Miles de manifestantes marchan en Sudán en el aniversario de las protestas contra el régimen de Al-Bashir

Miles de sudaneses han salido este jueves en Jartum y otras ciudades de Sudán con motivo de la conmemoración del primer aniversario del inicio de las manifestaciones que terminaron con el Gobierno de Omar al-Bashir en abril de 2019 tras 30 años en el poder. Las movilizaciones han sido convocadas por las Fuerzas de la Libertad y el Cambio que también formaron un papel importante durante las jornadas de protestas que cumplen ahora un año.
En las manifestaciones los asistentes hombres, mujeres y niños, han portado banderas de Sudán y retratos de las personas que fueron asesinadas durante las movilizaciones. En estas marchas los sudaneses han exigido la aceleración de los procesos judiciales contra los acusados por la muerte de los protestantes durante los meses previos al cambio político y otras problemáticas a las que ahora se enfrenta el país. “Estamos mejor sin Al-Bashir. Pero la vida es la misma en muchos sentidos”, ha contado a The National Saad Malek, un taxista de Jartum de 60 años. Por su parte, un estudiante de 22 años contaba a Efe que se necesita acelerar la búsqueda de una solución para la crisis económica.
Las fuerzas de seguridad también se han movilizado para esta jornada, cientos de tropas se han concentrado las carreteras que conducen al cuartel general de las Fuerzas Armadas y al palacio presidencial junto a la ribera del Nilo, sitios donde se concentraron las manifestaciones más importantes. En un comunicado el Ejército ha pedido a la población “alejarse de las áreas militares” y ha señalado que las Fuerzas de Seguridad “cumplen con sus obligaciones para mejorar la seguridad y preservar los logros de la revolución sudanesa”. Tanto movimiento ha provocado atascos en varios puntos del país, especialmente en la capital.

Mientras tanto, el cambio político en Sudán continúa su curso con un Gobierno de unidad nacional que pretende llevar a cabo una transición política y el establecimiento de un estado derecho sólido y con garantías tras décadas bajo un poder autoritario con un marcado acento militar. En este aniversario Amnistía Internacional (AI) ha apelado a las autoridades de la transición a “estar a la altura de las esperanzas y expectativas del pueblo sudanés y cumplir con el compromiso que hicieron para restaurar el estado de derecho y proteger los derechos humanos”, según ha comunicado Seif Magango, subdirector de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno y los Grandes Lagos.
Ahora el poder del país africano recae sobre el Gobierno del primer ministro Abdullah Hamdok quien, respaldado por la Carta Constitucional de Transición, ha creado la declaración de derechos más completa que ha vivido Sudán hasta la fecha. El pasado mes el gobierno de Hamdok revocó las leyes de orden público de la dictadura y puso fin a la impunidad frente a las violaciones de derechos y libertades que especialmente se cometían contra las mujeres.
Además, la organización internacional ha hecho alusión a que “las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y las reparaciones en virtud del derecho internacional” que permita establecer un sistema de rendición de cuentas, investigación y enjuicio de los delitos y crímenes internacionales cometidos durante la dictadura y que permitan entre otras cosas reconstruir la credibilidad en el Estado y su sistema judicial. Parece que el Gobierno transitorio ha dado un paso hacia este sentido con el nombramiento de un nuevo Fiscal General y un nuevo presidente del Tribunal Supremo, aunque AI espera a las investigaciones y juicios sean “exhaustivos y efectivos”.
Tras la sentencia contra Omar al-Bashir por delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de divisas, la Fiscalía sudanesa ha extendido una semana la prisión preventiva a la esposa de Al-Bashir, Widad Babiker, que fue detenida la semana pasada y que está siendo investigada por corrupción y enriquecimiento ilegal, según ha recogido Efe. Además, Al-Bashir guarda otra causa abierta por participar y llevar a cabo el golpe de Estado con el que accedió al poder en 1989.

Un año después de la revolución, Sudán todavía se encuentra con muchos frentes abiertos. El país pasa por una grave crisis económica y a dos semanas de que empiece el año 2020, el Gobierno sudanés no ha podido presentar unos presupuestos generales que intenten enderezar la economía del país. Además, las conversaciones de paz entre el Gobierno de transición y los grupos rebeldes del sur y Sudán del sur no han progresado sustancialmente.
Temas como el papel de la religión, la distribución justa de los recursos nacionales o incluso la posibilidad de autodeterminación que ciertos grupos proponen no han sido solucionados. El acuerdo firmado entre militares y el movimiento civil estipula que el marco de paz integral debe alcanzarse seis meses después del pacto que se firmó el pasado mes de agosto. Algunos de los grupos rebeldes piden el nombramiento de nuevos gobernadores provinciales y una asamblea legislativa de 300 escaños, propuestas que han sido objetadas por las Fuerzas de Libertad y Cambio.

A su vez, queda pendiente también la orden dictada por la Corte Penal Internacional de arresto y traslado a la sede de la Corte al expresidente Al-Bashir bajo la acusación de crímenes contra la humanidad. Al expresidente se le acusa por los episodios cometidos en Darfur entre 2003 y 2004 en los que murieron al menos 400.000 personas bajo signos episodios tildados de genocidio dirigido contra los habitantes negros de esta zona del país. El gobierno de Hamdok y la renovada justicia sudanesa todavía no ha cumplido esta obligación de traslado a La Haya conforme al derecho internacional. No obstante, Sudán no llegó a ratificar el Estatuto de Roma lo que complica la ejecución de la acción.