Un juez reclama a Defensa y Exteriores que identifique a las personas que permitieron la entrada de Ghali en España
Prosigue la cuestión judicial en torno a la figura de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario que abandonó España después de que la Audiencia Nacional no le aplicase medidas cautelares tras su comparecencia telemática relacionada con las acusaciones recibidas por presuntos delitos de terrorismo o genocidio.
El dirigente polisario entró en España para ser ingresado en un hospital de Logroño de cara a ser tratado por problemas respiratorios, situación que generó un problema diplomático con Marruecos ya que el reino alauí exigió explicaciones por la falta de información y cooperación española sobre la situación real de Ghali en España. Desde el Gobierno español se justificó el permiso de entrada e ingreso debido a razones humanitarias, pero el país norteafricano no se conformó con esa explicación y criticó la falta de cooperación de un país considerado socio y aliado a ambas orillas del Mediterráneo.
Tras conocerse la presencia de Ghali en España se sucedieron los mensajes de Marruecos pidiendo explicaciones y denunciando la falta de colaboración, sobre todo a través del ministro de Asuntos Exteriores Nasser Bourita, y surgieron otras situaciones que dificultaron más la relación, como la crisis migratoria en Ceuta con la entrada irregular de miles de marroquíes por la frontera o la exclusión de España de la Operación Paso del Estrecho para el retorno vacacional de ciudadanos marroquíes para primar otras vías como la francesa, italiana o incluso portuguesa.
Ghali fue enviado a Argelia de vuelta tras recibir el visto bueno para abandonar España y fue ingresado en un centro hospitalario de Argel, donde recibió incluso la visita del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune y del jefe del Ejército de ese país norteafricano, Said Chengriha.
A pesar de la salida de Ghali de España, continúa la trama judicial, ya que ahora el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, pidió la pasada semana a los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores que le remitan, antes de siete días, la documentación necesaria para identificar a las personas de ambas instituciones que dieron órdenes para permitir la entrada del líder del Frente Polisario a través de la base aérea de Zaragoza sin pasar supuestamente el correspondiente control de pasaporte, como consta en una providencia del magistrado, según informó el diario El País.
Este requerimiento llega después de que el general José Luis Ortiz-Cañavate, responsable de esta instalación militar aragonesa, respondiese a un cuestionario remitido por el juez con un escrito en el que aseguraba que recibieron una orden telefónica del Estado Mayor del Ejército del Aire para que los ocupantes del avión argelino que aterrizó el 18 de abril en la base no pasasen el control de pasaportes. El alto mando militar apuntaba en su respuesta que ello vulneró el procedimiento operativo de la instalación militar, que dispone que los ocupantes de las aeronaves extranjeras procedentes de países de fuera del espacio Schengen (que engloba a 23 países de la Unión Europea, además de Suiza, Noruega e Islandia, pero no a Argelia) deben someterse al control de su documentación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como informaba el medio El País. El militar añadía que el avión recibió una “autorización diplomática” concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y que no llegó a conocer la identidad de las dos personas que viajaban en el aparato, entre ellos Brahim Ghali, como señalaba el diario El País.
De esta forma, el juez Lasala investiga los aspectos relacionados con la entrada de Ghali en España después de la denuncia recibida por los presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación presentada por el abogado malagueño Antonio Urdiales después de las informaciones surgidas en relación con que el líder saharaui habría utilizado presuntamente un pasaporte diplomático argelino con nombre falso para registrarse en el hospital de Logroño donde fue asistido.
Rafael Lasala también se dirigió al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye dos causas por sendas denuncias presentadas contra Ghali por presuntos delitos de torturas, detención ilegal, genocidio y lesa humanidad, para que aporte información sobre estas. Todo ello con la intención de recoger datos sobre las órdenes que hubo para la búsqueda y detención de Ghali y sobre la actuación policial mientras estuvo el líder polisario en España.
Junto con el malestar marroquí por cómo llevó España el asunto en torno a Brahim Ghali, subyace también el hecho de que el reino alauí critica también la falta de un apoyo firme español a su propuesta para solucionar el conflicto del Sáhara Occidental, basada en una fórmula de amplia autonomía bajo soberanía marroquí para el territorio saharaui. Una opción que ha recibido importantes apoyos internacionales, incluido el de Estados Unidos, tanto por parte del pasado Gobierno de Donald Trump como por parte del actual Ejecutivo de Joe Biden, que reconocieron la marroquinidad del Sáhara, e incluidos también los anuncios de aperturas de consulados de diversas naciones en enclaves relevantes como Dajla o El Aaiún. Todo ello frente a una propuesta de referéndum de independencia que defiende el Frente Polisario y que cuenta con escasos apoyos en el ámbito internacional, como puede ser el de Argelia.
