Una nueva encuesta de opinión publicada recientemente mostró que los alcaldes de los partidos de oposición turcos se sitúan entre los primeros puestos de los regidores más reconocidos y exitosos de la nación.
La encuesta, llevada a cabo por una agencia turca y publicada por el medio Cumhuriyet, el más antiguo del país otomano y de carácter laico, pro-democrático y liberal, quiso reflejar el nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto a la labor de los alcaldes de diferentes formaciones políticas. El periódico, no alineado con los postulados del presidente Recep Tayyip Erdogan, reveló esta jornada de domingo los resultados del estudio, que se llevó a cabo entre el 30 de mayo y el 1 de junio, con más de 65.000 personas mayores de 18 años participantes, las cuales fueron cuestionadas a través de mensajes de texto.
Según los datos arrojados, Mansur Yavas, el alcalde de la capital administrativa de Ankara y perteneciente al Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco), de corte socialdemócrata, ocupó el primer lugar como el alcalde con mejores valoraciones y actividad más reconocida, después de recibir el 73,2% de los votos favorables de los encuestados.

En segundo lugar se colocó el alcalde de la ciudad de Antalya, al sur de Turquía, Muhittin Böcek, también del CHP, con el 64% de apoyos, mientras que Ozlem Cercioglu, que pertenece al mismo partido y que rige la municipalidad de Aydin, recibió el 63,2% de los votos.
De los diez primeros puestos, siete fueron para el CHP, incluido el conseguido por el alcalde de Estambul, el líder opositor Ekrem Imamoglu, que con el 57,2% obtuvo el quinto lugar de la lista. El CHP fue la organización política que dio la gran sorpresa ante el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco), de Recep Tayyip Erdogan, en las últimas elecciones municipales de marzo de 2019, en las que el partido gobernante perdió los dos grandes núcleos de la nación turca: Ankara, la capital administrativa, y Estambul, ciudad más poblada y el gran centro económico y financiero del país. Erdogan recibió un fuerte revés electoral en esa ocasión al perder importantes plazas en la nación, como las citadas Estambul y Ankara, que pasaron a manos del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo.

En esta lista de alcaldes mejor valorados se coló algún nombre del oficialista AKP, como la alcaldesa de Gaziantep, Fatima Sahin, y también dirigentes del sur del país, donde tiene gran poder el Partido Democrático de los Pueblos (HDP, por sus siglas en turco) pro-kurdo.
En el análisis de los resultados, el propietario de la empresa que realizó la encuesta, Kadir Atalay, dijo que el hecho de que el CHP ocupase siete de los primeros lugares del listado refleja el grado de satisfacción de los ciudadanos con el desempeño de los rivales políticos de Erdogan.
Cabe mencionar que los municipios dirigidos por el opositor Partido Republicano del Pueblo han superado a los del Partido de la Justicia y el Desarrollo frente a la crisis de la epidemia del coronavirus en el país, y han apoyado a los ciudadanos proporcionando asistencia financiera, en especial a los pobres y desempleados; ante la mayor inacción del partido dirigido por Recep Tayyip Erdogan.

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, ya se enfrentó a Erdogan a finales del mes de abril por el asunto de la lucha contra la enfermedad COVID-19. Imamoglu censuró la gestión del Gobierno y acusó al máximo dirigente del país de no proporcionar información detallada a los Ayuntamientos y de entorpecer la gestión sanitaria y económica de la crisis.
Erdogan sigue viendo cómo su imagen y la de su partido baja enteros a ojos de los ciudadanos. Ante esta pérdida de apoyos está llevando a cabo una dura campaña de persecución contra rivales políticos, principalmente los más afines al entorno kurdo (al que acusa de llevar a cabo actos terroristas en el sur del país); esta acción se basa en detenciones de miembros del HDP, como las últimas cuatro decretadas sobre alcaldes de este partido a finales de mayo bajo la acusación de colaboración con las guerrillas del Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK, por sus siglas en turco), organización esta última considerada terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.
Los cuatro regidores apresados gobernaban en localidades del sureste de Turquía, donde residen la mayoría de kurdos que viven en la nación otomana (una población que algunas fuentes cifran entre 15 y 20 millones de ciudadanos). El Gobierno del país euroasiático protagoniza una larga campaña contra la etnia kurda, y en esta última operación de mayo los implicados fueron tres regidores de la provincia de Siirt, entre ellos el alcalde de la homónima capital y el alcalde de la ciudad de Igdir, zona fronteriza con Armenia, junto con el rector de los distritos de Baykan y Kurtalan. Estos fueron arrestados bajo la acusación de "ser miembro de una organización terrorista" y, además, financiarla; todo ello derivado del citado nexo al PKK. La táctica del Ejecutivo turco contra los kurdos ha continuado con paso firme; ya el pasado 9 de marzo un tribunal de justicia condenó a nueve años de prisión al destituido alcalde de Diyarbakir, Adnan Selcuk Mizrakli, por "pertenecer a una organización terrorista". Mientras, doce diputados del HDP, tercera formación en el Parlamento turco, permanecen en prisión desde 2016 acusados de vínculos con las milicias kurdas.

Tras la derrota en los comicios locales de 2019, el presidente turco aceleró una campaña de persecución a rivales políticos para desviar la atención, sumar apoyos populares frente a un ‘enemigo común’ y tratar de mitigar el golpe político recibido con la pérdida de confianza de gran parte de la ciudadanía. Los alcaldes afectados desde entonces han sido sustituidos por funcionarios del Estado en más de la mitad de los 65 municipios ganados por el HDP, y el Ejecutivo central ha nombrado a gobernadores y otras autoridades locales como regidores circunstanciales en esos distritos. Antiguos dirigentes del HDP han sido encarcelados desde 2016 por cargos de terrorismo, y varios otros miembros destacados del partido han sido acusados de apoyar el terrorismo por lo que el Gobierno entiende que son peligrosos vínculos con el PKK.
Esta maniobra en el marco interno sirve a Recep Tayyip Erdogan para desviar la atención sobre graves problemas que atraviesa, como la pérdida de confianza y la crisis económica nacional que atraviesa el país, agravada por la fuerte caída de la lira turca y por el parón de la actividad generado por la actual crisis sanitaria de la COVID-19.

Esta táctica de Erdogan trata de abrir diferentes frentes para distraer la atención y unir a la población en torno a su Ejecutivo. Algo que se manifiesta también en la política exterior del ‘sultán’, con los claros ejemplos de la participación turca en las guerras de Siria y Libia, donde la Administración Erdogan tiene un papel muy activo; con la utilización incluso en el país árabe y el norteafricano de milicias de mercenarios a sueldo que han estado vinculados a organizaciones terroristas yihadistas, como publicaron diversos medios.
Todo ello sirve a Recep Tayyip Erdogan para intentar buscar elementos que ayuden a mejorar su ya debilitada posición política interna.