Alexandra Dumitrascu
Pie de foto: El populismo es un fenómeno en continuos ascenso en Occidente. En la foto: Selfie conjunta del político ultraderechista holandés, Geert Wilders, y la presidente del partido de extrema derecha francés Frente Nacional, Marine Le Pen.
Los derechos humanos están sufriendo un preocupante retroceso alrededor del mundo. Así alertan varios informes de diversas ONG´s, entre los cuales destacan el Informe Mundial 2017 elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos (HRW), y “La situación de los derechos humanos en el mundo” de Amnistía Internacional. Esta tendencia generalizada es especialmente visible en los países de Occidente, en donde el ascenso del populismo y la retórica de la lucha contra el terrorismo islámico amenazan con minar los derechos humanos en una región que ha destacado en esta materia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La ola populista se expande a través de Occidente, y los líderes políticos, una vez más, prefieren cruzarse de brazos y esperar por si este fenómeno implosiona por sí solo.
El 2016 ha sido el año del incremento de líderes populistas que canalizaron los miedos de índole económico y/o de seguridad en un discurso del odio, xenófobo, racista e islamófobo que “adquirió prominencia global a una escala nunca vista desde la década de 1930”, tal como ha alertado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. En este sentido, el director ejecutivo del HRW, Kenneth Roth, advierte sobre la necesidad, ahora más que nunca, de mirar al pasado, y extraer las enseñanzas para no “subestimar [nuevamente] la tendencia de los demagogos que sacrifican los derechos de otros en nuestro nombre hoy para deshacernos de nuestros derechos mañana cuando su verdadero poder de retención de prioridades está en peligro”.
La máxima expresión del populismo lo encarna el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y así lo reflejan estos informes que advierten sobre el peligroso desliz del país hacía la intolerancia. Durante su primer discurso como presidente, Trump, entre las muchas referencias a los estadounidenses, destacó que durante su asunción no sólo se transfería el poder de una administración a otra, sino que este pasaba al pueblo.
La retórica de Trump en contra de los inmigrantes y contra los refugiados satisface a una minoría descontenta y temerosa –la mayor parte de sus votantes-, a la vez que atenta contra la dignidad e integridad de los demás. El intento de veto a los ciudadanos procedentes de siete países de mayoría musulmana, medida tan discriminatoria como ineficaz, integra en sí misma una falacia dado que los atentados más resonantes en el territorio estadounidense fueron perpetrados por residentes de nacionalidades que no están contempladas por Trump, o incluso por estadounidenses. Sin embargo, la verdad poco tiene que ver cuando un líder desarrolla una actitud cuasi obsesiva, hasta el punto de ignorar conscientemente los límites legales impuestos democráticamente. Así lo ha demostrado el presidente Trump al desatenderse de la decisión de la Justicia estadounidense en contra de su veto a los musulmanes, atacándola y, soberbiamente, reformulando su propuesta en un nuevo decreto. El peligro en este caso, y de los populistas en general, tal como advierte el HRW, reside en los ataques a la independencia del poder judicial para defender el imperio de la ley, y representa hoy, en opinión de Roth, la mayor amenaza para el futuro de la democracia en Occidente.
Los ataques reiterados a los acuerdos internacionales (como el TPP) y las continuas alusiones a la necesidad de proteger los puestos de trabajo de la población estadounidense frente a los inmigrantes es un canto de sirena cuyo eco se expande a través de todo Occidente ante la incapacidad de lidiar con los problemas propios de la globalización que ha conllevado a sociedades más diversas desde el punto de vista étnico, racial y religioso, y la incompetencia de los líderes políticos de garantizar derechos sociales y económicos a las poblaciones. Simplificar el mensaje y el trasfondo real de los asuntos con los que tienen que hacer frente es una dinámica que apunta hacía lo que el pueblo quiera oír, pero que no coincide necesariamente con una realidad que se caracteriza por su complejidad.
En lo que tiene que ver con los refugiados, Estados Unidos es uno de los 36 países que Amnistía Internacional denuncia por haber violado el Derecho Internacional que garantiza la protección de aquellas personas que huyen de los países en donde sus derechos están en peligro. Así, el presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva mediante la cual pretende impedir a las personas refugiadas a pedir asilo en Estados Unidos.
Los refugiados no han sido el tema de campaña únicamente en Estados Unidos, sino que se han convertido en chivo expiatorio a nivel internacional. Candidatos políticos que se erigen como alternativa al statu quo, construyen su oratoria demonizando a los refugiados y a los inmigrantes, en general. Hungría, Alemania, Polonia, Suiza, Francia y Reino Unido, son solo algunos ejemplos.
Contraterrorismo vs. Derechos Humanos
A la tensa situación creada por la llegada de miles de refugiados, principalmente de Siria, se han sumado los ataques terroristas llevados a cabo en países como Francia, Bélgica, Alemania o Estados Unidos, entre otros. El miedo a los ataques de este género, planificados por grupos terroristas o por así llamados lobos solitarios, ha llevado a los países de Occidente a adoptar medidas, que en muchas ocasiones se han traducido en el endurecimiento de las leyes que atentan contra los derechos básicos de los ciudadanos, aunque en su mayoría respaldados por estos últimos que no les importa perder en derechos con tal de disfrutar de mayor seguridad. En ocasiones, las políticas adoptadas en materia de seguridad para luchar contra el terrorismo se aplican sin transparencia, y apuntando a otras personas que no necesariamente son sospechosos de terrorismo sino manifestantes pacíficos, periodistas, opositores políticos, defensores de los derechos humanos y miembros de grupos étnicos o religiosos, tal como apunta el informe de HRW, al no haber una definición clara y legal a nivel internacional acerca del terrorismo o de lo que representa un terrorista. Las medidas antiterroristas amenazan en igual medida las voces críticas, la libertad de movimiento, la libertad de culto, e infringen el proceso que garantiza estos derechos, y el derecho a la privacidad, a la propiedad y, en ocasiones, a la vida.
Ante el fenómeno de los combatientes extranjeros, en boga con el surgimiento del Daesh, la mayor parte de las medidas adoptadas para hacer frente al terrorismo han sido relacionadas con esta problemática. De acuerdo con la investigación desarrollada por HRW, por lo menos 47 países han aprobado desde 2013 leyes relacionadas con los combatientes extranjeros, la mayor cantidad de medidas antiterroristas adoptadas desde los ataques del 11S de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York.
La declaración del estado de emergencia da poder a los gobiernos a violar sistemáticamente los derechos de las personas, especialmente preocupantes en el caso de los menores, al haber cada vez más entre estos que se adhieren a una organización terrorista.
El incremento del poder de los servicios de inteligencia y de la policía, la recolección masiva de datos en Internet, la prohibición para viajar, revocar la nacionalidad, simpatizar con la tortura, detenciones preventivas excesivas sin juicio, etc., son disposiciones al margen de la ley pero adoptadas en países democráticos.
El endurecimiento de la ley y la lucha contra el terrorismo se han trasladado especialmente a Internet, en donde, las autoridades han alegado que para identificar a los terroristas y para prevenir ataques terroristas hay que a acumular una gran cantidad de información de los usuarios para analizar los datos en este sentido, que se basan en algoritmos que en ocasiones pueden resultar sesgados y, por consiguiente, discriminatorios. Ha sido el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Brasil, México, que con la excusa del contraterrorismo comprometen la seguridad y los derechos de millones de usuarios en pos de atrapar a personas específicas. “Cuando la fe, la etnia, la orientación sexual o la raza de una persona se toman como indicadores de la criminalidad potencial -por la policía o por el algoritmo- se violan sus derechos”, denuncia la ONG HRW.
Los derechos humanos en el mundo
El ascenso del populismo en Occidente ha hecho de líderes de otras partes del mundo continúen ahondando en su desprecio hacia los derechos humanos en sus propios países. Tal es el caso de Rusia, con su trayectoria autoritaria; de China que más allá de la apertura económica, se ha dedicado a perseguir a la disidencia; de Turquía que ha aprovechado el sospechoso golpe de Estado del año pasado para intensificar la represión y la purga de militares, políticos y medios; de Egipto que con la excusa de la lucha contra el terrorismo persigue sistemáticamente a la disidencia interna, gobernando de forma mucho más represiva que su antecesor; o de Filipinas en donde el Gobierno está llevando a cabo una feroz lucha contra el narcotráfico que se traduce en ejecuciones sumarias de presuntos narcos, usuarios, e incluso activistas de derechos humanos que los defienden.
En algunos países de África la violación a los derechos humanos procede de líderes que se niegan a abandonar el poder y que utilizan todo tipo de herramientas para fortalecerse, y para restringir los grupos de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes, cortar el acceso a Internet y/o a las redes sociales, y eliminar la oposición política, tal como en el caso de Guinea Ecuatorial, Uganda, Zimbabue, Ruanda, Burundi o la República Democrática del Congo. A esta preocupante praxis se suma el cada vez más habitual ademán de los líderes africanos de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), o a atacar sus fallos, vulnerables ante la persecución internacional por sus crímenes internos. El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, ha sido el primero en anunciar su intención de retirarse de la CPI, gesto seguido por el presidente sudafricano Jacob Zuma. El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, huyó del país para no tener que enfrentar las acusaciones de la CPI por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Este desprecio insolente a la Justicia internacional también se ha manifestado en los líderes de Rusia o Filipinas, entre otros.
Sin embargo, la guerra de Siria representa, a ojos de las ONG´s de derechos humanos, uno de los casos más preocupantes de violación de los derechos humanos con ataques sistemáticos contra la población civil por parte de las fuerzas leales al presidente Bashar al Assad, apoyadas por Irán y Rusia, entre otros. De acuerdo con HRW, los crímenes de guerra contra civiles por parte del Gobierno sirio son la principal causa del desplazamiento de más de la mitad de la población, y de la salida de otros 4,8 millones de sirios, si bien admite que el Daesh es responsable de “atrocidades indescriptibles”.
A la dramática situación de Siria, se suman los otros conflictos abiertos que reciben escasa cobertura, y poca voluntad política para solucionarlos. De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, en 2016 había al menos 23 países en crisis, en los que se han documentado diversos crímenes de guerra: Yemen, Libia, Afganistán, Centroamérica, la República Centroafricana, Burundi, Irak, Sudán del Sur y Sudán, entre otros.
Estos conflictos son responsables además de las generaciones perdidas conformadas por millones de niños que al huir de sus países se deben enfrentar a distintos obstáculos para volver a acceder a la educación, tal como la necesidad de trabajar, el matrimonio infantil, la violencia sexual, el acoso por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, o el reclutamiento por parte de los grupos armados. En algunos casos, los estos quedan automáticamente excluidos de la misma si carecen de documentación oficial. Según cifras de HRW, en 2015 alrededor de 17.000 niños huyeron de sus hogares cada día. Turquía es el país con mayor número de refugiados, y se estima que sólo el 13% de los niños refugiados en edad escolar asisten a la escuela. La situación en países como Líbano, Pakistán o Camerún es mucho más dramática en donde únicamente el 5% de los niños refugiados van a la escuela.
“La comunidad internacional ha respondido ya con un ensordecedor silencio a las incontables atrocidades de 2016 […] La cuestión fundamental que se plantea en 2017 es a qué extremos va a dejar el mundo que lleguen las atrocidades antes tomar medidas contra ellas”, reflexiona el secretario general de Amnistía Internacional, que además advierte acerca del surgimiento de un “nuevo orden mundial” en el que los derechos humanos se erigen como obstáculo para los intereses nacionales y que “reduce peligrosamente la capacidad de abordar las atrocidades masivas y abre la puerta a abusos que recuerdan las épocas más funestas de la historia humana”.
