Hace tan solo unos días, la brutal invasión rusa de Ucrania cumplía un año. En estos 365 días hemos visto como la guerra -de nuevo en Europa- ha arrasado un país, matando a miles de civiles y provocando devastadoras consecuencias, tanto a nivel humano como material. No obstante, además de Ucrania, en la actualidad hay otros muchos conflictos armados alrededor del mundo. A pesar de lo que está ocurriendo en territorio europeo no nos debemos olvidar de la población de África u Oriente Medio que también sufre los efectos de la guerra.
Con el objetivo de abordar varios conflictos actuales y sus efectos en la población civil, el Observatorio de Derechos Humanos de España ha organizado en la Universidad Europa Miguel de Cervantes (Valladolid) una jornada dedicada a analizar el papel de las fuerzas armadas en los conflictos. La conferencia “Las fuerzas armadas en el marco internacional del derecho humanitario”, que está seguida del acto de entrega de los Premios Catalejo 2023, comenzó con una mesa redonda enfocada en la población civil en los conflictos bélicos: Balcanes, Daesh, Afganistán y Ucrania.
Esta cuestión contó con la participación de Santiago Castellá, subdelegado del Gobierno en Tarragona; Pilar Rangel, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Málaga; Ignacio Sell, profesor en la Universidad Camilo José Cela; y Javier García Media, profesor en la Universidad de Valladolid.
En primer lugar, Santiago Castellá presentó el marco internacional de los derechos humanos aludiendo a hechos históricos como la Paz de Westfalia, la Segunda Guerra Mundial o la creación de Naciones Unidas y sus múltiples convenios y declaraciones. “La lucha permanente de la humanidad nos ha hecho conocer momentos muy duros, circunstancias donde se ha vivido una gran falta de humanidad”, señala.
Una vez expuesta la evolución y los esfuerzos llevados a cabo para establecer reglas que protejan los derechos humanos, Pilar Rangel se centró en la situación actual del Sahel, una región que está experimentando una preocupante expansión del terrorismo yihadista. El Sahel es también una de las zonas más pobres del mundo, lo que empuja a la población a trabajar para el crimen organizado que se encarga de traficar con la droga que entra en el golfo de Guinea o bien, para el terrorismo.
“Las circunstancias del Sahel son idóneas para que los terroristas campen a sus anchas”, apunta Rangel, quien asegura que, durante los tiempos del califato en Irak y Siria, numerosos analistas ya señalaban el Sahel como el próximo foco yihadista.
La población civil es la principal víctima de esta situación. Los grupos terroristas entran en las aldeas, arrasando todo a su paso, o bien, obligando a los líderes comunitarios a imponer la sharía. Asimismo, los civiles se convierten en daños colaterales dentro de los enfrentamientos entre las fuerzas armadas nacionales y los yihadistas. De hecho, el propio Ejército maliense, entrenado por Francia y otros países europeos, está acusado de violar los derechos humanos de la población.
MINUSMA, la misión de Naciones Unidas en la región también ha sido blanco de atentados por parte de las organizaciones yihadistas. De hecho, esta es la misión de la ONU que más ataques ha recibido.
A este grave panorama hay que sumar también el grupo Wagner, vinculado a Rusia, país que cuenta con presencia en varios países africanos como República Democrática del Congo o Mali. En este sentido, de nuevo, las víctimas vuelven a ser los civiles. Se calcula que Wagner ha asesinado entre 300 y 500 civiles mientras realizaban operaciones antiterroristas en Mali.
Ignacio Sell, por su parte, destacó el relevante papel que tienen las nuevas tecnologías en los conflictos del presente. Además de que favorece el desarrollo de armas, la tecnología también puede servir para ayudar a la población civil en las guerras. En este punto, Sell destaca iniciativas tecnológicas en plataformas digitales como bases de datos que sirven para anticiparse a las situaciones, así como mecanismos para monitorizar el avance de las tropas y localizar daños materiales para que la población sepa qué servicios están inhabilitados.
Igualmente, aquellos que dejan el país y se convierten en refugiados pueden contar con la tecnología para enviar recursos económicos, tramitar ayudas estatales, crear fondos o acceder a la administración pública del país. Como ejemplo, Sell presentó la aplicación Together, utilizada para facilitar la vida de refugiados en España.
Volviendo a las víctimas de los conflictos, Javier García Medina destaca la grave situación de mujeres, niños, ancianos y discapacitados. Asimismo, recordó que un conflicto no empieza en el momento en el que empiezan a caer las bombas, sino antes, con los mensajes de odio que crean miedo y efectos psicológicos en la población. “La guerra no es solo la batalla. No hay industria, comercio”, indica Medina, quien subraya también las amenazas que enfrentan niños y niñas, como mutilación, abusos sexuales o trata; así como las mujeres, objetos de violaciones grupales en tiempos de guerra.
En este sentido, Medina menciona también a los ancianos y discapacitados, quienes enfrentan problemas desde el primer momento que estalla el conflicto porque no pueden resguardarse en refugios o protegerse. “Su seguridad está mucho más amenazada”, asegura. “Estas personas suelen ser dejadas atrás. En los campamentos de refugiaos no están preparados para personas con discapacidad. No hay servicios necesarios”, explica Medina.
A pesar de los desafíos y amenazas que nos enfrentamos en la actualidad, los ponentes aseguran que hemos avanzado mucho en materia de derechos humanos. “Cualquier país que viole los derechos humanos no queda impune”, afirma Castellá. No obstante, sí que matizan que hay ciertas zonas en el mundo donde no se garantizan estos derechos. “Hemos avanzado, pero en el caso de África muchos estados fallidos no pueden garantizar los derechos humanos. Si los gobiernos o las misiones internacionales no pueden proteger a los civiles se habrá fracasado”, explica Rangel.
Sell, por su parte, afirma que, a pesar de no sufrir guerra o conflictos, muchos regímenes autoritarios no respetan las libertades sus ciudadanos. En este sentido podríamos mencionar, por ejemplo, a la República Islámica de Irán, responsable de la muerte de casi 500 personas durante las manifestaciones que comenzaron el pasado septiembre. “Una reunión de este tipo en otro país estaría prohibida”, recuerda Medina.
“No es necesario intervenir para proteger los derechos humanos, hay que comenzar a trabajar cuando se empiezan a detectar los problemas”
La segunda mesa, moderada por el periodista y director de ATALAYAR, Javier Fernández Arribas, se centró en “las fuerzas de pacificación como garantes del derecho humanitario”. Para ello, se contó con la participación de Jaime Íñiguez, general de División en la reserva; Alfonso García-Vaquero, general de Brigada; e Ignacio López, coronel 2º jefe de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Guardia Civil.
Antes de dar paso a los ponentes, Fernández Arribas recordó su experiencia como periodista en zonas en conflicto como los Balcanes o el Líbano, ensalzando las labores de las Fuerzas Armadas de España en el terreno, no solo a nivel militar, sino también a la hora de ayudar a la población civil.
Al comienzo de su intervención, Jaime Íñiguez recordó que nunca se ha denunciado ningún tipo de incidente dentro de las FFAA españolas en el extranjero, lo que demuestra el buen entrenamiento y los valores de los soldados nacionales, quienes se forman en el Derecho Internacional Humanitario, leyes que buscan mitigar los efectos de los conflictos armados. De acuerdo con un informe de la ONU de 2016, si estas normas relacionadas con las guerras se respetasen muchas de las consecuencias de los conflictos no existían o serían menores. No habría tantas muertes civiles o desplazados.
Además de analizar amenazas tradicionales y convencionales, Íñiguez señaló que también se está abordando aspectos como la ciberseguridad o las compañías privadas tipo Wagner. Para la OTAN, algunas de las prioridades o “asuntos transversales” son la protección de civiles, niños, patrimonio cultural, así como la lucha contra la violencia sexual, la explotación sexual y trata. Asimismo, las misiones de la Alianza tienen como objetivo construir integridad en los países donde se interviene.
En dichas naciones, las tropas extranjeras cooperan con las fuerzas del país, como fue el caso de Mali o Afganistán, aunque en muchas ocasiones, las fuerzas nacionales no respetaban los derechos humanos o las normas relacionadas con el trato a los prisioneros.
Alfonso García-Vaquero, por su parte, subraya que es necesario contar con un interlocutor en la zona del conflicto a la hora de desplegarse. “Es necesario establecer un dialogo claro y franco con un interlocutor único que sea un representante legal del país”, explica. Entre los desafíos, el general de Brigada menciona la dificultad de identificar a los miembros de grupos terroristas en zonas afectadas por esta lacra. “Se escoden entre la población, pero la primera prioridad es proteger y que no haya daños colaterales”, remarca.
García-Vaquero también enumeró varias prioridades de las FFAA españolas en las zonas de conflicto, a saber, protección de mujeres, niños, ancianos, heridos y refugiados. “España es un modelo en cuanto a la formación de los contingentes”, reconoció. También es prioridad, dentro de las tropas, mantener la moral, el liderazgo y defender los valores. “Somos una familia, nos tenemos que mantener unidos en línea con esos valores humanos”, recalca.
Para finalizar, Ignacio López volvió a elogiar la labor de las FFAA de España, señalando que el país “es referencia para otros”. López expuso la proyección internacional de la Guardia Civil a través de misiones de gestión de crisis u operaciones policiales internacionales. Para López, el cuerpo es clave en “zonas que no necesitan un despliegue total pero sí un apoyo”, ya que la Guardia Civil “ejecuta un buen trabajo en labores militar-civil”. Entre 1991 y 2022 más de 6400 guardias civiles han participado en misiones internacionales y de gestión civil de crisis habiendo recibido formación previa en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.
La Guardia Civil tiene un rol importante a la hora de asistir a la política europea en proyectos que fomentan el desarrollo. “No hay desarrollo sin seguridad y no hay seguridad sin desarrollo”, subraya López. Algunas de estas iniciativas se llevan a cabo en el Sahel o en América Latina. “No es necesario intervenir para proteger los derechos humanos, hay que comenzar a trabajar cuando se empiezan a detectar los problemas”, asegura.
