El asesinato de Fernando Villavicencio, el más conocido de los seis candidatos que competirán en las elecciones presidenciales que se celebrarán el día 20 en Ecuador es una muestra más de cómo la delincuencia liderada por el narcotráfico continúa haciéndose con el poder en algunos países de Latinoamérica.
La capacidad económica que representa el comercio de drogas y su exportación a los Estados Unidos y Europa se está imponiendo a las leyes y defensores de las autoridades democráticas que, a pesar de la buena voluntad que puedan poner, fracasan en sus intentos por imponer el orden. Muchos políticos con buena voluntad saben que lo tienen perdido.
“El narcotráfico lo controla todo, unas veces a base de millones y a menudo recurriendo a la violencia, que al fin y al cabo les resulta más barata”, decía recientemente un sociólogo mexicano que expresaba su pesimismo ante la capacidad de poder que la droga estaba alcanzando en una guerra sin cuartel, que deja víctimas, impone decisiones, mediatiza la independencia de la justicia y no tiene reparos en sobornar, atemorizar y matar. Políticos y, sobre todo, periodistas que se atreven a informar y formular denuncias son las víctimas propiciatorias.
El presidente de ecuador, Guillermo Lasso, que intentó sin ningún éxito que el país, tradicionalmente tranquilo, acabase con esa fusión que integran las bandas criminales, las maras, que siembran la violencia y e imponen el descontrol entre una ciudadanía acobardada, llegó a un momento en el que no pudo soportar la situación por más tiempo.
Es el único presidente que encabeza un Gobierno conservador en medio de repúblicas sandinistas y regímenes demagógicos, y optó por presentar su dimisión, disolver el Parlamento y convocar elecciones con seis meses de antelación para que sean los propios votantes quienes elijan a alguien más capaz que él para restablecer la paz.
El ambiente político en Ecuador lleva mucho tiempo envenenado por la sombra del expresidente Rafael Correa, condenado por la Justicia por corrupción a ocho años de prisión, y residente desde entonces en Bélgica, desde donde sigue aprovechándose de la popularidad que dejó detrás para complicar la estabilidad intentada por sus sucesores.
En las elecciones que se celebrarán dentro de nueve días, la candidata que le representa, Luisa González, se anticipa como favorita entre los seis aspirantes que competirán en las urnas. Uno de ellos, Fernando Villavicencio, un veterano periodista que se arriesgó a hacerle frente al caos, no estaba entre los favoritos y sin embargo fue asesinado por sus críticas contra el narcotráfico.
Al final de un mitin en el que una vez más censuró la situación en que ha caído la sociedad ecuatoriana, unos pistoleros le dispararon tres balas a la cabeza que en pocos segundos acabaron con su vida. Varias veces había repetido, denunciando a los delincuentes que le amenazaban, que él no tenía miedo. Vivía amenazado las veinticuatro horas y contaba con escolta que ahora está siendo acusada por su ineficacia al no haber conseguido protegerle. Una duda más en la polémica que la penosa noticia ha despertado.
El presidente Lasso, que sigue en sus funciones hasta que las urnas elijan a su sucesor, declaró el estado de excepción y los otros cinco candidatos suspendieron su campaña.
Uno de los asesinos fue alcanzado por los disparos de los agentes de la seguridad y murió horas después mientras seis cómplices han sido detenidos. Según la Policía, los seis son colombianos, lo cual demuestra que los cárteles de la droga cuentan con sus propias organizaciones internacionales para complicar más la persecución a que están sometidos.
El presidente de México enseguida desmintió que los autores fuesen miembros de alguno de sus cárteles, pero la realidad demuestra que los carteles mexicanos tienen una experiencia notable en el asesinato, particularmente de periodistas que denuncian sus actuaciones.