“No solo hay desigualdad en la distribución de la riqueza, sino en la satisfacción de las necesidades básicas”, decía el escritor José Saramago. El acceso a servicios necesarios como el agua o el saneamiento se convierte en una gran odisea para los miles de personas que se enfrentan al reto de vivir en un campo de refugiados. En estos momentos, Líbano, un país de alrededor 4,5 millones de habitantes, acoge a más de 1,5 millones de refugiados sirios. Y no solo eso, sino que este país también es el refugio de más de 174.000 palestinos, que han dejado su hogar atrás en busca de un futuro en el que la paz es posible. En estos momentos, más de un tercio de la población de este país se encuentra al borde del abismo ante una pandemia como la del coronavirus que, por el momento, ha dejado 24 muertos y 721 infectados. La desigualdad muestra su lado más cruel en este tipo de situaciones, donde la salud de los más vulnerables queda relegada a un segundo plano.
Líbano ha dado una nueva oportunidad de empezar su vida a miles de refugiados, pero también les ha discriminado y marginado a través de una serie de políticas que les niegan el acceso a determinados servicios básicos como, por ejemplo, el trabajo, la educación y el acceso a atención sanitaria, entre otras opciones. El coronavirus ha exacerbado aún más esta situación y ha creado el caldo de cultivo perfecto para que surja un sentimiento anti refugiados. Varias organizaciones humanitarias internacionales han denunciado durante las últimas semanas el hecho de que en muchos municipios se hayan impuesto toques de queda “injustificados” que solo afectan a refugiados sirios y que, en cambio, no afectan a los residentes libaneses.
La incertidumbre creada por el virus de la COVID-19 ha llegado a los campos de refugiados del Líbano. La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) ha tenido la oportunidad de hablar con un grupo de refugiados sirios que temen sufrir una mayor discriminación y estigmatización si contraen esta enfermedad. Es más, algunos de ellos temen incluso ser deportados en caso de presentar síntomas que puedan relacionarse con el coronavirus.
Ante esta situación, HRW ha pedido al Gobierno del país que adopten medidas para aliviar la desconfianza de las poblaciones de refugiados hacia las autoridades. “El gobierno debería impulsar simultáneamente una campaña de información para proporcionar a los refugiados todos los datos que necesitan para protegerse contra la infección y buscar atención médica de manera oportuna. Las autoridades también deben explicar a los refugiados que no se enfrentarán a represalias ni a la estigmatización si buscan pruebas o tratamiento para COVID-19”.
A lo largo de la historia, los Gobiernos y los partidos políticos han utilizado la propaganda para conseguir sus objetivos. Sin embargo, con la aparición de las nuevas tecnologías y las redes sociales, los conceptos de propaganda y de desinformación han adquirido nuevas dimensiones. Es cierto que este fenómeno no es nuevo, pero sí que lo es la rapidez y la facilidad con la que cualquier persona puede crear y distribuir este tipo de intoxicaciones. Las 'fake news' son, para el periodista Marc Amorós, “informaciones falsas diseñadas para hacerse pasar por noticias con el objetivo de difundir un engaño o una desinformación deliberada para obtener un fin político o financiero”.
El coronavirus ha venido acompañado de noticias falsas, bulos o teorías conspirativas que han provocado que el miedo y la desconfianza se propague por estos campos de refugiados, aun más rápido de lo que lo hace esta enfermedad. En este contexto, el ministerio de Información del Líbano se ha asociado con otras organizaciones internacionales como la OMS, UNICEF o PNUD para lanzar una campaña para contrarrestar la difusión de la información falsa relacionada con la COVID-19. La ministra de Información del país, Manal Abdel Samad, ha destacado los numerosos riesgos vinculados a las noticias falsas y considera que este tipo de informaciones pueden crear “confusión y generar falsas esperanzas”.
Esta campaña elaborará un registro de rumores que estén circulando por el país, para después verificarlos y proporcionar información “neutral, exacta y fiable”, según han asegurado las organizaciones participantes en un comunicado conjunto. Asimismo, y con motivo de esta medida se creará un portal web que permita verificar determinadas noticias y se difundirá una campaña en los medios de comunicación en la que se desmentirán determinados bulos. “La batalla contra el brote de la COVID-19 es también una lucha contra la difusión de información errónea. Este hecho podría tener graves repercusiones en la salud de las personas y sus familias”, ha asegurado Iman Shankiti, representante de la OMS en el Líbano.
Por su parte, Yukie Mokuo, representante de UNICEF en el Líbano considera que “la desinformación deja a los niños, las familias y las comunidades desprotegidos y los hace más vulnerables a la enfermedad, al propagar el miedo y la estigmatización”. En su opinión, este es un momento clave para mostrar nuestros avances científicos y nuestra solidaridad.
Esta inestabilidad económica ha puesto de manifiesto la situación de precariedad en la que viven cientos de personas en este país. Durante las últimas semanas, la ONU y otras organizaciones internacionales han alertado del peligro que corren los refugiados de contraer la enfermedad por las “situaciones de hacinamiento en las que suelen vivir”. La imposibilidad de poder subsistir económicamente favorece que la precariedad se instale en este tipo de campamentos. En este escenario hay que tener también en cuenta la dificultad que tienen estas personas para acceder a determinados servicios básicos, como alimentos o atención sanitaria. ¿Cómo van a aplicar entonces medidas como el distanciamiento social, el autoaislamiento o prácticas adecuadas de higiene?
En situaciones de crisis el ser humano puede mostrar lo mejor o lo peor de sí mismo. En esta espiral de inestabilidad aún hay espacio para la esperanza, gracias al Consorcio de Protección del Líbano (LPC), una institución que reúne a Acción contra el Hambre, el Gruppo di Volontariato Civile y el Consejo Noruego para los Refugiados, con el apoyo de la Protección Civil y la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Este organismo ha sido creado para dar respuesta a las necesidades humanitarias de los refugiados sirios y palestinos que viven en los campos de refugiados del país.
Una investigación realizada por este conglomerado de instituciones para analizar el impacto de la COVID-19 en la región muestra que al menos el 87% de los refugiados sirios entrevistados que viven en el Líbano consideran que los artículos de higiene (detergentes y lejía) son imprescindibles para responder a la COVID-19 y el 69% de ellos, destacó la necesidad de utilizar equipo de protección como guantes y máscaras. Asimismo, el 34% de los entrevistados admitió encontrar obstáculos para acceder a servicios de salud; mientras que un 71% ha asegurado sentir un aumento del estrés y la ansiedad con la aparición de este patógeno. Según esta encuesta, casi el 50% de los entrevistados han tenido que dejar de trabajar, en una situación en la que tener dinero o no puede ser sinónimo, en algunas ocasiones, de vivir o morir.
El colectivo LGBTI+, además de sufrir las consecuencias de tener que vivir en estos campos de refugiados, se enfrenta a una doble discriminación por su orientación sexual o su identidad de género. En estos momentos, las políticas tomadas por parte del Gobierno del país para reducir el impacto del coronavirus han ignorado por completo uno de los colectivos más vulnerables. Muchas de las personas LGTBI+ que viven en los campamentos de refugiados que hay a lo largo del país trabajan en empleos no regulados. En estos momentos no tienen la oportunidad de continuar con su actividad laboral y ni siquiera de poder obtener algún ingreso económico.
La guerra civil que asoló al país en la década de los noventa tuvo infinitas consecuencias y una de las más graves fue el impacto económico. Desde entonces, gran parte de las empresas que han surgido en el país han rechazado a las personas LGTBI+. En el caso de los transexuales, Human Rights Watch ha denunciado que la falta de documentos de identificación que coincidan con su expresión de género es sinónimo de estar fuera del mercado laboral. Si la comunidad internacional y el propio Gobierno del país no abordan las necesidades específicas de este colectivo de la población, las consecuencias podrían ser desastrosas. Todo ello en un contexto de inestabilidad económica en el que se estima, según el propio ministerio de Finanzas, que la inflación alcanzará el 27% en 2020, un hecho cuya consecuencia más directa será el aumento drástico en los precios de productos básicos como alimentos o medicinas.
A principios del mes de abril, este mismo ministerio anunció que impulsaría una serie de medidas para ayudar con unas 400.000 libras libanesas a las familias más pobres. Human Rights Watch teme que los canales de distribución de este tipo de ayudas sean manipulados por los partidos políticos y excluyan a los refugiados LGTBI+.
“El bloqueo para frenar la propagación de COVID-19 ha agravado la pobreza y las penurias económicas que reinaban en el Líbano antes de la llegada del virus”, advirtió Lena Simet, investigadora principal sobre la pobreza y la desigualdad en Human Rights Watch. “Muchas personas que tenían un ingreso lo han perdido, y si el gobierno no interviene, más de la mitad de la población puede no ser capaz de pagar los alimentos y las necesidades básicas”, añadió. Aunque hayan surgido iniciativas locales para evitar el impacto de esta crisis, el colectivo LGTBI+ y los refugiados se han convertido en los grandes olvidados de esta pandemia.
