Paco Soto

Pie de foto: Una plaza en la ciudad de Alhucemas.

El Estado marroquí decidió actuar de forma contundente tras cinco meses de grave crisis política y social en la ciudad de Alhucemas y su provincia, una zona del norte de Marruecos que pertenece a la rebelde región del Rif, de cultura mayoritariamente bereber. Rabat destituyó a varios altos cargos del Ministerio del Interior, porque consideró que no supieron estar a la altura de los acontecimientos y solucionar inteligentemente los graves disturbios callejeros que estallaron en Alhucemas y otros municipios tras la muerte de un vendedor ambulante de 31 años, Mouhcine Fikri, que fue triturado en un camión de basura en la capital rifeña, en noviembre de 2016. Las autoridades marroquíes sustituyeron a altos cargos, como Mohamed Hassad et Charki Draiss, por responsables rifeños en una serie de puestos clave. Importantes cuadros del Ministerio de Sanidad, Protección Civil y la Policía también fueron destituidos por el Estado en Alhucemas, o serán puestos de patitas en la calle en los próximos días. Un medio local informó de que, además de Alhucemas, la purga tuvo lugar en poblaciones como Beni Bouayach, Imzouren, Ajdir y Targuist.

En manos de rifeños

En este sentido, la Dirección de Asuntos Generales de la Prefectura (Gobierno Civil) de Alhucemas quedó en manos de un rifeño que trabaja en el Ministerio del Interior. Lo mismo ocurrió con el cargo de director de Protección Civil, y se esperan cambios de la misma naturaleza en la dirección de muchos municipios rurales. El ministro de Sanidad, rifeño y dirigente de la formación de izquierda Partido del Progreso y el Socialismo (PPS), Houcine El Ouardi, desempeñó un papel importante en dichos cambios. Según señaló un medio de comunicación marroquí: “Habrá que ver si esta nueva política consigue apaciguar las tensiones” en Alhucemas y otros municipios del Rif.  Tras el proceso de “rifinización” llevado a cabo por Rabat en Alhucemas y su provincia, el Estado tratará a partir de ahora de entablar un diálogo fructífero con representantes de los colectivos ciudadanos que llevan meses protestando en la calle contra la marginación social y económica, el paro, la corrupción y el despotismo de los poderosos. De momento, el wali (gobernador civil) consiguió frenar la campaña de “desobediencias civil” organizada por grupos de contestatarios, pero esto no significa que el descontento popular haya desaparecido.

Pie de foto: El ministro de Sanidad, Houcine El Ouardi.
Nueva política en el Rif

La nueva política del Estado en el Rif todavía no dio sus frutos, a pesar de los esfuerzos desplegados por el wali de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, Mohamed Yaâkoubi, quien el pasado domingo se reunió con representantes de “la movilización del municipio de Imrabten”. El anterior gobernador civil fue destituido por el ministro del Interior, Mohamed Hassad, porque “fracasó en el diálogo”, según informó el periódico digital ‘yabilado.com’. Yaâkoubi es un alto cargo flexible y pragmático, y tiene una gran capacidad de negociación. El diálogo que inició hace unos días está teniendo resultados positivos. Esta es la estrategia que necesita el Estado en estos momentos en el Rif. Pero el malestar social no desapareció, y hace unos días estallaron disturbios en poblaciones situadas en el este de la ciudad de Nador.

Zona militar

Por otra parte, tres diputados de la formación liberal Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), Fátima Saâdi, Mohamed El Hamouti y Omar Zarrad, plantearon una pegunta al Gobierno sobre la militarización de Alhucemas. El Dahir (decreto) real del 29 de noviembre de 1958 proclamando Alhucemas como “zona militar” fue la respuesta contundente del Estado marroquí al descontento popular y las movilizaciones en esta ciudad y otras zonas del Rif. Los tres diputados consideraron que el Dahir “ya no es de actualidad”, y pidieron al Ejecutivo que “tome las medidas necesarias” para solucionar pacíficamente las manifestaciones populares en Alhucemas y garantizar el respeto de los derechos humanos que proclama la Constitución. Los tres parlamentarios no descartaron plantear la cuestión de la militarización de Alhucemas en la Cámara baja.