Argelia a un paso de aprobar la ley de movilización general
A través de una mayoría absoluta, la Asamblea Nacional Popular (APN), presidida por Ibrahim Boughali, dio el primer paso para que la nueva ley de movilización general, propuesta por el ministro de Justicia, Lofti Boudjemaa, y la ministra encargada de las relaciones con el Parlamento, Kawthar Krikou, se haga realidad.
Sin embargo, los trámites para completar su aplicación y aprobación todavía no se han completado, puesto que, tras haber pasado ya por la APN, el proyecto de ley debe superar un segundo órgano legislativo, el Consejo de la Nación, y posteriormente debe ser ratificado y firmado por el presidente del Gobierno, Abdelmadjid Tebboune.
No obstante, el proyecto de ley suscitó grandes polémicas desde que se anunciara en el mes de abril porque no quedaron claros los objetivos ni los beneficios de esta para la sociedad argelina. El texto, que en realidad será una extensión del artículo 99 de la Constitución, definirá las reglas y mecanismos para implementar la movilización general en caso de darse una amenaza grave a la seguridad o la soberanía del país.
En total, el texto cuenta con 69 artículos distribuidos en siete capítulos, que sirven como complemento de las leyes que conforman el conjunto de leyes aprobadas en 2022 con relación a las reservas de militares.
Según se describió en sede parlamentaria, la ley establece que la defensa de la nación debe tener la capacidad de anticipar y gestionar cualquier riesgo, especialmente en el contexto de inestabilidad política en la región del Sahel, sobre todo, con Malí.
En palabras del ministro de Justicia, “la ley será una herramienta legal que servirá a Argelia para abordar los desafíos de seguridad nacional”. La ley también se inscribe en “los esfuerzos realizados para garantizar la defensa de los intereses supremos de la Nación” y “consagrará el vínculo sagrado Ejército-nación, a través del cual Argelia adquirirá mayor fuerza, invencibilidad y rigor estratégico permitiéndole alcanzar grandes objetivos”, añadió.
Según indicó el Boudjemaa, entre las acciones o medidas incluidas en el proyecto de ley se encuentran: la modificación del estatus de las Fuerzas Armadas, que pasan de paz a guerra; la suspensión de la baja permanente del personal militar; la facilitación de la convocatoria de los soldados de reserva; y el otorgamiento total de capacidad al Estado para paralizar los procesos de jubilación de aquellos empleados cuyo desempeño tenga un “alto impacto en la movilización general”.
Además, esta ley implica una importante transformación en la producción de la industria civil con el fin de que se puedan cumplir con las demandas que soliciten las Fuerzas Armadas; la optimización de los recursos estratégicos -agua y energía-; la modificación de las rutas y uso del transporte con el objetivo de servir a los cuerpos de seguridad; y la prohibición de exportación de bienes que puedan estar relacionados con el ámbito militar, siempre y cuando las Fuerzas Armadas tengan el suficiente abastecimiento de dichos productos.
Finalmente, el Gobierno tendrá plenas facultades para multar a quienes representen un potencial peligro para la nación con condenas de dos meses a diez años, o bien con multas que van desde los 150 dólares a los 7.500. en algunos casos, las personas que sean susceptibles de ser multadas podrán ser expulsadas del país, en caso de no ser nacionales argelinos.
Aunque la ley no ha pasado por todos los trámites para que empiece a ser efectiva, se prevé que así lo sea. El motivo principal que propiciará dicha acción es la tensión que existe en la frontera con Malí, donde semanas y meses atrás, hubo varios ataques con drones suicidas e incursiones en territorio argelino por parte de las fuerzas separatistas del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad.
