Las autoridades paquistaníes deben investigar urgente e imparcialmente el aumento de los ataques violentos contra miembros de la comunidad religiosa Ahmadía, dijeron esta jornada Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Las autoridades deben emprender las acciones legales apropiadas contra los responsables de amenazas y violencia contra los áhmadis.
Desde julio de 2020, se han producido al menos cinco asesinatos aparentemente selectivos de miembros de la comunidad Ahmadía. En solo dos de los casos, la Policía detuvo a un sospechoso. Las autoridades paquistaníes han minimizado durante mucho tiempo, y en ocasiones incluso alentado, la violencia contra los áhmadis, cuyos derechos a la libertad de religión y creencias no se respetan en la legislación paquistaní.
“Hay pocas comunidades en Pakistán que hayan sufrido tanto como los áhmadis”, dijo Omar Waraich, director para Asia del Sur de Amnistía Internacional. “La reciente ola de asesinatos subraya trágicamente no solo la gravedad de las amenazas que enfrentan, sino también la cruel indiferencia de las autoridades, que no han protegido a la comunidad Ahmadía ni han castigado a los perpetradores”.
El 20 de noviembre, un presunto agresor adolescente disparó mortalmente al Dr. Tahir Mahmood, de 31 años, cuando abría la puerta de su casa en el distrito de Nankana Sahib, Punjab. El padre de Mahmood y dos de sus tíos resultaron heridos en el ataque. La Policía informó que el sospechoso "confesó haber agredido a la familia por diferencias religiosas".
Recientemente se han producido varios ataques en la ciudad de Peshawar, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. El 9 de noviembre, Mahmoob Khan, de 82 años, recibió un disparo mortal mientras esperaba en la estación de autobuses. El 6 de octubre, dos hombres en una motocicleta detuvieron el automóvil del Dr. Naeemuddin Khattak, de 57 años, profesor de la Escuela Superior de Ciencias del Gobierno, y le dispararon cinco veces hasta matarlo. Su familia dijo que tuvo una " discusión acalorada sobre un tema religioso" con un colega el día anterior. La Yama’at-e- Ahmadía, una organización comunitaria, emitió un comunicado diciendo que Khattak había recibido amenazas con anterioridad y que fue atacado por su fe.
El 12 de agosto, Meraj Ahmed, de 61 años, recibió un disparo mortal cuando cerraba su tienda en Peshawar. El 29 de julio, un presunto agresor de 19 años mató a Tahir Ahmad Naseem, de 57 años, dentro de una sala de un tribunal de alta seguridad. Naseem enfrentaba un juicio por acusaciones de blasfemia. En un video que circuló en las redes sociales, el sospechoso afirma que Naseem era un "blasfemo".
Los sucesivos Gobiernos paquistaníes han fracasado a la hora de proteger los derechos humanos y la seguridad de la comunidad Ahmadía. El código penal discrimina explícitamente a las minorías religiosas y ataca a los áhmadis al prohibirles que "se hagan pasar indirecta o directamente por musulmanes". Los áhmadis tienen prohibido declarar o propagar su fe públicamente, construir mezquitas o hacer la llamada a la oración según el rito islámico.
Las autoridades arrestan, detienen y acusan arbitrariamente a los áhmadis de blasfemia y otros delitos a causa de sus creencias religiosas. La Policía, a menudo, ha sido cómplice del acoso y de la presentación de falsos cargos contra los áhmadis, o no ha intervenido para detener la violencia contra los áhmadis. El hecho de que el Gobierno no aborde la persecución religiosa de los áhmadis ha favorecido la violencia en su contra en nombre de la religión.
“Pakistán formó parte del consenso en la Asamblea General de la ONU que requería que los Estados tomaran medidas activas para garantizar que las personas pertenecientes a minorías religiosas pudieran ejercer plena y efectivamente todos sus derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación alguna y en plena igualdad ante la ley”, dijo Ian Seiderman, director legal y de políticas de la Comisión Internacional de Juristas. "El Gobierno paquistaní ha fracasado completamente a la hora de hacerlo en el caso de los áhmadis", añadió.
El Gobierno de Pakistán también promueve prácticas discriminatorias contra los áhmadis. Por ejemplo, todos los ciudadanos musulmanes paquistaníes que solicitan pasaportes están obligados a firmar una declaración en la que declaran explícitamente que consideran al Fundador de la Comunidad Ahmadía un "impostor" y consideran que los áhmadis no son musulmanes.
Las leyes paquistaníes contra la comunidad Ahmadía violan las obligaciones legales internacionales de Pakistán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), que Pakistán ratificó en 2010, incluidos los derechos a la libertad de conciencia, religión, expresión y asociación, y a profesar y practicar propia religión.
Expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluidos los relatores especiales sobre la libertad de religión o creencias y el relator especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, han expresado con anterioridad su preocupación por la persecución de la comunidad Ahmadía en Pakistán.
“Los Gobiernos federal y provincial de Pakistán deben tomar medidas legales y políticas inmediatas para eliminar la discriminación y la exclusión social generalizada y desenfrenada que enfrenta la comunidad Ahmadía en Pakistán”, dijo Patricia Gossman, directora asociada para Asia de Human Rights Watch. "El Gobierno debe derogar la ley de blasfemia y todas las disposiciones anti-Ahmadía", manifestó.
