Los miembros de esta comunidad religiosa musulmana cada vez tienen más difícil practicar su culto, enfrentándose a multas y encarcelamientos por ello

Argelia continúa la persecución contra la Comunidad Ahmadí

photo_camera Ahmadi Community

La Comunidad Musulmana Ahmadía en España, ubicada en la localidad cordobesa de Pedro Abad, denuncia la continua campaña de persecución contra los ahmadíes en territorio argelino. 

Detenciones arbitrarias, multas, despidos, demolición de centros religiosos, restricción de movimientos y graves amenazas son el día a día de esta comunidad religiosa en Argelia.

En la actualidad el número de ahmadíes pendiente de juicio asciende a 292 y dos se encuentran encarcelados, aunque un total de 26 fueron llevados a prisión en el pasado entre dos y siete meses. Las multas están en un margen de 125 y 1.870 euros, mientras que la prisión puede ir desde los dos meses a los dos años de cárcel. En lo que respecta a la libertad de movimiento, a siete personas se les ha incautado el pasaporte. 

Los ahmadíes también han visto como las autoridades han convertido su creencia religiosa en un obstáculo en el ámbito laboral, dándose 15 casos de personas despedidas por formar parte de la comunidad. 

La larga lista de cargos que las autoridades imputan a los miembros de la comunidad incluye: recaudación de fondos sin licencia, ofensas al Mensajero, profanación del Corán, ejercicio sin licencia de la función del imán y distribución de documentos destinados a socavar la fe de los musulmanes. 

Esta rama reformista del islam fue fundada por Mirza Ghulam a finales del siglo XIX en India y llegó a Argelia en 2007 aunque era prácticamente desconocida hasta 2016, cuando las autoridades del país comenzaron a perseguir a sus miembros.

En Argelia el islam es la religión oficial del Estado y la rama suní malikí la dominante. En teoría, la Constitución garantiza la libertad de culto, aunque el Estado se reserva la aprobación de la construcción del lugar de culto y el predicador. 

En mayo de 2016, el presidente de la comunidad en la localidad de Biskra, Hassan Bouras, fue detenido, despedido de su trabajo y puesto bajo control judicial, tras una denuncia del director de Asuntos Religiosos de la ciudad. Finalmente, el juez le condenó a seis meses de prisión. Fue el punto de partida de la persecución hacia esta comunidad religiosa en el país norteafricano, tanto hacia cargos de la organización como a fieles.

El 2 de junio de 2016, la Gendarmería Nacional asaltó un edificio perteneciente a la Comunidad Ahmadía y lo demolió alegando que había sido construido ilegalmente a pesar de que la ley argelina dice que primero debe plantearse al infractor el cumplimiento de las directivas y que tan solo si este se negase entonces se procedería al derribo del edificio. 

El 28 de agosto del mismo año, el líder ahmadí en Argelia, Mohamed Fali, comerciante de 44 años, fue detenido, su domicilio, en la ciudad de Ain Sefra, allanado y su pasaporte confiscado por las autoridades argelinas. Los cargos que se le imputaron fueron los de “recoger donativos sin licencia” y “denigrar el dogma islámico”.  

Una persecución que sobrepasa fronteras

Ni mucho menos la persecución a la Comunidad Ahmadía se limita al territorio argelino. En otros países como Arabía Saudí también son considerados herejes, detenidos arbitrariamente y encarcelados. 

También son condenados al ostracismo social, como es el caso de Abderrahman, un comerciante argelino de 42 años, que abandonó el salafismo al considerarlo una rama intolerante y se pasó al ahmadismo. Fue denunciado al imán local que públicamente lo acusó de apostasía y prohibió a los fieles que sus hijos jugasen con los niños de Abderrahman y de la Comunidad Ahmadía en general. Además, el prometido de su hermana decidió cortar el compromiso cuando se enteró de la noticia. 

En Pakistán la persecución está adoptando una faceta más violenta, teniendo lugar múltiples asesinatos de miembros de la comunidad en los últimos meses. Amnistía Internacional y Human Rights Watch llevan meses denunciando la impunidad de estos crímenes debido a la pasividad, cuando no complicidad, de las autoridades, que en ocasiones han incentivado la persecución de los ahmadíes. 

La propia legislación paquistaní no les reconoce como “verdaderos” musulmanes. El Código Penal les prohíbe llamar a sus templos mezquitas, vender textos e incluso saludar con el típico saludo musulmán. 

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