En Irán el derecho a manifestarse ya se paga con la muerte
Trece semanas de protestas en un país donde los derechos humanos valen lo que vale papel mojado no podían tener consecuencias contrarias a las que se están sucediendo. Desde la primera ejecución el pasado jueves, el Gobierno iraní ha asesinado a un segundo activista por la defensa de los derechos de las mujeres en las protestas originadas por la muerte de Mahsa Amini. Las manifestaciones se han convertido en una de las mayores revueltas populares de la última década, protagonizada por iraníes furiosos de todas las capas de la sociedad y de casi todos los rincones del país suponiendo el mayor desafío para los gobernantes desde la revolución clerical de 1979.
A la lista de condenados la justicia iraní ha notificado que hay hasta 28 personas más condenadas a la horca por su participación en las manifestaciones acusadas de provocar “disturbios”. Entre ellos se encuentra el futbolista profesional iraní Amir Nasr-Azadani, quien se enfrenta a una pena de muerte en su país, según ha informado FIFPRO. El jugador del Iranjavan fue detenido por defender públicamente las libertades y los derechos de las mujeres en su país. Hasta ahora, al menos 458 personas han muerto en la represión de las manifestaciones, según el último balance de la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, y al menos 15.000 fueron detenidas, según la ONU.
"Do not execute" reads a sign on a noose hanging from a footbridge over Niayesh Expressway in Tehran.
— Kian Sharifi (@KianSharifi) December 9, 2022
Iran's execution of Mohsen Shekari yesterday is likely the first of many to come. At least 11 protesters have been sentenced to death.pic.twitter.com/DNw279F616
De acuerdo con Amnistía Internacional, Irán se “prepara para ejecutar” a Mahan Sadrat, de 22 años, tras un juicio rápido y “sumamente injusto” durante el cual fue declarado culpable de haber sacado un cuchillo en las manifestaciones, unas acusaciones que desmintió ante el tribunal. Condenado a muerte el 3 de noviembre, fue trasladado el sábado a la cárcel de Rajai Shahr de Karaj, cerca de Teherán, “lo que hace temer una ejecución inminente”, alertó la ONG, con sede en Reino Unido. Según IHR, esta condena fue confirmada por el Tribunal Supremo, lo que hace que pueda llevarse a cabo.
Amnistía Internacional, asimismo, advirtió que la vida de otro joven, Sahand Nurmohammadzadeh, estaba en peligro tras su condena a muerte el 6 de noviembre por haber “derribado barandillas de autopista y quemado basuras y neumáticos”. Amnistía y IHR también aludieron al caso de Hamid Gharehasanlu, un médico condenado a muerte, que, según ellos, fue torturado durante su detención y cuya esposa fue obligada a testificar contra él. Para el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, la respuesta internacional tiene que ser “más fuerte que nunca” para reprimir estas liquidaciones. Varios países occidentales, así como la Unión Europea y la ONU, condenaron la ejecución de Mohsen Shekari.
El hecho de que apenas pasen 23 días desde que se declara culpable hasta que se condena, refleja la difícil situación por la que está pasando la Jefatura de Estado de la República Islámica. Ali Jamenei está cada vez más acorralado. El movimiento entre los clérigos chiíes que se oponen a la nueva ronda de ejecuciones contra los manifestantes es cada vez mayor. Murtaza Moqtadaei, miembro de la Asociación de Maestros del Seminario en Qom dijo que “si alguien tiene derecho a protestar por la situación actual, y los agentes le impiden manifestarse, y cuando quiere defender su derecho, lo llamamos guerrero, este no debe ser condenado a muerte”.
La autoridad religiosa, Mohammad Reza Rahmat, miembro de la Oficina de Investigación de Antigüedades de Ruhollah Khomeini y uno de sus alumnos, declaró que el veredicto por delitos como intimidar a la gente, cerrar la calle y herir a alguien no es “ejecución”, considerando al mismo tiempo que “estas sentencias son políticas”. A su vez Mohsen Kadivar, otro miembro del clérigo identificó a Jamenei como el principal responsable de dictar y ejecutar las sentencias de muerte. Dijo que “presionó a los líderes del poder judicial para dictar sentencias de muerte contra los manifestantes y, que, en cualquier caso, no hay duda de quién está detrás de la ejecuciones”.
Por su parte, el líder de los suníes en Irán, Mawlawi Abd al-Hamid, hizo un llamado a las autoridades gobernantes de su país para que detengan las ejecuciones contra los manifestantes, subrayando que “la ejecución aumenta el odio hacia las autoridades gobernantes y no tiene nada más que encender la ira de la nación”. Mawlawi Abd al-Hamid, el imán de la ciudad de Zahedan en el sureste de Irán, dijo en un tuit a través de su cuenta de Twitter: “El fusilamiento y la represión indiscriminada son el único resultado de la ira de Dios Todopoderoso, el odio del pueblo y el encendido del fuego de la ira de la nación”.
Las autoridades internacionales entre las cuales destaca la UE, “tomará todas las medidas que podamos para apoyar a las mujeres jóvenes y a los manifestantes pacíficos”, dijo Josep Borrell, jefe de política exterior del bloque comunitario. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo: “Con este paquete de sanciones, estamos apuntando en particular a los responsables de las ejecuciones, la violencia contra personas inocentes, estos son especialmente los Guardias Revolucionarios”. Aunque para el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, la respuesta internacional tiene que ser “más fuerte que nunca” para impedir estas ejecuciones.
Irán es el país, tras China, que más condenas a muerte lleva a cabo según Amnistía Internacional. En 2022, ya han sido ejecutadas más de 500. Además, Amnistía Internacional ha denunciado que muchos de los 2.000 acusados por las protestas se enfrentan a penas de muerte, en lo que ha calificado de “juicios farsa concebidos para intimidar a quienes participan en el levantamiento popular que ha sacudido Irán”.
