El espejismo de Tinduf: el derecho al retorno como salida digna
- El muro de humo humanitario
- Un régimen sin oxígeno democrático
- Argelia: tutor, cómplice y beneficiario
- El derecho al retorno como imperativo moral
- Conclusión: romper el espejismo
El desierto argelino encierra una paradoja que ya se ha prolongado demasiadas décadas: en nombre de la “causa saharaui” se mantiene a decenas de miles de personas cautivas en campamentos cerrados, gestionados por un grupo armado –el Frente Polisario– que ejerce poder absoluto sin rendir cuentas a nadie.
Quienes se autoproclaman portavoces o protectores de un pueblo reprimen a ese mismo pueblo, mientras Argelia les presta territorio, logística y silencio. Esta es la verdad incómoda que hoy, más que nunca, merece ocupar las páginas de la prensa internacional. Lejos de ser así, ocurre más bien lo contrario, especialmente en España.
El muro de humo humanitario
Desde 1975 el Polisario ha cultivado con habilidad la imagen de autoproclamado “movimiento de liberación” y pseudo Estado. Sin embargo, los hechos documentados desmontan ese relato. Informes de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos e incluso sentencias europeas y causas aún pendientes en países como España, señalan que antiguos combatientes saharauis han ocupado puestos clave en redes yihadistas del Sahel –AQMI, MUYAO, EIGS– y participan en el tráfico de armas y personas.
Esa metamorfosis revela un ADN violento y pragmático: cuando escasea la épica revolucionaria, se recurre al crimen organizado para financiar la estructura.
La veta delictiva no es solo externa. Dentro de los campamentos el desvío de ayuda humanitaria se ha convertido en eje de poder: la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude calculó que 105 millones de euros terminaron en los bolsillos de jerarcas polisarios y oficiales argelinos durante una sola década. Alimentos vendidos en poblaciones argelinas y países limítrofes, medicinas revendidas en Mauritania, o dinero lavado en España a través de redes ligadas a Hezbolá, según se reveló en su momento. Así se financia un aparato que dice proteger a los refugiados mientras los encierra en un eterno calvario campamental. Así, privándoles de sus pocos medios de subsistencia, se provoca un genocidio. Uno de la peor clase: a cámara lenta.
Un régimen sin oxígeno democrático
Lo que para la opinión pública occidental son “campamentos de refugiados”, para muchos saharauis es una suerte de gulag contemporáneo. Las milicias del Polisario controlan los movimientos, emiten permisos para salir del recinto y deciden quién accede a becas, empleos o simples raciones de harina. Quien disiente, desaparece o acaba en prisiones secretas como Errachid, donde la “jeringa rectal” con agua salada, la electrocución y el aislamiento prolongado son métodos habituales.
A la represión política se añade un apartheid étnico apenas comentado: familias de ascendencia negra –los haratines– heredan tareas serviles y carecen de representación en los órganos internos. Esclavitud moderna en pleno siglo XXI. Ese sistema de castas desmiente cualquier narrativa emancipadora dentro de la falsamente pretendida sociedad igualitaria que desde sus orígenes preconizaba el Polisario, y confirma que estos reproducen dentro de Tinduf la opresión que dicen combatir.
Argelia: tutor, cómplice y beneficiario
Nada de lo anterior sería posible sin la anuencia de Argel. El Gobierno argelino cede suelo, armas y protección diplomática, pero se desentiende de sus responsabilidades como Estado anfitrión. Impide que ACNUR, o la entidad que corresponda, realice un censo completo –la cifra real de refugiados sigue siendo un misterio– y veta misiones de derechos humanos independientes. Esa opacidad protege un statu quo lucrativo: por cada saco de harina europeo desviado, alguien cobra un impuesto informal, por cada embarque de combustible subsidiado, una facción militar engorda sus cuentas. El dolor de los saharauis es rentable.
Frente a ese laberinto de impunidad, Marruecos ha ofrecido una salida realista: un plan de autonomía avanzada bajo soberanía marroquí que garantiza autogobierno local, inversión masiva en infraestructuras y plena inclusión en la vida nacional. Las provincias del sur registran hoy los índices de alfabetización y cobertura sanitaria más altos de su historia; atraen turismo, energías renovables y “start-ups” tecnológicas. Es allí, y no en las polvorientas chozas de Tinduf, donde late una auténtica esperanza de futuro para los saharauis que anhelan prosperar sin tutelas.
El derecho al retorno como imperativo moral
El derecho internacional es claro: toda persona puede salir de cualquier país y regresar a su patria. En Tinduf ese derecho está secuestrado. No se necesitan soluciones milagrosas –censos biométricos de última generación o corredores humanitarios custodiados por cascos azules– para empezar a romper las cadenas. Bastaría con varios primeros pasos a implementar:
- Autorizar la entrada de organizaciones internacionales de derechos humanos y de observadores independientes, con objeto de registrar voluntades de retorno y llevar a cabo misiones de verificación. Asimismo, estas deberán articular un mecanismo para supervisar la distribución de ayuda humanitaria y prevenir su desvío.
- Establecer un mecanismo de censo o filiación documental bajo supervisión internacional de la población retenida en los campamentos, por parte de la entidad o entidades acordadas, para que una vez identificados se les dote de pasaportes válidos a quienes deseen regresar.
- Acordar un sistema que garantice el derecho al retorno voluntario, libre y digno de los refugiados saharauis a Marruecos, sin condiciones ni represalias. Un ejemplo podría ser permitir organizar convoyes de vuelta graduales –familias completas, ancianos, enfermos– acompañados por la Media Luna Roja y ONG internacionales.
No hablamos de quimeras, sino de obligaciones básicas que Argelia y el Polisario eluden sistemáticamente.
Europa, tan rigurosa cuando se trata de fiscalizar democracias consolidadas, ha mostrado una indulgencia sorprendente frente a estas violaciones. Los diputados que firman resoluciones sobre el Sáhara rara vez visitan los campamentos, salvo los más radicales o militantes, para los que todo lo que haga el Polisario les parece bien porque, amparados en el autoengaño, no conciben lo contrario. Y lo visitan siempre “pastoreados” por un Frente Polisario que enseña lo que le interesa y esconde lo que le compromete. Igualmente, las organizaciones de ayuda humanitaria y administraciones públicas que envían ayuda no exigen auditorías in situ. Especialmente sangrante es el caso de España, donde el Polisario usurpa el papel de víctima de la gente a su cargo, con objeto de recaudar fondos y bienes materiales de los contribuyentes españoles. Ahí, sin rendir cuentas de su destino final, es donde comienza el lucro personal. Mientras tanto, la retórica de autodeterminación sirve de coartada para perpetuar una industria humanitaria que mantiene a decenas de miles de personas en la indigencia controlada.
Conclusión: romper el espejismo
Los refugiados saharauis no necesitan más consignas revolucionarias. Necesitan la llave que abra la puerta hacia un hogar donde la palabra “futuro” no sea sinónimo de racionamiento, adoctrinamiento y miedo. Ese hogar existe al otro lado de la frontera: un Sáhara marroquí que, con todas sus imperfecciones, ofrece estabilidad, inversiones tangibles y un marco legal reconocible.
Quedarse callado ante la instrumentalización de seres humanos es complicidad. Por eso este artículo alza la voz para recordar que el retorno no es un privilegio negociable: es un derecho arrebatado que debe restaurarse con urgencia. Mientras la comunidad internacional siga alimentando el espejismo de Tinduf, seguirá prolongando la tragedia. Y cada día que pase sin soluciones concretas será un día más de inocentes condenados a una vida en suspenso bajo el sol abrasador del desierto argelino.
La historia juzgará a quienes, pudiendo actuar, escogieron mirar hacia otro lado. Hoy aún estamos a tiempo de situarnos del lado correcto: el de la libertad, la dignidad, el retorno a casa y la reunificación de las familias saharauis fracturadas en el pasado. Porque la justicia diferida, aquí como en cualquier parte, equivale a justicia negada.
