No es la primera ocasión que lo expresan en público, ni tampoco va a ser la última. Un selecto grupo de primeros espadas de la industria española de defensa, uno tras otro, acaban de reclamar sin expresarlo abiertamente la necesidad de que el Parlamento apruebe una Ley que configure un marco presupuestario plurianual que otorgue estabilidad a las inversiones públicas en materia de Defensa.
La demanda ha sido expuesta por los altos directivos de cinco de las más importantes empresas del sector: Ricardo Domínguez, presidente del astillero público Navantia; Javier Sánchez Segura, vicepresidente ejecutivo de Airbus España; Ignacio Mataix, consejero delegado de Indra; Luis Furnells, presidente ejecutivo de Pesia; y Miguel Ángel García Primo, director general de Hisdesat.
Todos ellos han intervenido como ponentes en el IV Foro de la Industria de Defensa que, para intercambiar puntos de vista sobre la soberanía nacional tecnológica para la reactivación económica de España, ha congregado en Madrid de manera presencial y telemática a los responsables empresariales del sector y a los altos cargos del ministerio de Defensa, cuya titular es la magistrada Margarita Robles.
Como era de esperar, en las ponencias y debates ha surgido el tema del calendario plurianual de inversiones para financiar los sistemas de armas y equipamientos militares ‒una vía para garantizar la buscada estabilidad presupuestaria‒ y configurar las prioridades de las Fuerzas Armadas, un asunto que no es nuevo. Hace varias décadas que la cuestión se plantea en el seno del ministerio de Defensa y las manoseadas razones políticas lo descartan año tras año.
La cuestión sale a la palestra cada vez que los industriales de la defensa tienen la oportunidad de ser escuchados. De que se haga realidad o no depende la supervivencia de muchas industrias. La tecnología que se les encomienda desarrollar para los nuevos sistemas de armas es cada vez más costosa, las inversiones a efectuar son muy elevadas y en España no hay garantía de que los programas militares nacionales tengan continuidad. Pero en Defensa, como si nada. Y en el Palacio de la Moncloa, como el que oye llover.
Los directivos que plantean la demanda lo hacen guardando las formas, cada uno a su manera. Unos con vehemencia, como el caso del presidente ejecutivo de Oesía, Luis Furnells, empresa privada cuya compañía Tecnobit está especializada en electrónica de vanguardia, electroóptica y comunicaciones tácticas. Otros lo exponen con exquisita prudencia. Suele ser el caso de los responsables de las empresas que están participadas por entidades públicas, o cuyas cuentas de resultados dependen en gran medida de los contratos o convenios directos que les otorga el ministerio de Defensa.
En el citado Foro, el primero en sacar a relucir el tema fue el ya citado Luis Furnells, que aseguró que “detrás de las palabras debería haber algo más que tuviera repercusión económica, como inversiones enmarcadas en un plan plurianual”. Se apoyó en lo enunciado momentos antes sin asumir compromiso alguno por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro.
La responsable de dirigir las políticas de armamento, material, investigación e innovación industrial del ministerio de Defensa había expresado como conclusiones a su intervención inaugural que “la soberanía nacional en defensa tiene una componente industrial que hay que proteger”, afirmación muy de aplaudir. A renglón seguido, soltó la criptica frase de “hablamos de la necesaria estabilidad presupuestaria y de la necesidad de la inversión en la industria de Defensa”. Del cuándo, cómo y de qué manera, ni palabra, aunque quizás está inmersa en conseguirlo.
También aludió al asunto Ignacio Mataix, consejero delegado de Transporte y Defensa de la multinacional tecnológica Indra. Puntualizó que para impulsar la industria de defensa hay que “ponerla en valor” y contar con una “estabilidad de financiación y de fondos” que aporte capacidad de estructurar mejor las compañías, invertir y desarrollar las tecnologías.
En el mismo sentido se expresó Miguel Angel García Primo, director general de Hisdesat, el operador de servicios por satélite del gobierno español. Afirmó que “de nada sirve que dentro de un año, dos o tres estemos al 2% del PIB en inversiones de defensa como nos pide la OTAN, y que dos años después bajemos al 1%”. Enfatizó que es fundamental “crecer y obtener más apoyo”, pero que resulta “fundamental conseguir la sostenibilidad de las inversiones”.
El representante de Airbus España, Francisco Javier Sánchez Segura, hizo hincapié en que las capacidades tecnológicas del colectivo “siempre” son a largo plazo y tardan años en desarrollarse, por lo que “necesitamos políticas a largo plazo”. El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, también terció en el tema. “Todos demandamos un marco presupuestario estable en el tiempo, que nos permita planificar, invertir en I+D y no perder capacidades intelectuales, recursos humanos ni materiales”. La secretaria de Estado estuvo presente a lo largo de todo el Foro organizado por el diario El Economista y escuchó impertérrita las peticiones y razonamientos de los intervinientes.
Seguramente le dará envidia lo que ocurre en otros países, por ejemplo, en Francia, con leyes plurianuales para equipar a sus Fuerzas Armadas que se remontan a los años 70. Fue el presidente Georges Pompidou quien activó un sistema de planificación de las inversiones militares haciéndose eco de los planes de su maestro en el cargo, el general Charles de Gaulle. Años más tarde, Jacques Chirac renombró el sistema con el apelativo de Ley de Programación Militar, que ahora abarca las inversiones programadas para seis años ‒en este caso para el periodo 2019-2025‒ y actualizaciones cada dos años.
Así las cosas, ¿qué dificulta en la España de hoy día promulgar una Ley que aporte estabilidad a las inversiones en Defensa? Pues muy sencillo. Es sabido que para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, cualquier tipo de Ley o un gran proyecto institucional, el gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez requiere del apoyo parlamentario y de los votos de sus partidos aliados de extrema izquierda, antisistema e independentistas catalanes y vascos.
A todas las señaladas formaciones políticas “se las traen al pairo” los asuntos militares, les da “repelús” todo lo que huela a industria de defensa. De manera especial, desprecian cuanto suponga una mejora en la financiación a medio y largo plazo para obtener y sostener los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas españolas. Eso es lo que parece desprenderse del comportamiento de la mayor parte de sus diputados en la Comisión de Defensa del Congreso, en cuyas sesiones no se les ha visto el pelo.
La ministra Maria Dolores de Cospedal quiso activar un mecanismo plurianual de financiación durante su tiempo al frente de Defensa (2016-2018). Se excusó en que quería obtener el beneplácito del entonces principal partido de la oposición ‒hoy en el poder‒, y que las negociaciones no fructificaron. Y eso que en España existe el precedente de la Ley de Dotaciones de 1982, con la que el presidente Leopoldo Calvo-Sotelo proporcionó estabilidad financiera a los programas militares de adquisición, mantenimiento y reposición entre 1983 y 1990. Así es que los directivos de la industria de defensa española seguirán clamando en el desierto, per secula seculorum. Pero que lo sigan intentando, quien sabe…
