La realidad geopolítica del Sáhara derrota a la ficción jurídica en la UE
- La sentencia del TJUE: resolución jurídica congelada en el tiempo
- La veleta del Partido Popular y la obsolescencia de la sentencia del TJUE
- El acuerdo comercial como reconocimiento de realidades consolidadas
- La aprobación por un solo voto: reflejo de un consenso frágil, pero sólido
- La realidad geopolítica no espera a las sentencias judiciales
Fue una votación que reflejó la tensión fundamental de nuestro tiempo: la colisión entre una ficción jurídica anacrónica y la realidad geopolítica inapelable que progresivamente va consolidándose internacionalmente tras la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) del 31 de octubre de 2025.
La aprobación fue celebrada por quienes comprenden que los acuerdos comerciales internacionales deben reflejar esa realidad política, no perpetuar legalismos extemporáneos. También fue rechazada por quienes prefieren refugiarse en sentencias judiciales desconectadas del cambio radical de contexto geopolítico ocurrido en los últimos meses. Los críticos del acuerdo —que incluyen sectores del Partido Popular español, agricultores defensores de intereses comerciales proteccionistas, y ciertos comunicadores que actúan como amplificadores interesados de narrativas afines al Frente Polisario— vuelven a la carga con su tradicional brindis al sol, dentro del universo paralelo en el que viven instalados desde hace años.
La sentencia del TJUE: resolución jurídica congelada en el tiempo
Los críticos del acuerdo invocan constantemente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre de 2024, que anuló los acuerdos previos de asociación y pesca entre la UE y Marruecos porque incluían el Sáhara Occidental sin consentimiento explícito de la población saharaui. Es una sentencia técnicamente correcta desde la perspectiva jurídica de 2024. Pero las sentencias judiciales, por muy correctas que sean en un momento determinado, pueden devenir obsoletas cuando el contexto político cambia radicalmente.
La premisa fundamental de aquella sentencia era que el Sáhara Occidental permanecía en un estatus indeterminado, con el Frente Polisario ostentando alguna forma de legitimidad internacional y un referéndum siendo teóricamente viable como mecanismo de resolución. Esa era la realidad de octubre de 2024 según el TJUE. Pero esa realidad dejó de existir el 31 de octubre de 2025, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2797, que dictamina explícitamente a las partes negociar tomando como base la propuesta de autonomía marroquí.
No es una cuestión menor que, antes de que el TJUE emitiera su sentencia final, sus abogados generales —cuyas opiniones suele seguir el Tribunal en alrededor del 80 % de sus posteriores sentencias—, ya habían ofrecido conclusiones significativamente más favorables a las posiciones marroquíes. Pero “casualmente” en esta ocasión el tribunal desoyó sus opiniones en la ulterior sentencia. En dichas conclusiones previas de marzo de 2024 la abogada general del TJUE, Tamara Capeta, avaló la legalidad del acuerdo comercial UE-Marruecos, rechazando explícitamente la pretensión del Frente Polisario de ser considerado representante legítimo del pueblo saharaui. Capeta fue contundente: el Polisario es “una organización que solo refleja los intereses de una parte de la población del Sáhara: los que defienden la creación de un Estado independiente”, y señaló que “nunca fue elegido por el pueblo del Sáhara Occidental para ese papel, ni se puede determinar con certeza que cuente con el apoyo de la mayoría”. Más aún, Capeta reconoció explícitamente que la Unión Europea trata a Marruecos como “potencia administradora de facto” del territorio y, en consecuencia, Marruecos tiene derecho a dar consentimiento para acuerdos económicos en nombre del Sáhara.
Sin embargo, lo más significativo fue cómo el Polisario y sus satélites mediáticos omitieron deliberadamente estas conclusiones favorables a Marruecos, enfatizando únicamente aquellos aspectos que engordasen su relato, como la parte relativa a los acuerdos de pesca, mientras ocultaban buena parte de la sustancia: que los abogados de la UE consideraban legal el acuerdo comercial y rechazaban la legitimidad “polisarista”. Esta manipulación de fuentes jurídicas refleja la desesperación de quienes intentan mantener viva una causa política en declive.
La sentencia del TJUE se basaba en premisas que han envejecido deprisa y mal. Seguir aplicando en vísperas de 2026 una sentencia basada en una realidad política cada vez más superada constituiría perpetuar un espejismo legal a costa de reconocer la evolución del derecho internacional mismo. Los tribunales supranacionales tienen autoridad sobre según que asuntos dentro de su área de influencia, pero cuando el Consejo de Seguridad de la ONU —el máximo órgano de autoridad internacional en cuestiones de paz y seguridad— ha redefinido el marco legal de un conflicto, las sentencias judiciales de esta índole deberían adaptarse y tener en cuenta esa nueva realidad, no intentar congelarla.
La veleta del Partido Popular y la obsolescencia de la sentencia del TJUE
Por otro lado, resulta particularmente revelador que el Partido Popular —que ahora lidera la oposición parlamentaria contra el acuerdo comercial aprobado el 26 de noviembre— haya mantenido una postura tan inconsistente y oportunista sobre el Sáhara que deslegitima completamente su actual “defensa de principios jurídicos”. Durante años, el PP fue cómplice silencioso de la ambigüedad sobre la cuestión del Sáhara girando como una veleta: básicamente carecía de postura propia. Cuando en 2022 el Gobierno de España reconoció formalmente la propuesta de autonomía marroquí como “la base más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto, el PP no se opuso significativamente, acaso más en las formas que en el fondo. De hecho, el PP votó a favor en el Parlamento cuando se trataba de avanzar en esta dirección. Fue en las semanas posteriores al visto bueno del Gobierno a dicha propuesta de autonomía como solución al diferendo, allá por 2022, con Pablo Casado aún al frente del partido. Pero ya sabemos que pasó después, cambio de dirección en el partido, sorprendente derrota electoral, y volantazo en relación a esta cuestión.
Sin embargo, cuando el acuerdo comercial que materializa las implicaciones de esa misma posición fue presentado ante el Parlamento Europeo, el PP cambió completamente de postura, presentándose como defensor apasionado de “principios jurídicos” y “respeto al derecho internacional”. Esta no es una posición política coherente, es oportunismo puro: el PP adopta posiciones según convenga electoralmente. En contraste, el Gobierno de España —a través del PSOE— ha mantenido cierta coherencia política en esta cuestión, votando a favor del acuerdo en el Parlamento Europeo y reafirmando su compromiso con la buena vecindad y cooperación estratégica con Marruecos.
El acuerdo comercial como reconocimiento de realidades consolidadas
El nuevo acuerdo comercial UE-Marruecos aprobado el 26 de noviembre no crea derechos, reconoce derechos cada vez más consolidados internacionalmente. Marruecos ha invertido más de 8.000 millones de dólares en infraestructuras, desarrollo económico y proyectos sociales en el Sáhara desde 2015. Treinta países han abierto consulados en El Aaiún y Dajla, testimonio inequívoco de reconocimiento institucional hacia la autoridad territorial marroquí.
Francia ha invertido 168 millones de dólares específicamente en proyectos en el Sáhara para 2025-2026. Estados Unidos confirmó la apertura inminente de su consulado en Dajla. Paraguay anunció hace apenas semanas su decisión de abrir también consulado en Dajla. Más de 130 países respaldan la propuesta de autonomía marroquí, entre ellos una amplia mayoría dentro de la UE. No estamos ante una utopía diplomática, es ya una realidad consolidada.
Permitir con esta resolución que productos del Sáhara se etiqueten como marroquíes es simplemente reconocer esa realidad consolidada y trasladarla al derecho comercial. Negarle a Marruecos ese reconocimiento mientras simultáneamente la comunidad internacional aprueba resoluciones mandatando que la autonomía marroquí sea base de negociaciones sería perpetuar una contradicción cada día más obsoleta.
La aprobación por un solo voto: reflejo de un consenso frágil, pero sólido
El resultado extraordinariamente ajustado de la votación en el Parlamento Europeo —un único voto de diferencia— no debilita la legitimidad del acuerdo agrícola. Todo lo contrario: demuestra que la mayoría parlamentaria reconoce una realidad que la ONU valida mediante la Resolución 2797. El margen estrecho refleja polarización política genuina, no defectos en el acuerdo mismo.
Rechazar el acuerdo habría situado a la UE en contradicción frontal consigo misma. Semanas antes, el 3 de noviembre de 2025, tras la aprobación de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, fue la propia UE quien reafirmó públicamente su apoyo a través de su portavoz de Exteriores a una “solución justa, duradera y mutuamente aceptable” basada en “la propuesta de autonomía de Marruecos”. Autorizar esa autonomía en negociaciones internacionales mientras se rechazaban simultáneamente los productos que genera mostraría una evidente incoherencia política.
El voto ajustado refleja el momento histórico actual: cada vez va existiendo un mayor consenso internacional sobre la solución, pero ese consenso es frágil. Grupos políticos en la UE siguen resistiéndose, intentando perpetuar una posición que ya la ONU va superando gradualmente. El acuerdo pasó precisamente porque una mayoría europea reconoce que el mundo ha avanzado, aunque sea por un solo voto.
La realidad geopolítica no espera a las sentencias judiciales
El acuerdo comercial UE-Marruecos aprobado el 26 de noviembre de 2025 es correcto porque implícitamente reconoce que la comunidad internacional acepta que Marruecos administre el Sáhara Occidental bajo la propuesta de autonomía, principal base de negociación según el Consejo de Seguridad, y que los productos procedentes de esa región pueden comercializarse legítimamente bajo denominaciones de regiones autónomas marroquíes. Prueba de ello es el hecho de que más de una veintena de los 27 países que conforman la UE hayan aceptado, con mayor o menor grado de énfasis declarativo, la propuesta de autonomía marroquí.
La Resolución 2797 será la primera de muchas otras en las que se finiquitará definitivamente la no viabilidad del Sáhara Occidental como Estado independiente. Cada resolución actualiza a la anterior, y la vigente, que ha supuesto un punto de inflexión, es la que marca el camino a las sucesivas resoluciones anuales del CSNU que consolidarán la actual. El futuro del territorio es la autonomía bajo soberanía marroquí, y el acuerdo comercial UE-Marruecos es simplemente el reconocimiento comercial de esa realidad cada vez más afianzada internacionalmente.
Los votos del 26 de noviembre fueron significativos. La UE, al aprobar este acuerdo por un margen ajustado pero decisivo, optó por la coherencia política sobre la ficción legal. Esa fue una decisión valiente, necesaria y fundamentalmente correcta. El Gobierno de España, manteniéndose firme en su apoyo a una política de buena vecindad con Marruecos y cooperación estratégica, ha demostrado madurez política en reconocer que el futuro de la región depende de pragmatismo, no de anacronismo.