De la guerra contra el terrorismo a la guerra contra el narcotráfico

Las políticas antidroga de Donald Trump, tanto en su primer mandato (2017-2021) como tras su regreso a la presidencia en enero de 2025, han estado  marcadas por un profundo giro en lo que se refiere a las estrategias tradicionales de cooperación internacional en la lucha contra esta lacra que afecta, no sólo a Estados Unidos, sino a todos los países occidentales, aunque el caso norteamericano tiene ciertas connotaciones particulares que tal vez sean las que han llevado a esta nueva forma de aproximar el problema. 

Este enfoque, que el presidente ha reactivado con especial intensidad, está caracterizado por un giro radical hacia la unilateralidad, la coerción económica y, en parte, la militarización de la solución o, mejor aún, mitigación del problema, pues hablar de solución sería demasiado pretencioso hasta para la Casa Blanca. 

El núcleo de la doctrina Trump se caracteriza por redefinir la lucha contra el narcotráfico para transformar lo que ahora se aborda como un problema de salud pública y crimen organizado en una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. El enfoque sería el del combate contra un enemigo externo, lo cual se ha convertido en el marco ideológico que justifica la adopción de medidas extremas y la reinterpretación de las relaciones bilaterales con ciertos países por su implicación de un modo u otro en el tráfico de estupefacientes, particularmente con México y Venezuela.

Podríamos afirmar que del mismo modo que en su momento se habló de “Guerra contra el terrorismo” por ser una amenaza para los Estados Unidos como nación, ahora estamos entrando en un escenario de “Guerra contra el narcotráfico” por los mismos motivos.

Esta nueva estrategia se basa en unos principios fundamentales, claros y consistentes, lo cual no quiere decir que sean vistos con buenos ojos, ni por parte del estamento político norteamericano, ni por supuesto por los gobiernos de algunos estados centroamericanos y sudamericanos, o por algunas organizaciones internacionales. No obstante, pueden tener su razón de ser. En primer lugar, es meridianamente evidente el enfoque profundamente punitivo y militarizado no sólo contra aquellos involucrados directamente en las redes de narcotráfico, sea cual sea su papel, sino contra los que de un modo u otro actúan con permisividad. La Administración Trump ha dejado patente en su retórica la opción de la “mano dura”, y ha mostrado su respaldo a acciones que escalan el castigo, llegando a plantear la pena de muerte para los traficantes de drogas. 

Al mismo tiempo, la Casa Blanca es acusada de dejar en segundo plano otro tipo de acciones fundamentales en esta lucha que, como sucede en el caso del terrorismo yihadista, necesita de acciones policiales y/o militares pero cuya solución no llegará sólo por esa vía. Nos referimos a medidas sociales, de salud pública y de apoyo a los afectados, como son la reducción de daños y el acceso a tratamientos que faciliten la desintoxicación para, acto seguido, actuar en la reinserción social. Sin duda, esta puede que sea la piedra angular del problema, encontrar el equilibrio necesario entre unas y otras medidas.

En el plano puramente operativo, el presidente ha autorizado el uso de la fuerza militar contra cárteles extranjeros, una disposición que, a pesar de haber estado sobre la mesa en numerosas ocasiones, históricamente se ha evitado para no socavar la soberanía de las naciones latinoamericanas. Sin embargo, la coyuntura actual, en la que podemos hablar de países tan importantes como México o Colombia como Estados casi fallidos, allanan el camino hacia esa deriva, pues puede verse incluso como una forma de colaborar con ellos para retomar el control de la situación.

De lo que no hay dudas es de que la crisis que ha provocado la entrada masiva de fentanilo en Estados Unidos, con las consecuencias desastrosas que está teniendo en ciertos sectores de la sociedad y en algunos lugares muy concretos del país, se ha convertido en el catalizador principal y la justificación pública para poner en marcha esta nueva agenda. Trump ha atribuido directamente el flujo de esta droga, que, según él, y no le falta razón, “destruye comunidades estadounidenses”, a los cárteles latinoamericanos. Sin embargo, si bien es cierto que estos tienen un papel protagonista en todo el entramado, las raíces del problema son más profundas y tienen muchas ramificaciones internacionales con objetivos incluso geopolíticos. Pero esta narrativa simplificada permite al Gobierno justificar una respuesta que algunos consideran desproporcionada, pero que probablemente sea necesaria, fusionando la lucha contra el tráfico de drogas, y muy especialmente contra el fentanilo, con una postura de defensa nacional.

Un elemento clave en esta nueva forma de afrontar el tema lo constituye la decisión de designar a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs, por sus siglas en inglés). Hasta el momento, esta “deferencia” estaba reservada a afines políticos que recurren a la violencia extrema. Situar a los cárteles de la droga en esta categoría otorga a la Administración la potestad de utilizar “todos los elementos de su poder”, incluyendo la opción militar, así como un régimen de sanciones, control y vigilancia sobre todos aquellos, individuos o entes que tengan lazos, por mínimos que sean, con las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Como es evidente, el epicentro de esta nueva política se centra en dos países: México y Venezuela. Aunque hay importantes diferencias que sustentan los motivos por los que el foco se ha puesto en ellos.

En el caso de México, el quid está en que es el país clave en la entrada de droga a Estados Unidos. Sin ser uno de los mayores productores, se ha convertido en el centro neurálgico de la gestión y coordinación de todas las rutas de la droga que llegan a Estados Unidos. Con el paso de los años, ayudado por la indiferencia de sucesivos gobiernos y por una corrupción que alcanza a casi todas las instituciones oficiales, políticas, policiales y militares, la evolución de los cárteles de la droga ha llevado al país a ser lo más parecido a un Estado fallido, donde el Gobierno, del mismo modo que ocurre en zonas de guerra en África, ha perdido el control de regiones enteras del país. Esta situación deriva en que a este lado de la frontera la lucha contra el tráfico de drogas hacia EE. UU. es prácticamente inexistente o, al menos, completamente ineficaz.

En este escenario, los aranceles se han usado como instrumento de coerción. En lugar de limitarse a los canales diplomáticos y de seguridad tradicionales, el presidente ha utilizado la amenaza de imponer tarifas de hasta el 25 % y, posteriormente, del 30 % a las importaciones mexicanas como una de sus principales armas para forzar la colaboración de su vecino del sur.

La respuesta del Gobierno mexicano a esta presión ha sido una mezcla de rechazo formal y cooperación pragmática. Tanto el expresidente López Obrador como la actual presidenta Claudia Sheinbaum han calificado las amenazas de aranceles como injustas, subrayando que la solución al narcotráfico y a la inmigración ilegal no puede llegar de manos de la coerción, sino basarse en la cooperación y el respeto a la soberanía. Sin embargo, ambos son conocedores de la realidad que vive su país, y son perfectamente conscientes de que la situación ha alcanzado tal punto que la solución ya no depende sólo de ellos. De un modo u otro, si quieren terminar con esa lacra que lastra el desarrollo del estado y causa decenas de miles de muertos al año, deberán contar no con la ayuda, sino con la total implicación de los Estados Unidos, y por ello, la actual mandataria está mostrando una mayor disposición a trabajar con Washington en temas de seguridad. El ejemplo más claro lo tenemos en la reciente entrega de 26 relevantes miembros de los cárteles, encarcelados en México, a las autoridades estadounidenses.

En lo que se refiere a Venezuela, convergen dos elementos esenciales. Por un lado, el apoyo logístico, de infraestructura, y financiero, junto con la participación de relevantes personalidades del régimen como miembros del conocido “Cártel de los Soles”. A la postre, ya mencionado anteriormente, tanto México como Venezuela son engranajes de un sistema mucho más complejo, y cada uno tiene su papel, pero eliminar o degradar ese rol tendría un efecto demoledor, al menos temporalmente, en las estructuras del narcotráfico internacional, beneficiando no sólo a EE. UU., sino a Europa. Y no olvidemos que España es la principal puerta de entrada de droga al continente europeo. Por otro, la persistencia de un régimen dictatorial, considerado ilegítimo desde las últimas elecciones y que además de tener vínculos con el tráfico de drogas, es un férreo aliado de Rusia e Irán en la región, hace que debamos plantearnos que su interés en inundar las calles de EE. UU. de una sustancia como el fentanilo, de tan rápida adicción y efectos devastadores, por las grave consecuencias sociales que acarrea, tenga un objetivo más allá del económico y sea una forma de crear un problema que puede generar graves problemas y una profunda desestabilización.

La suma de todos los factores que hemos mencionado es lo que ha llevado a Estados Unidos a considerar este problema como una amenaza para la seguridad nacional al mismo nivel que el terrorismo.

La cooperación con México, independientemente de todos los problemas, es un escenario que sin lugar a duda va a avanzar y prosperará. Y probablemente poco a poco asistamos a un estrechamiento de esta medida que lleve incluso a la autorización de operaciones por parte de equipos norteamericanos en suelo mexicano, en forma de actuaciones conjuntas o de apoyo, pero más pronto que tarde serán una realidad. Para México es el único camino que puede frenar al país de la caída al precipicio.

En cambio, lo que pueda suceder en Venezuela es totalmente diferente. Allí el ataque a las redes de narcotraficantes pasa ineludiblemente por la desaparición del régimen que sustenta a éstas. Pero esa fulminación debe ser gestada, promovida, y llevada a cabo principalmente desde dentro. Por muy justificado que pueda estar, nadie entendería una operación militar a gran escala para derrocar al régimen de Maduro. Sería como una vuelta a los años 80.

No obstante, a ese estado final ideal se puede llegar mediante acciones directas puntuales que terminen con la captura o eliminación de Nicolás Maduro o ejerciendo presencia y presión, de tal manera que el movimiento surja espontáneamente.

El hecho innegable es que por primera vez en décadas Estados Unidos ha desplegado una fuerza muy considerable frente a las costas de Venezuela. Por el momento, la flota está compuesta por el buque de Asalto Anfibio Iwo Jima, que además de contar con helicópteros y aviones de transporte Osprey traslada aviones Harrier y a una fuerza de cuatro mil quinientos marines, tres destructores con capacidad de ataque a tierra, un crucero y al menos un submarino de ataque, además de todo el despliegue de apoyo logístico necesario y de ISR (Intelligence Reconoissance and Surveillance). En total estamos hablando de casi diez mil hombres.

La simple presencia de esa fuerza es por sí misma un mensaje muy claro y, en un momento dado, podría ser el catalizador de algún movimiento interno. Pero dados los hechos, ¿qué escenarios podemos plantearnos?

Para adentrarnos en la posible evolución de la situación, partimos de un razonamiento análogo al que hicimos antes de la invasión rusa de Ucrania. Y es que, salvando las distancias, nadie realiza un despliegue de tal calibre, con el coste que ello supone, simplemente para hacer una demostración de fuerza. Y desde luego, realizarlo para a las pocas semanas o meses retirar las unidades sin haber logrado ningún resultado tangible, sería caer en el auto descrédito. 

La simple presencia de esas unidades navales ya está afectando a las rutas de tráfico de drogas, dificultando enormemente la salida de éstas por vía marítima, tanto desde Venezuela como desde Colombia, lo cual en pocas semanas se reflejará en las operaciones de los cárteles mexicanos. 

Un escenario poco probable es el de la intervención a gran escala. En primer lugar, porque para algo así la fuerza de marines disponible no sería suficiente, y además una operación de ese calibre sería muy difícilmente justificable de cara a la opinión pública internacional. 

La probabilidad de que se lleven ataques selectivos contra objetivos claramente identificados como puntos de tránsito, elaboración o almacenamiento de drogas es por el contrario un escenario con más posibilidades de materializarse. Además, acciones de este tipo podrían ser la chispa que encendiera algún tipo de respuesta en el seno de las Fuerzas Armadas venezolanas y en la sociedad que propiciaran la caída de Maduro.

Pero a esta situación podría llegarse de forma inversa, es decir, que una “rebelión” o movimiento social contra el régimen provoque una reacción de éste que, a petición del que se considera Gobierno legítimo de Venezuela llevara a Estados Unidos a colaborar para retomar el control de la situación, golpeando al mismo tiempo las bases de la estructura de las redes de narcotráfico. 

Por último, otro posible marco que no se puede descartar es que Estados Unidos esté en posesión de información sobre algún tipo de movimiento u operación que justifique una acción directa contra la cúpula del régimen, con la finalidad de capturarlo y llevarlo frente a la justicia, pues una vez más debemos recordar que no considera a Maduro presidente legítimo, y que para dicha acción contarían con el apoyo y petición de Edmundo González.

La simple amenaza de que esto pueda ocurrir puede llevar al colapso al régimen de Nicolás Maduro, y no podemos descartar que a otros niveles se esté negociando incluso una salida del sátrapa hacia un tercer país que muy bien podría ser Nicaragua o Cuba.

No debe ser ignorada la idea de que si se elimina a Venezuela del círculo de apoyo a Rusia e Irán, estos pierden un valioso activo en sus acciones en la zona gris contra Estados Unidos y Europa, uno de cuyos pilares, ya mencionado anteriormente, es la desestabilización a través del tráfico de drogas, por los efectos que está causando en sectores de la población, por lo que tiene que ver con el aumento de la criminalidad e inseguridad y por su influencia en la extensión de redes de otras actividades de crimen organizado.

Sea como sea, estamos asistiendo, por un lado, al final de un régimen criminal, y, por otro, a los primeros compases de una lucha que, sin lugar a duda, como lo fue la denominada “guerra contra el terrorismo”, terminará siendo global. No debemos olvidar, como tantas veces se ha repetido aquí, que los vasos comunicantes entre ambos fenómenos son infinitos, y que ambos nos afectan a todos. Esperemos, eso sí, que hayamos aprendido algo y que no nos quedemos sólo en la eliminación de las estructuras. Hay que proporcionar futuro y esperanza a quienes sólo lo han encontrado en ese mundo.