El Gobierno israelí de extrema derecha se preparó el lunes para impulsar en el Parlamento una cláusula clave de su paquete de reformas judiciales, que ha desatado protestas masivas y ha sido calificada de "divisoria" por el presidente estadounidense, Joe Biden.
El primer ministro Benjamín Netanyahu regresó a la Knesset -sólo un día después de someterse a una operación quirúrgica para que le instalaran un marcapasos- mientras la policía utilizaba cañones de agua contra una multitud de manifestantes en el exterior de la legislatura.
El presidente Isaac Herzog, que ha estado intentando llegar a un compromiso tras medio año de protestas callejeras masivas semanales, advirtió que "nos encontramos en una emergencia nacional".
Los críticos temen que la reforma judicial propuesta socave la democracia liberal de Israel al eliminar los controles y equilibrios sobre el Ejecutivo, mientras que el Gobierno argumenta que necesita frenar la extralimitación judicial.
Netanyahu, de 73 años, llegó al Parlamento, donde los diputados iniciaron la sesión para la votación final de un proyecto de ley que limitaría la capacidad de los jueces para anular decisiones gubernamentales que no consideren "razonables".
Su Gobierno de coalición, que incluye partidos de extrema derecha y judíos ultraortodoxos, argumenta que las reformas propuestas son necesarias para garantizar un mejor equilibrio de poder.
Cuando la crisis parecía a punto de alcanzar su punto álgido, Washington, tradicional aliado de Israel, reiteró su preocupación por la agitación política, y Biden instó a los dirigentes israelíes a aplazar la votación.
"Desde la perspectiva de los amigos de Israel en Estados Unidos, parece que la actual propuesta de reforma judicial se está volviendo más divisiva, no menos", dijo en una declaración publicada por primera vez por el sitio de noticias Axios y compartida con AFP.
"No tiene sentido que los líderes israelíes apresuren esto: el foco debería estar en unir a la gente y encontrar un consenso".
Luchar por la democracia
Herzog, recién llegado de un viaje a Washington, había acudido el domingo a la habitación de Netanyahu en el hospital, en un esfuerzo de última hora por alcanzar un compromiso.
En medio de lo que calificó de "emergencia nacional" de Israel, Herzog advirtió que "hay bases para el entendimiento, pero siguen existiendo lagunas que exigen a las partes mostrar responsabilidad".
Netanyahu había dicho el domingo por la tarde que "continuamos nuestros esfuerzos para completar la legislación, y los esfuerzos para hacerlo de acuerdo" con la oposición.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, impulsor de las reformas, dijo que el proyecto de ley ya había sufrido cambios para dar cabida a los críticos, pero añadió que la coalición gobernante seguía abierta a "entendimientos".
"Entendimientos significa que la oposición también está dispuesta a hacer concesiones", dijo el domingo a sus partidarios en un mitin en Tel Aviv.
Los opositores acusan a Netanyahu, que ha estado luchando contra acusaciones de corrupción en los tribunales, de conflicto de intereses, y algunos manifestantes le han calificado de "ministro del crimen".
"Hoy se aprobará probablemente la primera ley que empezará a derribar la democracia de Israel", dijo Shahaf Kushinsky, de 34 años, un trabajador de alta tecnología que protestaba cerca del Parlamento.
"Eso, en esencia, dará al gobierno un poder ilimitado. ... Esta es la puerta de entrada a una dictadura y por eso estamos aquí. Luchamos por nuestra democracia".
Mensaje al mundo
Si se aprueba, la cláusula de "razonabilidad" sería el primer componente importante del paquete de reformas que se convertiría en ley.
Otros cambios propuestos incluyen permitir al gobierno una mayor participación en el nombramiento de jueces.
Las protestas han suscitado el apoyo de todo el espectro político y de grupos laicos y religiosos, obreros y trabajadores del sector tecnológico, activistas pacifistas y reservistas militares.
La batalla política en torno a la reforma judicial se produce en un contexto de creciente violencia entre palestinos e israelíes.
Tali Gal, una de las manifestantes que se oponen al paquete judicial, dijo que se estaba uniendo contra lo que, en su opinión, eran "fuerzas de la oscuridad".
"Estamos defendiendo nuestra democracia con nuestros cuerpos", declaró Gal, de 52 años y profesora de Derecho.
"El plan es hacer todo lo posible, enviar un mensaje al mundo de que necesitamos una intervención ahora, cualquier intervención, para detener esto".
