice mucho sobre el impacto de la política exterior ‘América Primero’ de la Administración Trump y la desconfianza generalizada entre los pesos pesados geopolíticos del mundo. La inacción también refleja el hecho de que China ocupa la presidencia rotativa del Consejo este mes”, explica al respecto el analista Rob Berschinski en Just Security.
