Redacción Atalayar
Desde este 1 de enero, España forma parte por quinta vez en su historia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un organismo que, a juicio del Gobierno, debería emprender una reforma “integral” que resuelva sus cinco principales problemas: el número de miembros, el derecho de veto, la representación regional, el tamaño y los métodos de trabajo y su relación con la Asamblea General.
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Según han explicado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, España considera que para reforzar adecuadamente su labor de “gobernanza global para los asuntos globales”, el Consejo de Seguridad debería superar su actual estructura, pensada para un periodo de enfrentamiento entre dos grandes potencias, e iniciar un proceso de cambios que esté respaldado por una mayoría de al menos dos tercios de los Estados, tal como exige la Carta de Naciones Unidas.
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Respecto a estas reformas, según las citadas fuentes, en la actualidad se presentan varias alternativas. Por una parte, existe la opción de ampliar el derecho de veto a Alemania, Brasil, India, Japón (a lo que se opondría expresamente China) y a algún país de África. Una segunda opción es la de los países del llamado Grupo 77, que se oponen al actual Consejo de Seguridad por considerar que otorga demasiado poder a las grandes potencias a través del derecho de veto (que quieren sustituir por la votación mayoritaria) y concede muy escasa representación a los países en vías de desarrollo.
La posición española, a la que, según las fuentes, apoyan países europeos como Italia, Polonia y Portugal, reclama un Consejo de Seguridad “más representativo, equilibrado y accesible” que incluya un incremento en el número de asientos no permanentes, que contemple un reparto geográfico equitativo y que permita mandatos de larga duración con posibilidad de reelección (hasta cuatro años, con renovación tras los dos primeros).
En casos de genocidio y crímenes contra la Humanidad
Asimismo, el Gobierno español se opone al aumento del número de miembros permanentes y a la extensión del derecho de veto. En cuanto a este asunto, España no es partidaria de la supresión del derecho de veto, pero sí de la búsqueda de arreglos con vistas a la implantación de un derecho de veto “cualificado” que limite su uso.
Por ejemplo, España considera que no se debería autorizar el derecho de veto en las votaciones sobre determinadas situaciones, como los actos de genocidio o crímenes de guerra y contra la Humanidad. Aparte, el Gobierno español defiende que los Estados que utilicen el veto estén obligados a justificar sus motivos y que se incremente el número de vetos necesarios para bloquear una decisión.
