La Justicia marroquí investiga un fiscal por no aclarar dos casos de tortura

 

La evolución política de Marruecos es un proceso complejo y con muchas contradicciones. Esto ha ocurrido en  todos los países que han vivido transiciones democráticas. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir  y lo nuevo no acaba de nacer. Marruecos no es una excepción, y es  falso decir que este país ya es un Estado de derecho plenamente consolidado, porque las rémoras del pasado siguen presentes en los aparatos del Estado y en la propia sociedad. Pero mienten descaradamente quienes afirman que desde la muerte de Hasan II y la llegada al trono de Mohamed VI, en 1999, no ha habido cambios sustanciales en Marruecos. Ciertamente, el país magrebí no es Suecia o Dinamarca, pero tampoco es Siria o un Estado autocrático del Golfo Pérsico. Los militares no son un poder fáctico como en Argelia y la monarquía, quizá deba evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos, pero es una institución aceptada por la inmensa mayoría de la población. Mohamed VI no es un dictador  y jamás mandó a la Policía o al Ejército a disparar contra el pueblo como sí hizo su padre. Hay que ser de mala fe, no conocer Marruecos o ser prisionero de la ideología para no valorar en su justa medida la transición democrática marroquí. En este país norteafricano en plena mutación económica y social, la democracia, con altos y bajos, se va abriendo camino. Hay muchos ejemplos que los demuestran. Un ejemplo reciente es la investigación abierta contra un fiscal por la Inspección General del Ministerio de Justicia por no haber colaborado en el esclarecimiento de dos casos de tortura. Un asunto así hubiera sido impensable hace tan sólo una década, quizá menos tiempo. El fiscal en cuestión trabaja en el tribunal de primera instancia de la ciudad de Kenitra, a unos 35 kilómetros al norte de Rabat. Según la información facilitada por el Ministerio de Justicia, el fiscal se negó a satisfacer la demanda de dos detenidos que denunciaron haber sido torturados por la Policía y pidieron un reconocimiento médico. 

 

El polémico fiscal, que fue interrogado por la Inspección  General, no hizo caso a esta petición, según los denunciantes. Según el Ministerio de Justicia, no es la primera vez que ocurre un caso de esta naturaleza, pero en esta ocasión se ha sabido, porque han informado del hecho algunos medios de comunicación. En el territorio del Sáhara Occidental, por ejemplo, el Ministerio de Justicia recibió 900 solicitudes de reconocimiento médico por parte de detenidos que aseguraron haber sido torturados o maltratados por las fuerzas de seguridad. Sin lugar a duda, son muchas peticiones, lo que demuestra que Marruecos tiene que recorrer mucho camino todavía para erradicar completamente la tortura. Lo han denunciando ONGs solventes como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW), y en el propio país colectivos como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH). Pero peor sería que no se informara sobre esta triste realidad y que la Justicia estuviera completamente paralizada. Según denuncian las organizaciones defensoras de los derechos humanos,  algunos policías y jueces utilizan una nueva estrategia para coaccionar a las personas que denuncian torturas y malos tratos: les acusan de mentir y les condenan por ello. Esto fue lo que ocurrió recientemente con dos activistas de la izquierda radical, Wafaâ Charaf y Oussama Hasni. En cualquier caso, cuando faltan menos de tres semanas para que se celebre la segunda edición del Foro Mundial de los Derechos Humanos en Marrakech, algo se está moviendo en el aparato judicial marroquí. ¿Simple maniobra para distraer la atención o síntoma de una evolución profunda? Ya se verá, pero lo que no parece muy razonable es que algunas ONGs marroquíes defensoras de los derechos humanos hayan decidido boicotear el foro de Marrakech.