Estados Unidos y Filipinas, crisis en la relación bilateral
La relación bilateral entre la República de Filipinas y EEUU parece entrar en un nuevo periodo de incertidumbre. El pasado 11 de febrero, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, inició los trámites para la terminación del Acuerdo de despliegue de tropas (Visiting Forces Agreement) que regula desde hace más de 20 años la presencia y la rotación de las tropas estadounidenses desplegadas en el país. Aunque Duterte ha intentado, desde su llegada al Palacio de Malacañang, diseñar una política más independiente respecto de EEUU, este movimiento es, sin duda alguna, el más atrevido, al poner en peligro una relación básica en materia de Defensa y Seguridad para el país.
Los vínculos entre Filipinas y EEUU se basan en una serie de acuerdos bilaterales de larga data. El principal y más antiguo es el Tratado de Defensa Mutua de 1951 que forma la estructura básica de la alianza. Tras la abrogación del acuerdo de bases en el año 1991, las fuerzas militares estadounidenses abandonaron el país hasta la entrada en vigor del VFA en el año 1999. Por ello, la terminación de este Acuerdo retrotraerá la relación bilateral al estado en que se encontraba hace 20 años, poniendo en peligro tanto los ejercicios militares conjuntos (Balikatan) como la transferencia de inteligencia necesaria para combatir a grupos insurgentes en territorio filipino. Este último punto es especialmente importante, sobre todo si tenemos en cuenta la crisis vivida en Filipinas durante el asedio de Marawi en 2017.
El Visiting Forces Agreement es un elemento necesario dentro de la alianza entre EEUU y Filipinas. Sus cláusulas regulan aspectos básicos como las facilidades de entrada y permanencia del personal militar estadounidense en Filipinas, permitiendo la entrada sin necesidad de pasaporte y aceptando los carnets de conducir y las licencias de los vehículos expedidas por autoridades de EEUU. También permiten la entrada de material y equipamiento sin necesidad de pagar aranceles, tasas o impuestos y la entrada de buques y aeronaves mediante procedimientos más ágiles. A su vez, también regula lo referente a la jurisdicción de las autoridades judiciales filipinas sobre actos cometidos por personal militar desplegado en la isla. Sin el acuerdo las tropas estadounidenses no tienen una cobertura legal para permanecer y operar en el archipiélago y se verían obligados a replegarse a otras bases fuera del territorio filipino, lo que diluiría de forma grave el Tratado de Defensa Mutua de 1951.
Si el acuerdo es tan importante, cabe preguntarse ¿por qué se ha llegado a esta situación? Desde que Rodrigo Duterte ganó las elecciones, a nadie se le escapa que ha intentado forjar una política exterior más independiente que sus predecesores y una de sus iniciativas más polémicas ha sido la de intentar un acercamiento a países como China, con la que existe una disputa territorial en el mar de la China meridional. A pesar de las amenazas constantes de terminar los acuerdos bilaterales de defensa, el desencadenante final de la decisión parece haber sido la decisión de EEUU de denegar el visado al senador Ronald Dela Rosa. Éste fue elegido por Duterte como Jefe de la Policía Nacional Filipina y es considerado como el diseñador de la política anti-droga de Duterte que ha sido criticada por las Naciones Unidas y por grupos de defensa de los Derechos Humanos. La acción estadounidense ha sido percibida como un ataque personal y ha servido de excusa para iniciar los trámites de terminación del acuerdo.
Las reacciones desde EEUU no se hicieron esperar. El presidente Trump no le dio mucha importancia señalando el ahorro de dinero que iba a provocar el repliegue de tropas estadounidenses. Sin embargo, el Secretario de Defensa Mark Esper lo calificó como una acción desafortunada y un movimiento en la mala dirección.
Lo cierto es que la notificación de la terminación del acuerdo por parte de Filipinas ha iniciado una cuenta atrás de 180 días. Durante este periodo las Partes deberán decidir qué tipo de relación quieren en un futuro, en definitiva, si Duterte está decidido a abandonar los acuerdos de Defensa con EEUU o si se trata de una maniobra para renegociar el acuerdo con unas condiciones más ventajosas para Filipinas.
En el caso de que en agosto no se haya llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas Partes las consecuencias para la región van a ser preocupantes. En primer lugar, la presencia de EEUU en el mar de la China meridional (una de las zonas críticas para la seguridad internacional y un posible foco de conflicto) se va a ver reducida al tener que replegar sus tropas de Filipinas y ver entorpecidas las operaciones aéreas y navales en la zona. Además, sin el VFA, el resto de acuerdos (el Tratado de Ayuda Mutua y el Enhanced Defense Cooperation Agreement) serán papel mojado sin la presencia de tropas, buques y aeronaves de EEUU en el país. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la presencia de China en la zona del mar de la China meridional se va a ver ampliada, sus operaciones facilitadas y su posición, contraria al Derecho Internacional, fortalecida. Finalmente, la capacidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía para luchar contra los grupos islamistas e insurgentes va a sufrir un claro deterioro sin el despliegue de las Fuerzas Especiales y sin el apoyo de equipamiento de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
En definitiva, las acciones del presidente Rodrigo Duterte están en sintonía con su intención de conseguir una mayor independencia respecto de EEUU cumpliendo con sus promesas realizadas en la campaña electoral y durante su mandato. Sin embargo, tanto la favorable opinión de la población filipina respecto de EEUU, los vínculos de las Fuerzas Armadas de Filipinas con EEUU, como el final de su mandato en 2 años pueden hacer que este cambio sea efímero y se vuelva a la situación anterior. De lo contrario, es muy probable que Filipinas esté simplemente cambiando una situación de dependencia por otra.