La escalada de violencia en Burundi podría hacer estallar una nueva guerra civil

Atalayar

La espiral de violencia a la que se enfrenta Burundi preocupa al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que alertó sobre la gravedad de la crisis que se está desencadenando en el país y urgió a todas las partes implicadas a tomar todas las medidas posibles.

“La urgencia de una acción decisiva es inminente y no podemos darle la espalda al pueblo de Burundi en este punto de inflexión de su historia”, dijo la portavoz del representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein en una conferencia de prensa en Ginebra. Este llamamiento se produjo después de los ataques mortales del 11 de diciembre contra varios campamentos militares en Bujumbura, que acabaron con la vida de docenas de personas.

La portavoz Cécile Pouilly resaltó la gravedad de la situación que se está viviendo en el país africano. “Con esta nueva serie de sangrientos acontecimientos, el país parece estar dando nuevos pasos hacia la guerra civil y las tensiones están a punto de reventar en Bujumbura”, dijo Pouilly.

Por otro lado, El Consejo de Paz y Seguridad (CPS) de la Unión Africana autorizó el despliegue de una Misión africana de prevención y protección en Burundi (Maprobu), con 5.000 efectivos, para un periodo inicial de seis meses renovables y dio un plazo de cuatro días a Burundi para aceptarlo y cooperar.

"Burundi es claro sobre este asunto, no está dispuesto a aceptar una misión de la UA en su suelo", dijo a la AFP Jean-Claude Karerwa, portavoz adjunto del presidente burundés Pierre Nkurunziza. "Si las tropas de la UA vienen sin autorización del gobierno sería considerado como una fuerza de invasión y ocupación, y el gobierno burundés se reservaría el derecho de actuar en consecuencia", agregó.

El consejo advirtió que, si Burundi se opone al envío de la misión, la UA tomaría "medidas adicionales" para garantizar el despliegue. Esta misión tendría como objetivo evitar "el deterioro de la seguridad", contribuir "a la protección de la población civil en peligro inmediato", ayudar a crear las "condiciones necesarias" para lograr un diálogo interno, y facilitar "la aplicación de todo acuerdo" al que lleguen las partes.

Esta grave crisis en la que está sumida Burundi se inició el pasado mes de abril cuando el presidente Pierre Nkurunziza anunció su intención de presentarse a un tercer mandato, contrariando las disposiciones constitucionales y al Acuerdo de Arusha que puso fin a la guerra civil (1993-2006) entre el ejército dominado en ese entonces por la minoría tutsi y los rebeldes hutus.

Según el recuento de la oficina de Zeid, al menos 400 personas han sido asesinadas en Burundi desde el 26 de abril, aunque se estima que la cifra real de fallecidos debe ser mucho mayor. De estas muertes, al menos 68 fueron asesinatos extrajudiciales ocurridos en noviembre. Asimismo, 3.496 personas han sido arrestadas, y más de 220.000 -entre ellas eminentes defensores de los derechos humanos y periodistas- han tenido que abandonar el país y se refugian en los países vecinos.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon declaró en una rueda de prensa que estaba muy preocupado por la escalada de violencia de Burundi. "El país está al borde de una guerra civil, que amenaza con hacer arder a toda la región", afirmó Ki-moon. Y añadió que "debemos hacer todo lo posible para evitar la violencia y actuar de manera determinante si esa violencia se desata".

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