Ningún país europeo ha integrado un sistema definitivo para asegurar el retorno con garantías en todos los casos de menores no acompañados en situación ilegal

Marruecos trabaja para una adecuada vuelta desde Europa de menores en situación irregular a pesar de las dificultades

AP/BERNAT AMANGUE - Menores no acompañados que cruzaron a España se reúnen fuera de un almacén utilizado como refugio temporal mientras esperan ser examinados para la COVID-19 en el enclave español de Ceuta

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos como personas menores de 18 años, y que obliga a los gobiernos a cumplirlos. Este y otros textos internacionales defienden a los menores ante situaciones de desamparo y deberían ser acatados por todos los países. 

Los menores marroquíes no escapan a esta situación y aquellos que están en Europa a la espera de volver a su país deberían disponer de un mecanismo adecuado para el regreso. Marruecos trabaja para que los menores deportados de naciones europeas regresen con todas las garantías a pesar de los impedimentos que hay por parte de los diversos países de destino.

Hasta ahora, ningún país europeo ha puesto en marcha mecanismos unificados y adecuados que garanticen el retorno de estos niños que están protegidos por diversos textos como la propia Convención de Derechos del Niño del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como han advertido diversos expertos y medios como Al-Arab. 

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Hay una apuesta clara del reino marroquí por solventar esta cuestión que afecta a los menores que están en situación irregular en diferentes naciones cooperando con los gobiernos de estos países a pesar de las limitaciones que existen para completar los procedimientos de retorno por la existencia de diferentes códigos legislativos y puntos de vista en cada nación de acogida o destino de estos niños y niñas. El país norteafricano trabaja en un sistema de apoyo en el país de origen y en los de acogida, basado en ofrecer atención, cuidados, apoyo sanitario y psicológico a los menores en situación irregular para que disfruten de una situación mejor tanto mientras residen en el país europeo en cuestión o tanto si pueden completar el proceso de vuelta. Nasser Bourita, ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, confirmó que la Administración marroquí está trabajando en ello respondiendo a las necesidades que existen en torno a estos menores, como informó el medio Al-Arab. En Marruecos se trabaja de manera intensa en ofrecer a estos menores una integración familiar y académica en centros educativos lo más apropiada posible. En los casos en los que no se puedan identificar a los familiares de determinados menores, a estos se les asigna un representante legal que se ocupa de su expediente personal hasta que el afectado alcanza los 18 años de edad. 

El proceso de deportación de menores en situación ilegal, es decir, de regreso a su país, se debe realizar siempre que este menor sea recibido por una familia que cumpla las condiciones necesarias o por una institución oficial dedicada al cuidado de menores, por lo menos hasta que estos tengan la mayoría de edad.  Aunque la legislación de la mayoría de los países europeos determina que la deportación de un menor de edad a su nación de origen requiere una sentencia judicial establecida por un tribunal competente en el propio país. Hasta el momento, ningún país europeo ha logrado poner en marcha mecanismos para garantizar el retorno de estos menores que están protegidos por numerosos textos, empezando por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a sus países de origen. 

Según las estadísticas de UNICEF, el número de niños marroquíes que están en España asciende a 9.000 (el 68% de todos los menores que hay en Europa). Por cuestiones históricas, geográficas y por los vínculos existentes entre dos países vecinos y aliados como Marruecos y España, el país español es el principal destino de niños que están fuera del territorio marroquí obligados por las cuestiones que sea. 

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La Rif Association for Human Rights confirmó que el establecimiento de centros en Marruecos para acoger a inmigrantes irregulares en la categoría de menores no acompañados que los países de la Unión Europea pretenden expulsar se enmarca en los acuerdos firmados por estos países con Marruecos en distintas épocas, como informó el medio Al-Arab. 

España y Marruecos gozan de un acuerdo bilateral para trabajar conjuntamente en la prevención de la migración irregular de menores no acompañados, su protección y la devolución pactada. Según este acuerdo de 2007, ambos países establecen un marco de colaboración con medios materiales y humanos de cara a proteger y acompañar a estos menores en el proceso de deportación o vuelta. Este acuerdo incluye condiciones precisas como identificar al menor y el lugar de residencia de sus padres, informar sobre ellos, y presentar documentos al respecto durante los procesos de deportación, respetando el interés del niño y todo ello bajo supervisión judicial.

Pero, como se ha demostrado en ocasiones pasadas, existen problemas con varios países europeos debido a las disposiciones legales de estos que complican el proceso de deportación. Khaled Zerouali, director de Inmigración y Control de Fronteras del Ministerio del Interior de Marruecos, indicó que su país tiene servicios de acogida para niños que permiten su integración en las familias propias o de acogida, incluso envía equipos de trabajo a países como España, Francia y otros de cara a identificar a estos menores y ofrecerles asistencia, como informó el medio Al-Arab. 

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Desde la Unión Europea se trabaja para que existan las mayores garantías para estos menores no acompañados. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una decisión a principios de este año para impedir la deportación de menores no acompañados, a menos que las autoridades confirmen la presencia de familiares o una institución apropiada que los atienda en sus países de origen.

El asunto de los menores en situación irregular es de gran importancia. En el caso de España, la llegada de niños solos comenzó a finales de los 90 y ha sido un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años; aunque el porcentaje con respecto a las cifras de migrantes adultos sigue siendo baja y también con respecto al total de niños extranjeros que viven en España, que supera el medio millón. En su mayoría son adolescentes de Marruecos y Argelia, aunque poco a poco ha ido aumentando el número de los que provienen, sobre todo, de distintos países de África subsahariana. La inmensa mayoría de ellos huyen de la pobreza, de la exclusión y de la falta de oportunidades. Algunos también buscan protección a causa de la violencia en sus países de origen. Aunque algunos puede que hayan perdido a sus padres o familiares por culpa de la violencia, en muchos de los casos la familia continúa en el país de origen, como señala UNICEF. Habitualmente provienen de familias numerosas con pocos recursos y abandonan a su familia y su país en busca de una oportunidad, de un futuro mejor. 

Los menores extranjeros no acompañados (conocidos como MENAS) dependen en España de las Comunidades Autónomas, que son las encargadas de gestionar su protección. Ha habido avances legales en los últimos años para mejorar su situación como la creación de registro y regulación de repatriaciones o deportaciones, pero siguen existiendo ciertas actuaciones de entidades públicas o determinadas normas legislativas que colocan a estos menores en situación de vulnerabilidad y les expone a diversos peligros, como se ha reconocido desde diferentes organizaciones como UNICEF. Aquí es precisamente donde Marruecos está trabajando en profundidad para poder ofrecer un proceso de retorno con todas las garantías para estos menores en situación irregular.