Venezuela expulsa a la embajadora de la UE en respuesta a las sanciones
El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, en un ejercicio de diplomacia bolivariana, le comunicó este 24 de febrero a la embajadora europea, Isabel Brilhante Pedrosa, que tenía tres días para salir de Venezuela. Además, el Gobierno de Nicolás Maduro declaró persona 'non grata' a la diplomática de nacionalidad portuguesa, envuelta en la controversia después de que el Parlamento, de mayoría oficialista, hubiese aprobado una moción el pasado martes para expulsarla.
Horas después de ordenar la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, el Gobierno venezolano entregó notas de protesta a los jefes de las misiones diplomáticas de España, Francia, Países Bajos y Alemania y sostuvo una reunión privada en la sede la Cancillería con los embajadores de Francia, Romain Nadal, y Alemania, Daniel Kriener, así como con los jefes de misión de España, Juan Fernández Trigo, y Países Bajos, Robert Schuddeboom. Junto a las respectivas notas de protesta, cada diplomático recibió, de manos de Arreaza, un ejemplar de la Constitución venezolana y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), documentos que, según el Gobierno, no han sido respetados por algunos Ejecutivos europeos.
Era previsible esta medida desde que, el martes, el Parlamento, donde el oficialismo ejerce una contundente mayoría, exhortara al Ejecutivo a poner en marcha los mecanismos legales para concretar la expulsión de la diplomática y que el presidente Nicolás Maduro aprobara la solicitud, dado que él mismo ordenó, en junio de 2020, la salida de la diplomática. Sin embargo, retrocedió en su decisión pocos días después, según aseguró en ese momento, para tratar de facilitar un diálogo entre Caracas y Bruselas.
A pesar de sus posturas anteriores sobre la embajadora de la UE, Maduro matizó la decisión del Gobierno venezolano de expulsarla del país. "Lo hacemos en contra de nuestra voluntad, inclusive, porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir, a sancionar a Venezuela. No lo vamos a aceptar de nadie", insistió.
Esta última decisión también tuvo reacciones en algunos sectores moderados de la oposición y la sociedad civil, que consideran que la presión se puede convertir en una cuña que frene la posibilidad de lograr un acuerdo político sobre las elecciones regionales de este año que está promoviendo otra renovación del tribunal electoral.
El lunes, la UE sancionó a 19 funcionarios y altos cargos venezolanos por su papel en actos y decisiones que, a su juicio, socavan la democracia y el Estado de derecho en Venezuela. La decisión eleva a 55 el número de funcionarios y altos cargos sancionados por la UE, con prohibición de viajar y congelación de activos en territorio comunitario.
El comandante de Policía Remigio Ceballos, el gobernador del estado de Zulia, Omar José Prieto, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo, forman parte de la nueva lista de dirigentes que no podrán entrar a territorio comunitario y a quienes se le congelarán los activos y bienes que tengan en la Unión Europea. También han sido penalizados varios diputados de la AN, por no haber sido "elegida democráticamente", y algunos integrantes del Tribunal Supremo.
El nuevo rifirrafe diplomático con la UE y el Gobierno bolivariano es una respuesta a los comicios legislativos del pasado 6 de diciembre, que se celebraron sin la participación de los candidatos opositores y registraron serias irregularidades y una alta abstención. Los comicios no fueron reconocidos ni por la Unión Europea ni por Estados Unidos y gran parte de los Gobiernos de la región.
El régimen chavista rechazó de plano cambiar la fecha de la votación, alegando los plazos de la Constitución, y siguió adelante con el proceso el pasado lunes 22 de febrero, la Unión Europea impuso contra 19 altos funcionarios venezolanos, legisladores y miembros de las fuerzas de seguridad en respuesta a las elecciones legislativas de diciembre una serie de sanciones. Según el bloque, los comicios estuvieron amañados a favor de los parlamentarios afines a Maduro.
El líder opositor Juan Guaidó perdió de facto el control de la Asamblea Nacional, de la que era presidente desde enero de 2019, tras las elecciones de diciembre. Su cargo de jefe del legislativo sustentaba también el amplio reconocimiento internacional como presidente interino frente a Nicolás Maduro, que obtuvo hace dos años en pleno pulso por lograr la renuncia del sucesor de Hugo Chávez y la conformación de un Gobierno de transición. Al quedar excluido del Parlamento, sin embargo, varias instancias dejaron de atribuirle ese papel. Entre ellas, la misma Unión Europea, aunque Bruselas sí lo considera un interlocutor de primera línea para la resolución de la crisis venezolana.
Así mismo, rechazó la medida de expulsión, al tiempo que destacó el apoyo de la diplomática al respeto de los derechos humanos. "Nos solidarizamos con la embajadora europea, quien siempre ha demostrado a favor de los derechos humanos y la democracia en Venezuela en nombre de Europa. La soberbia del dictador lo aísla más del mundo y pretender arrastrar al país con él", reaccionó Guaidó.
Tanto Washington como Bruselas han intensificado las sanciones contra Maduro en los dos últimos años al señalar que su reelección en 2018 fue una farsa. Sin embargo, las medidas aún no han logrado el objetivo declarado de llamar a nuevas elecciones presidenciales.
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha abierto la puerta a una nueva etapa y a una posible relajación del llamado cerco diplomático, aunque los primeros gestos de Washington dan a entender que el nuevo presidente se tomará su tiempo para estudiar la situación.
