Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, mantiene otro frente abierto dentro de su deriva autoritaria que busca ejercer un control total sobre el país ante una creciente oposición. En este caso, los abogados turcos siguen manifestándose contra el proyecto de ley presentado por el oficialista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) que tiene la intención de descentralizar los colegios de abogados mediante la implantación de asociaciones alternativas en importantes enclaves como Estambul, Ankara y Esmirna, donde están colegiados prácticamente la mitad de todos los letrados del país.
En el último episodio de estas protestas, cientos de abogados otomanos se reunieron ante los juzgados en el Palacio de Justicia de Estambul (el corazón financiero de la nación y urbe más representativa de Turquía) esta pasada jornada de martes para mostrar su firme oposición al proyecto de ley que quiere tramitar el AKP para la generación de entidades alternativas a las establecidas ya que sean afines totalmente a los postulados del régimen de Recep Tayyip Erdogan. “Quieren que los abogados se abstengan de hablar de política, pero lo haremos hasta que muramos. Necesitamos proteger los derechos humanos y la superioridad de la ley. Le digo a Ankara desde aquí que las marchas no serán silenciadas. No nos inclinaremos y obedeceremos”, expresó Mehmet Durakoglu, uno de los líderes de las protestas en Estambul. "Vamos a demostrar cómo este proyecto de ley viola las normas universales de la ley y la Constitución", reseñó Durakoglu, en palabras recogidas por el medio Duvar.
Junto a la citada descentralización, el texto legal que promueve el AKP en el Parlamento turco persigue el objetivo también de cambiar el sistema electoral de la junta ejecutiva de las diversas asociaciones de abogados de Turquía para romper la hegemonía de las tres organizaciones más grandes de cara a que las nuevas entidades que se quieren integrar tengan un mayor peso en las corporaciones de abogados.
El movimiento del poder está orientado a aumentar exponencialmente la injerencia gubernamental dentro de los cuerpos de abogados para poder influir en esta rama importante del sistema jurídico nacional. Lo cual ha desatado las protestas de los letrados; unas proclamas que van lanzadas también contra la figura de Metin Feyzioglu, presidente de la Unión de Colegios de Abogados, de quien se pidió su renuncia en la última marcha llevada a cabo en Estambul. Feyzioglu se opone también al proyecto de ley, pero se mantiene próximo a la esfera de Erdogan, según él, para poder defender mejor los derechos de los propios abogados. “Este país necesita abogados. Respetaremos la decisión del Parlamento, pero les diremos a aquellos que están tratando de usar el poder de la legislación como un arma que se volverá contra ellos como un boomerang. Este es nuestro derecho democrático”, aseveró Durakoglu al respecto.
Ante la firme postura en la calle de los abogados turcos, el Ejecutivo respondió con una fuerte presencia policial para disuadir a los manifestantes, que llegó incluso al uso de gases lacrimógenos, como indicaron diversos testigos al medio Duvar. La respuesta a través de las fuerzas de seguridad por parte del Gobierno fue la contestación oficial, como ha ocurrido en otras movilizaciones opositoras dentro de Turquía.
Mientras tanto, en la provincia sureña de Adana, la Policía impidió que los abogados marcharan al juzgado para protestar también contra el proyecto de ley.
Las manifestaciones desarrolladas en Estambul este pasado 30 de junio suceden a las materializadas el día 22 del mismo mes en Ankara. En aquella ocasión, los presidentes de más de 55 colegios de abogados marcharon hasta la capital administrativa de Turquía para protestar en contra de un proyecto de ley que se entiende como un atentado contra la independencia judicial y de la abogacía.
Ya a principios de junio, al menos 79 asociaciones y colegios de abogados de Turquía emitieron una declaración conjunta solicitando al Ejecutivo que revocase una iniciativa legislativa que podría poner en peligro la efectividad y la independencia de estas entidades.
La denominada “Marcha por la Defensa” comenzó oficialmente el 19 de junio con el fin de que el Gobierno otomano no apruebe una reforma legal que podría posibilitar al Ejecutivo controlar la elección dentro de estos organismos y configurar nuevos colegios profesionales en las provincias de cara a restar poder a los ya establecidos.
Los presidentes de 56 de los 80 colegios provinciales de abogados del país indicaron al medio Arab News que la marcha a Ankara tenía como objetivo “luchar contra la oscuridad” que conquistaría la nación otomana si este proyecto de ley es aprobado. “Nuestro único objetivo es asegurar el Estado de derecho y la seguridad en este país. Esta enmienda de la ley desencadenaría estructuras ilegales dentro del poder judicial. Si los colegios de abogados se mantienen en silencio, los ciudadanos no podrían expresar sus demandas al Estado”, remarcó el presidente del colegio de abogados en la provincia norteña de Giresun, Soner Karademir, en declaraciones recogidas por Arab News.
Persiste así el dominio férreo aplicado por el régimen de Recep Tayyip Erdogan contra todo tipo de oposición, encaminado a atar bien las estructuras del Estado. Todo ello en medio de una creciente ola opositora en el país del Bósforo que se puso de manifiesto en las pasadas elecciones municipales de 2019 en las que el AKP recibió un duro golpe electoral, principalmente ante el opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco), que se hizo con Ayuntamientos de gran importancia como los de Estambul y Ankara, significando una victoria histórica sobre la formación política del ‘sultán’ Erdogan.
El poder establecido trató de revocar los resultados de los comicios por supuestas irregularidades, sobre todo en Estambul, pero no pudo conseguirlo y el revés político fue importante. A partir de ahí se han venido sucediendo respuestas duras del Gobierno ante cualquier manifestación opositora para tener un mayor control dentro del país. En este sentido, se han llevado a cabo purgas en las filas del Ejército, utilizando el pretexto de supuestos vínculos con el golpe de Estado de 2016 y con la formación ligada al perseguido clérigo opositor Fethullah Gülen, y también la represión y detención de miembros del Partido Democrático del Pueblo (HDP, por sus siglas en turco), de tendencia pro-kurda y acusados de nexos con las guerrillas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por sus siglas en turco), catalogado como organización terrorista y acusado de instigar atentados en el sur del territorio turco.
Recep Tayyip Erdogan también está utilizando la estrategia de desviar la atención sobre lo que ocurre de puertas para dentro mediante una política exterior agresiva, representada, sobre todo, por las intervenciones militares en las guerras civiles de Siria y Libia, donde Turquía busca asentarse para tener una mayor presencia en Oriente Medio y el norte de África y disponer así de una mayor influencia en el arco mediterráneo para obtener beneficios geoestratégicos y económicos derivados de las prospecciones de gas y petróleo, según varios expertos; como quedó de manifiesto en el pacto suscrito a finales del año pasado con el Gobierno de Acuerdo Nacional libio por el que se aseguró el apoyo militar al mismo en la contienda bélica contra el Ejército Nacional libio y el reparto de zonas económicas exclusivas en el Mediterráneo.
