Varias ONGs marroquíes denuncian las trabas que pone el Gobierno a su trabajo

 

Varias asociaciones de derechos humanos en Marruecos mostraron su preocupación estos días  ante las trabas y  prohibiciones que pone el Gobierno del islamista Abdelilah Benkirane para frenar  su labor social. En este sentido, el presidente de la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH), Mohamed Nechnech, aseguró durante  un seminario sobre la tortura que se llevó a cabo  en Rabat, que su colectivo  recibió con “sorpresa” y con “un rechazo absoluto” las últimas decisiones “tomadas por el Ministerio del Interior”. En declaraciones a EFE, Nechnech hizo alusión a la reciente prohibición de celebrar un campamento para jóvenes que cada año organiza la sección marroquí de Amnistía Internacional (AI), así como otras actividades de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). Este grupo, en su último informe, denunció las persecuciones y los arrestos contra sus activistas. “Consideramos que se trata de un retroceso en lo que respecta a las libertades en Marruecos”, dijo Nechnech, quien mostró su inquietud ante una vuelta “a los años de plomo, una época represiva, de prohibiciones y de restricciones al desarrollo de los derechos humanos”. La OMDH es una asociación cercana a la opositora Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP). La prohibición del evento de AI sucedió después de que el pasado mes de  mayo la organización publicase un informe en el que afirmaba que en Marruecos la tortura es una “realidad” en las comisarías y centros de detención. Fuentes de AI consultadas por Atalayar pusieron de manifiesto su “preocupación y descontento por los continuos problemas que están teniendo algunas ONGs en Marruecos”. Por su parte, un responsable de la AMDH aseguró a este medio que “Marruecos está viviendo un retroceso en materia de derechos humanos, y el actual Gobierno de Benkirane es responsable de este deterioro”.

 

“Estamos muy preocupados”, señaló  Nechnech, porque “todos hemos hablado sobre la tortura e incluso la Constitución la criminaliza, pero lo que ocurre es que  hay un vacío enorme entre la legislación y la aplicación”. Por su parte, Jamila Sayuri, presidenta de la Asociación Adala (Justicia), coincidió con la postura de la OMDH al afirmar que su colectivo  también ha constatado un paso hacia atrás en materia de derechos humanos, después de los avances conseguidos en el país en los últimos 15 años. “Prohibir a la sociedad civil realizar su trabajo es bloquear la situación”, consideró Sayuri. En su opinión, “antes existía una convergencia entre la sociedad civil y el Estado, pero ahora se está poniendo freno a muchas dificultades que tenemos que superar juntos”. Así las cosas, el secretario general del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mohamed Sebbar, sentenció que el organismo público que dirige apoya “la libertad de expresión y de asociación” y rechazó comentar las últimas prohibiciones sufridas por estas ONGs. Pero advirtió que “en lugar de elaborar comunicados, lo que deben hacer es poner una denuncia ante el Tribunal Administrativo”.