Alexandra Dumitrascu
Pie de foto: El ex presidente Álvaro Uribe fue la cara más visible de la campaña por el no del acuerdo de paz acordado entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC
Este domingo ha ganado el resentimiento en Colombia. A pesar de que las encuestas vaticinaban una victoria amplía del sí, de casi el 62%, los colombianos han optado por el no en el plebiscito al que han sido convocados cerca de 35 millones de ciudadanos. No obstante, a las urnas acudió únicamente el 37% de los votantes, lo que pone de manifiesto una abstención muy elevada. Así con todo, los resultados reflejan un porcentaje muy ajustado en los que el no se ha impuesto con el 50.20% de los votos, mientras que por el sí optaron el 49.78% de los votantes.
El sorprendente desenlace indica que para el pueblo colombiano el perdón no es suficiente, y que lo que se necesita es justicia. Justicia para los familiares de los más de 260.000 personas asesinadas, por las decenas de miles de desaparecidos, y también por los más de siete millones de desplazados.
La palabra democracia fue la más repetida entre los votantes a favor del no. “La democracia de nuestra patria ha sido superior a la presión oficial por imponer el sí”, ha expresado el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, poco después de conocerse los resultados. El ex mandatario, que reiteradamente ha calificado los términos del acuerdo “decepcionantes”, ha mantenido su optimismo de que el rechazo de los colombianos supondrá una posible renegociación de los términos del pacto.
Por su parte, el presidente José Manuel Santos, que había animado enérgicamente a los ciudadanos a votar a favor de la paz, ha declarado reconocer los resultados del plebiscito, al mismo tiempo que ha asegurado que el alto el fuego acordado con los miembros de las FARC va a seguir vigente. No obstante, el resultado de este domingo debilita al presidente que ha salido derrotado, y cuyo futuro es a partir de ahora incierto.
Si bien la negativa al pacto ha supuesto un jarro de agua fría para los miembros de las FARC, su líder, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, ha hecho un llamamiento a la confianza y la esperanza entre el pueblo colombiano. “El amor que llevamos en el corazón es gigante, y con nuestras palabras y acciones seremos capaces de alcanzar la paz”, es el mensaje que rezaba la cuenta de Twitter de la guerrilla.
Si bien no había obligación legal para convocar el plebiscito, el presidente Santos, se empeñó en medir su aceptación para conferir así “legitimidad, sostenibilidad y garantía” al mismo. El rechazo de los colombianos al acuerdo no significa de ninguna manera el rechazo a la paz en Colombia, sino el rechazo a unos términos que conceden cuasi impunidad para los responsables de los crímenes del conflicto. Si bien, tanto el presidente Santos, como el líder de las FARC, han infundido mensajes de calma, tanto el futuro del acuerdo, como del país, quedan en duda. Ahora se abre un periodo de incertidumbre, en el que, en el plano interno, la credibilidad del presidente para negociar acuerdos futuros similares con otras agrupaciones ha quedado seriamente dañada. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo armado más grande del país, podía haber sido el segundo en la lista para las negociaciones, una vez concluido el proceso de paz con las FARC. Si bien su jefe, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, había dicho que los términos alcanzados entre el Gobierno colombiano y las FARC no eran extrapolables para un posible pacto con el ELN, supuestamente ya hay en marcha una agenda de negociación fijada. En el día del plebiscito, incluso, la agrupación declaró un cese el fuego unilateral para permitir que la población de las zonas bajo el control de ELN pueda ir a votar.
En el ámbito internacional, el desprestigio es aún mayor, en donde Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea han ofrecido su apoyo incondicional al acuerdo “imperfecto” de Santos. La ONU, incluso, se había comprometido con verificar el cese al fuego bilateral y definitivo, y el desarme de las FARC, que no se podía haber prolongado más allá de seis meses, es decir, hasta el primer trimestre de 2017. Hasta esa fecha, las FARC tenían que haber entregado su arsenal para poder iniciar su camino hacia la política de forma legal.
Una solución improbable sería que los miembros de las FARC se sacrifiquen en pro del interés común, si no, deberán volver a la selva en donde sus pretensiones políticas quedarían frustradas, y la paz anhelada por los colombianos quedaría aplazada por un periodo impredecible. Asimismo, más improbable aún, sería que el acuerdo siga adelante a espaldas de los ciudadanos, tras una negociación bilateral que maquille los puntos más sensibles del mismo.
Un acuerdo polémico
El documento del acuerdo de paz de 297 páginas, firmado tan sólo hace una semana en Cartagena de Indias, pretendía poner fin a 52 años de conflicto armado. Ese día, el líder de las FARC pidió por primera vez perdón a las casi 8 millones de víctimas del conflicto delante de los jefes de Estado y las delegaciones extranjeras, entre ellos el ex presidente español Felipe González, y el rey emérito, Don Juan Carlos. Fue sin embargo, un perdón a medias que no reconoció a las víctimas sino que lamentaba “todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra”.
El sacrificio que se pedía a los colombianos mediante el plebiscito no era anecdótico. Uno de los puntos más polémicos de los seis que se habían negociado en el acuerdo, es el que prevía la amnistía para los miembros de la guerrilla. Los integrantes de las FARC que cometieron crímenes, algunos de lesa humanidad, debían ser juzgados por un tribunal especial en caso en que estos confesaban sus crímenes, cuya pena máxima hubiese sido la privación de la libertad por un periodo máximo de ocho años, y trabajo forzoso en el seno de las comunidades afectadas por el conflicto. En el caso de los acusados que no habrían acudido ante este tribuna, se contemplaba una cárcel tradicional, con penas de hasta 20 años. Aunque mayor parte de los guerrilleros habría sido amnistiada.
Además el acuerdo que han rechazado los colombianos contempla, asimismo, la reincorporación de estos en la vida social, económica y política del país “de acuerdo con sus intereses”. La agrupación podía haber participado en las próximas elecciones de 2018, y se les iba a garantizar un total de diez escaños en el Senado y en el Congreso. En el periodo de tiempo restante, de aquí a 2018, estos podían haber disfrutado de portavoces en las dos cámaras del Parlamento.
En estas condiciones, la reincorporación de las FARC en la vida civil del país suponía todo un reto, en el que los miembros de la guerrilla debían asumir un compromiso por con la democracia y con la convivencia pacífica. Las condiciones de vida de los guerrilleros durante más de medio siglo de conflicto hace difícil pensar que la integración de estos en la sociedad se llevaría a cabo con normalidad. Muchos de sus integrantes no han conocido otra vida que la de guerrillero, en donde en los últimos años se ha compaginado con la producción y el tráfico de drogas. En este último sentido, las FARC se habían comprometido mediante el acuerdo de paz con desmantelar el tráfico de drogas que en las últimas tres décadas ha sido una de las principales fuentes de financiación de la guerrilla.
Para su integración, se habían acordado 23 zonas de ubicación y ocho campamentos para la desmovilización apartadas de los cascos urbanos, a los que durante 180 días no habría tenido acceso la población civil.
