Venezuela no ofrece respuesta ante la crisis social y sanitaria consecuencia directa de la pandemia provocada por la COVID-19. Según el presidente Nicolas Maduro, esto se debe a las sanciones internacionales que incluyen el bloqueo exterior de activos pertenecientes a su país.
Durante la inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), Maduro ha señalado en una intervención telemática que su país se está enfrentando a más de 450 sanciones con el objetivo de causar un cambio de Gobierno y apunta que “buscan ejercer una presión desmedida y una persuasión en su contra”.
Como consecuencia de las restricciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, el Gobierno de Maduro calcula por lo menos 30.000 millones de dólares de los activos a los que no puede acceder. Según él, estos millones podrían servir para combatir la crisis tanto sanitaria como económica.
Maduro comentó al Consejo de Derechos Humanos (CDH) que se celebra desde Ginebra de manera telemática que “los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia, desacatando los llamados de la comunidad internacional”.
Anteriormente, Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, apuntaba que las puniciones financieras contra Venezuela no eran eficaces para encaminar a la colaboración del Gobierno de Maduro.
Se corroboraron grandes violaciones de los derechos humanos en Venezuela en una investigación creada por el mandato del CDH bajo el mandto de la Oficina de Bachelet. En el marco de esta investigación se incluyen también sucesos de los que los responsables del Gobierno podrían ser cómplices y que se pueden considerar crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, las sanciones económicas según Maduro se han incrementado y las señala como la causa de la crisis sanitaria de Venezuela, provocando un emigración de más de 5 millones de personas.
Asimismo, rechazó cualquier “mecanismo inquisidor” que pretenda usar la causa de los derechos humanos como “herramienta política” al prometer la colaboración con el CDH. Ya que se refiere a esto como “provocaciones ideologizadas” que no desconcertarán la asistencia llevada a cabo por su régimen con Bachelet.
El objetivo de la Oficina de Bachelet es instaurar una oficina en Caracas con una amplia trascendencia y que trabaje independientemente. Pero Maduro no lo acepta.
