Turquía aumenta las detenciones ilegales contra los universitarios
Las protestas universitarias en Turquía llevan prolongándose desde el pasado 6 de enero, cuando los estudiantes de la prestigiosa Universidad del Bósforo de Estambul convocaron manifestaciones contra el nuevo rector, Melih Bulut, señalado por sus vínculos con el presidente Recep Tayyip Erdogan. Los universitarios exigieron su dimisión y denunciaron la desintegración de las normas democráticas en el país.
Desde el estallido de las protestas han sido detenidas más de 600 personas, según las autoridades turcas. La mayoría han sido liberadas y otras puestas bajo arresto domiciliario. Sin embargo, el caso más significativo fue el encarcelamiento de cuatro personas, ahora en espera de juicio por las protestas en el distrito de Kadikoy de Estambul. Los cuatro manifestantes están acusados de diversos delitos, incluidos daños a la propiedad pública y propaganda terrorista.
Los manifestantes recibieron el apoyo de los vecinos, que empezaron a golpear cacerolas y a tocar el claxon en señal de apoyo al movimiento estudiantil, al que se sumaron diputados de la oposición y personalidades de la sociedad civil. Abogados, artistas y opositores también mostraron su apoyo repitiendo el hashtag #asagiyabakmayacagiz, "No bajaremos la mirada". Esta sentencia se produce tras la reacción de un policía de paisano que, durante la manifestación del lunes en Bogazici, había ordenado a un estudiante que "bajara los ojos".
El año pasado, la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, llamó la atención sobre estas detenciones con un informe que se centraba en las declaraciones de 16 personas que habían sido detenidas a la fuerza por agentes de inteligencia.
Recep Tayyip Erdogan sigue aumentando la presión sobre la oposición ante la crisis política que sufre su partido por la pérdida de apoyos en el interior del país, representada sobre todo con la dura derrota en las últimas elecciones municipales y el cansancio de cierta parte de la población, sobre todo los jóvenes, ante las políticas autoritarias y de carácter radical islamista del Ejecutivo y ante la difícil situación económica que atraviesa el país.
La persecución de Recep Tayyip Erdogan contra opositores, principalmente personas próximas al Partido Republicano del Pueblo (CHP), que arrebató el poder de las importantes ciudades de Estambul y Ankara al AKP de Erdogan en las pasadas elecciones municipales, y al Partido Democrático Popular prokurdo (HDP), acusado por el poder de apoyar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que es acusado desde el Gobierno de apoyar actos terroristas al sur del país euroasiático. El propio CHP puso abogados a disposición de los universitarios detenidos en las últimas protestas.
El Centro de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Ankara también emitió un informe el año pasado sobre la desaparición forzada de siete personas y presentó una denuncia penal ante el fiscal.
"La tendencia a los secuestros y las detenciones ilegales van en aumento, especialmente tras el intento fallido de golpe de Estado de 2016. Hemos mantenido varias reuniones con el Ministerio del Interior y las comisiones parlamentarias sobre nuestros informes, y esperamos que se ponga en marcha una investigación efectiva", declaró a Arab News Ozturk Turkdogan, presidente del Centro de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Ankara.
Según Turkdogan, las desapariciones forzadas fueron una práctica habitual durante la década de los noventa por parte de los agentes de inteligencia contra civiles kurdos e izquierdistas en Turquía y ahora son llevadas a cabo muy probablemente por una estructura ilegal dentro del aparato estatal con el fin de suprimir las voces disidentes.
Así mismo, la Unión Europea mostró hoy su preocupación por la decisión de Turquía de arrestar en la última semana a más de 700 personas, en su mayoría vinculadas a la izquierda y al prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), en el marco de una investigación por supuestos vínculos terroristas.
"La Unión Europea está profundamente preocupada por la continua presión contra el HDP y varios de sus miembros, que se ha producido últimamente con detenciones, sustituciones de alcaldes electos, en lo que parecen ser procesos judiciales con motivación política", dijo hoy un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
"Cualquier presunta infracción o delito debe estar sujeto al debido proceso (judicial) y debe salvaguardarse la presunción de inocencia", pidió el portavoz del SEAE, que pidió a Turquía que, como Estado miembro del Consejo de Europea, debe respetar la democracia, el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.
El presidente turco no tiene alternativa. Debe ampliar su alianza y buscar el apoyo de otros partidos para mantenerse al frente del país, ya que un cambio de rumbo no parece viable y la situación económica agravada por el coronavirus tampoco ayuda. La oposición, por su parte, debe mantenerse firme y soportar una gran presión política y judicial, además de ponerse de acuerdo en quién será su candidato para hacer frente a Erdogan, algo que tampoco será sencillo. De la capacidad de su figura de aunar el descontento generalizado y de representar a un gran número de minorías e identidades que no caben en la Turquía que está diseñando Erdogan, depende la victoria. Por último, el presidente del país euroasiático tiene la baza de adelantar las elecciones, un escenario que muchos analistas contemplan, y que podría provocar prisas en una oposición que debe agrupar numerosas sensibilidades.
