El precio de informar en Turquía: hasta 19 años de cárcel por supuestamente “desvelar secretos de Estado”

En Turquía, al menos el 85 % de los medios nacionales son propiedad de empresarios progubernamentales y siguen la línea oficial. Sin embargo, el 15 % restante vive cada día en un territorio hostil, en donde el hostigamiento hacia los medios de comunicación y periodistas independientes o que no siguen la línea del régimen es una constante. En este escenario, un tribunal de Estambul ha liberado este miércoles a tres periodistas que llevaban desde marzo en prisión preventiva por supuestamente haber revelado secretos de estado sobre un agente de inteligencia turco que fue asesinado en Libia a principios de este año. La misma corte ha mantenido la detención provisional para otras tres personas acusadas del mismo delito. 

Entre los acusados se encuentran Huyla Kilinc, Baris Pehlivan y Baris Terkoglu del portal web de noticias ultranacionalista Odatv; Ferhat Celik y Aydin Keser del periódico pro-kurdo Yeni Yasam y Murat Agirel, columnista del periódico nacionalista Yenicag. Los seis periodistas detenidos se enfrentan a entre ocho y diecinueve años de presión por presuntas violaciones de las leyes de revelación de información relacionada con la seguridad del Estado. Además, un séptimo periodista que se encuentra en Alemania está siendo juzgado por estos mismos cargos ‘in absentia’. “Están haciendo lo que mejor saben: usar la ley para silenciarnos. En respuesta, haremos lo que mejor sabemos hacer: periodismo. Seguiremos desde donde lo dejamos”, dijo Baris Terkoglu tras ser liberado. 

Tras un largo juicio, Turquía ha dictaminado la libertad de Baris Terkoglu,  Aydin Keser y Ferhat Celik, mientras que ha mantenido la prisión preventiva para los otros tres periodistas hasta la próxima audiencia programada que se celebrará el 9 de septiembre. “Con estos cargos inexistentes, he sido retenido solo en una celda de la prisión durante 120 días”, ha lamentado Agirel en su defensa. “Los cargos en mi contra no se basan en pruebas tangibles ni son concienzudos”, ha recalcado según ha recogido el diario digital Al Monitor. 

Durante la audiencia, todos los periodistas defendieron su inocencia haciendo hincapié en que solo estaban haciendo su trabajo como periodistas y de que la información que habían publicado ya estaba en las redes sociales. “El gran número de juicios contra periodistas turcos muestra el desprecio y la hostilidad de las autoridades hacia los medios de comunicación. Esta situación es aún más inaceptable durante la pandemia de coronavirus”, ha denunciado el coordinador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en  Europa y Asia Central, Gulnoza Said, en Nueva York. “Las autoridades turcas deben dejar de juzgar a los periodistas por sus reportajes; si no retiran los cargos contra los miembros de la prensa, al menos deben asegurarse de que los periodistas puedan acudir a los tribunales en condiciones de seguridad”, ha añadido. 

Los seis acusados han estado en prisión preventiva desde que fueron detenidos en marzo por “trabajar de manera sistemática y coordinada” para revelar información sobre el oficial de inteligencia que perdió la vida en Libia. La violencia y la inestabilidad se han convertido en una constante en Libia a raíz del acuerdo firmado el pasado mes de noviembre entre Turquía y el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA). En el marco de este acuerdo de seguridad y cooperación económica, el país presidido por Erdogan ha intensificado su presencia en el país norteafricano, con el envío de cientos de mercenarios y decenas de cargamentos de material militar. Esta intervención ha otorgado a Ankara una posición clave en el proceso de resolución del conflicto libio. 

La representante del CPJ en Turquía ha explicado que las diversas inclinaciones políticas de los periodistas enjuiciados “son pruebas suficientes” de que no colaboraron en esta conspiración para “socavar las operaciones del Estado”. Asimismo ha destacado – en declaraciones a Al Monitor – que “la Fiscalía no ha aportado pruebas de la presunta cooperación”. “El juicio es un buen ejemplo de cómo las autoridades turcas desean una voz singular en los medios de comunicación que no tenga nada más que declaraciones oficiales en las noticias. Lo único que tienen en común estos periodistas es que trabajan en medios independientes y críticos con el gobierno. Eso es lo que se está juzgando hoy en día”, ha denunciado. 

El director adjunto del Instituto Internacional de Prensa (IPI) ha seguido esta misma retórica, señalando que “los cargos contra los acusados son absurdos”. “Estas acusaciones indican que los intentos de Turquía por acabar con la libertad de prensa no están disminuyendo y que los periodistas que informan críticamente sobre temas delicados siguen corriendo el riesgo de ser detenidos, procesados y encarcelados arbitrariamente”, ha aseverado a Al Monitor. 

Los juicios contra periodistas se han reanudado en el país tras una suspensión de tres meses provocada por la pandemia del coronavirus. El pasado 17 de junio, un tribunal de la ciudad sudoriental de Diyarbakır absolvió a Yeni Yaşam editora Semiha Alankuş por cargos de pertenencia a una organización terrorista. Ese mismo día,  un tribunal de esta misma ciudad condenó a Beritan Canözer, periodista del sitio web de noticias pro-kurdo Jin News, a un año, 10 meses y 15 días de prisión por “hacer propaganda de una organización terrorista” en su medio de comunicación. 

En este escenario, Erol Onderoglu, representante de RSF en Turquía considera que “a medida que la crisis financiera empeora como resultado de la pandemia de la COVID-19 y el gobierno parece mostrar signos de debilidad, estamos viendo una creciente represión en los medios de comunicación que apunta a convertir la línea oficial en un monopolio ". “Sin democracia y un sistema regulador de medios independientes, esta represión podría terminar destruyendo el pluralismo periodístico, ya frágil, de Turquía”, ha apuntado.  Turquía ocupa el puesto número 154 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborado por RSF.  

La represión contra los medios de comunicación en Turquía se intensificó tras el golpe de Estado de 2016, con el posterior cierre de periódicos y la condena de decenas de periodistas, acusados principalmente de tener vínculos con “movimientos terroristas”, tanto con el grupo armado Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK) como con la cofradía islamista del predicador Fethullah Gülen, a quien Ankara acusa de orquestar la asonada de julio de 2016.